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La Legislatura aprobó este jueves la adhesión de Río Negro al régimen nacional de “Incentivo para Medianas Inversiones” y, además, sancionó un nuevo esquema retributivo para la Provincia por parte de las concesionarias de las centrales hidroeléctricas.

Inicialmente, el debate legislativo se concentró en la aceptación del RIMI, que implica realmente «la simplificación de trámites», y concluyó con una votación unánime, a pesar de los cuestionamientos opositores.

Por su parte, la otra iniciativa del Ejecutivo formaliza el uso del recurso hídrico por parte de las nuevas concesionarias de las represas de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila y, en contraprestación, Río Negro cobrará un canon anual que será equivalente al 1% de toda la facturación obtenida por la venta.

La oposición insistió en la coparticipación a los municipios por esos ingresos, pero el oficialismo se opuso, con el argumento de que va a «un Fondo Hidráulico» para «mantener operativos diferentes canales y sistemas de agua».

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Al final, esa votación en general concluyó con 40 respaldos y cuatro rechazos (Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich y Leandro García, del bloque PJ-NE).

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El debate por el RIMI

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En la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el argumento oficial fue expuesto por la legisladora Soraya Yahuar, que explicó que la medida significa “la simplificación” de gestiones y que las “tramitaciones nacionales ya posibilitarán la acreditación” en la Provincia para “evitar una duplicidad de gestiones”.

Luego, el radical Ariel Bernatene anticipó su respaldo por la “oportunidad de más empleo”, mientras que el libertario César Domínguez insistió en que “el Estado debe apoyar” y “evitar obstáculos” para las inversiones privadas.

El legislador tortoriellista Santiago Ibarrolaza adelantó el respaldo del proyecto por los beneficios planteados por la Nación y aprovechó para recordar que ellos ya habían propuesto esa adhesión, pero que no fue considerada por el oficialismo. Cuestionó que “solo se consideren buenas ideas” y “valga lo que dice el gobernador” Alberto Weretilneck.

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Leandro García, del PJ-NE, repitió sus críticas de que estas grandes inversiones no “traccionan el desarrollo” y exigió que exista una “contraprestación” para que “el sacrificio” provincial por “los beneficios otorgados” se compense, es decir, que “algo quede en la Provincia”.

El peronista tuvo sus objeciones, expuestas por Ayelen Sposito, José Luis Berros (“no constituye una solución integral”, resaltó) y Daniel Belloso (recordó reformas no consideradas para dejar “beneficios concretos” para Río Negro).

El firme respaldo del ARI, el PRO y de Primero Río Negro fue expuesto en el recinto por Fernando Frugoni, Juan Murillo y por Yolanda Mansilla, respectivamente.

La oficialista y serrana Aime Kircher valoró el impacto económico en Sierra Grande del proyecto petrolero VMOS. El presidente del bloque de JSRN, Facundo López, remarcó que se pretende «exclusivamente simplificar trámites».

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Canon a las centrales hidroeléctricas

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Por su parte, el proyecto por el uso del agua ratifica el criterio de que las provincias son titulares originarias de sus recursos naturales y, por eso, se permite la utilización del recurso hídrico por parte de las concesionarias de las represas de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, fijándoles un canon del 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Ese porcentaje puede llegar hasta el 2% en ocasión del aprovechamiento compartido de los recursos hídricos con Neuquén.

Por JSRN, la legisladora Lorena Yensen entendió que la aplicación del canon es la concreción «del federalismo» y, en cambio, el justicialista Luciano Delgado Sempe planteó reparos al sistema propuesto. Luego, García planteó dudas de los cálculos gubernamentales, los cuales, estiman aumentos en esos recursos y los ubican en unos 40 millones de dólares, a partir de una recaudación presente de unos 9,5 millones.

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Gabriela Picotti, del “espacio” tortoriellista, anticipó el apoyo, pero solicitó modificaciones para sumar en la composición del canon a otras ventas energéticas.

Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, consideró que el “proyecto llega a destiempo” porque las concesiones ya fueron concretadas, «hace unos seis meses». Reclamó, además, que los ingresos sean coparticipables con los municipios.

Desde la UCR, Lorena Matzen ponderó la iniciativa por su reivindicación y que abre el «desafío de seguir con atención el proceso», como los «mecanismos de controles».

Belloso, de PJ-NE, insistió con reformas referidas al mecanismo de aplicación del canon. Después, Javier Acevedo anticipó el voto favorable del ARI porque es «un avance concreto en defensa de los recursos de la Provincia».

El peronista José Luis Berros insistió con un reparto a los municipios de los ingresos al entender que la propuesta gubernamental retenía la totalidad de los recursos, mientras criticó la «discrecionalidad» en el manejo de los fondos por parte de la Provincia.

La respuesta estuvo a cargo de López en el cierre, cuando aseguró que los ingresos están destinados a un Fondo Hidráulico para obras y mantenimiento de canales y sistema de agua en distintas regiones de Río Negro.