La declaración indagatoria al ex presidente Alberto Fernández en la causa por el escándalo de los seguros se realizará este miércoles 27 de noviembre a las 10, según resolvió el juez federal Julián Ercolini, tras haber sido postergada la citación inicial para el 20 de noviembre ante un pedido de la fiscalía por razones de agenda la citación.

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Para el 28 de noviembre quedaron citados el imputado «broker» de seguros Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria privada del ex presidente María Cantero.

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Fernández tendrá que presentarse hoy a las 10 en los tribunales federales de Retiro, por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia.

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Qué se le imputa a Alberto Fernández

A los acusados se les imputa «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”.

Para ello, «una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´NACIÓN SEGUROS S.A.´», detalla la imputación.

También, «en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta. La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´NACIÓN SEGUROS S.A.´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión».

«Según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de ´NACIÓN SEGUROS S.A.´», agregó.

Toda esta operación «habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas».

Cómo sigue la causa

Entre ellos están los también citados a indagatoria Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello y en todos los casos las citaciones se postergaron.

El primero de ellos es esposo de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, «quien poseía un lugar de privilegio» porque era «la secretaria histórica» del ex presidente, «luego devenida en secretaria presidencial y sin que existieran procesos de selección alguno», puntualizó el juez.

«Corresponde señalar que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes», advirtió el juez.

La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo y Fernández está imputado además en la causa por violencia de género que le inició la ex primera dama Fabiola Yañez, en el marco de la cual sumó la semana pasada un pedido de citación a declaración indagatoria de la fiscalía, que también tiene que resolver el juez Ercolini.

El juez Julián Ercolini, que entiende en la causa que involucra al ex presidente de la nación, Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yáñez, intimó a Fernández a dejar de comunicarse con Yáñez ya que esto viola la restricción perimetral impuesta en la causa judicial.

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Esto sucedió luego de que Mariana Gallego, la abogada de la ex primera dama, hiciese una presentación donde se detalla que el ex presidente le envió dos mensajes de WhatsApp a su ex pareja. “Mi mandante entiende que esta comunicación tuvo por claro objeto perturbar la estabilidad emocional de la Sra. Yáñez e incluso podría considerarse una violación a la medida cautelar dictada”, sostuvo la letrada.

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En respuesta a esto, el juez Ercolini tomó cartas en el asunto y le pidió a Alberto que se abstuviera de comunicarse tanto con Fabiola como con cualquiera de sus familiares.

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“Intímese […] a Alberto Ángel Fernández a través de su defensa a cesar de forma inmediata todo acto de perturbación o intimación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yañez, tanto en el espacio analógica como en el digital, conforme ya le fue impuesto en el resolutorio dictado el pasado 6 de agosto”, dice el escrito del juez.

Y agrega: “El nombrado no podrá contactarse con los familiares de Yañez por cuestiones que excedan el vínculo con el hijo que tienen en común, y dicho contacto deberá ser previamente autorizado por la progenitora”, sostuvo el magistrado. “Asimismo, hágasele saber que de persistir con dicho accionar, ante la reiteración de incumplimientos de esta naturaleza, estos podrán ser considerados como actos de obstrucción a la justicia”.

Uno de los mensajes de Alberto Fernández a su ex pareja fue una nota periodística titulada «Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez», donde se ponen en duda las declaraciones de la madre y la hermana de la ex presidente. El otro mensaje le envió una publicación de la red social X, de la que no se brindaron detalles.

La Cámara Federal rechazó apelación de la defensa de Alberto Fernández

La Cámara Federal porteña rechazó este viernes por mal concedida una apelación del ex presidente Alberto Fernández contra la decisión de confirmar al fiscal Ramiro González al frente de la investigación por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Con esta decisión del Tribunal de Apelaciones quedó firme el rechazo de la recusación que resolvió el juez del caso, Julián Ercolini, quien ahora tendrá que definir si hace lugar o no a un pedido del fiscal para citar a Fernández a declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

El rechazo de la apelación de la defensa de Fernández fue firmado por el juez de la sala II del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah, quien entendió que fue «mal concedido» el recurso porque «por regla, la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible».

«Tal extremo veda el acceso a la instancia de apelación, siempre que no se pruebe ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de ese principio. Aquí no concurre alguna de esas últimas circunstancias», concluyó Farah en la resolución a la que tuvo acceso esta agencia.

Un nuevo revés judicial para Alberto Fernández, este lunes por la mañana, el fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes la indagatoria del expresidente por diversos delitos vinculados a hechos de violencia de género que habría ejercido contra su expareja, Fabiola Yañez.

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La imputación abarca tres de los nueve incidentes investigados desde que se abrió la causa, y se centra en episodios ocurridos durante su relación, que habrían quedado documentados en fotografías y videos. En las acusaciones presentadas por la fiscalía, la defensa de Fernández se ve desbordada ante las pruebas reunidas, especialmente las imágenes que muestran los moretones en el rostro y el cuerpo de Yañez. A pesar de las explicaciones previas ofrecidas por el exmandatario, la evidencia ha sido clave para la acusación, que ha confirmado los golpes y los ha atribuido directamente a Fernández.

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La investigación se nutrió de una serie de declaraciones testimoniales, en las que participaron tanto la querella, representada por la abogada Mariana Gallego, como la defensa, liderada por la letrada Silvina Carreira. En el proceso, también se recabaron pruebas documentales, como registros fotográficos y videos, que permitieron establecer la relación de los hematomas con fechas específicas y, además, confirmar el grado de violencia denunciado por Yañez.

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Las primeras imágenes de la ex primera dama con evidentes signos de violencia comenzaron a circular a mediados del año pasado, lo que generó un gran revuelo mediático. En ese momento, Fernández intentó desvirtuar las acusaciones, argumentando que los moretones de Yañez eran consecuencia de tratamientos estéticos a los que la ex primera dama se habría sometido. Sin embargo, dicha explicación fue rápidamente desmentida por los informes periciales y las pruebas presentadas por la fiscalía, que establecieron que las lesiones no podían ser atribuidas a procedimientos estéticos, sino a golpes físicos.

Aquella tesis inicial fue volcada en la estrategia jurídica de la abogada Carreira. Las testigos que sugirió negaron cualquier tipo de agresión física o verbal por parte del entonces presidente de la Nación, y sostuvieron un mismo argumento: habían visto a Fabiola Yañez con moretones, sin embargo, los atribuyeron a las huellas de diversas intervenciones estéticas.

Esa explicación fue acompañada de otra, que ponía en Yañez la responsabilidad de los posibles golpes: el expresidente jamás la agredió, y era ella quien, por exceso en la ingesta de alcohol, se caía en reiteradas ocasiones.

El desprestigio que buscó la defensa de Alberto Fernández

Sobre esta línea argumental, el fiscal González hizo una dura calificación. A la hora de fundamentar los hechos investigados en el marco de la violencia de género, el fiscal se refirió al comportamiento de la defensa: “no puedo dejar de poner a consideración la existencia de alguna especie de línea de defensa que se asienta sobre la base de una serie de prejuicios o estereotipos que, en lugar de intentar desvirtuar los hechos denunciados, parecen pretender focalizar la investigación sobre comportamientos, prácticas, desórdenes de la víctima como una forma de responsabilizarla por hechos del proceso”.

Al respecto, indicó que “la descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos (el enjuiciamiento basado en estereotipos) es otro aspecto que la debida diligencia supone remover de los ámbitos de la investigación”.

Esos planteos fueron vertidos por las testigos sugeridas por la defensa, al respecto el fiscal consideró que las actas notariales traídas que incorporó Carreira “son de valor nulo para formar convicción las declaraciones”.

Sin mayores eufemismos, señaló: “pretenden asentar el debate sobre la idea de Fabiola Yáñez como una “borracha”, “mala madre”, de “múltiples personalidades” y que la ubican ante una suerte de responsabilidad compartida por la forma de conducción de su vida”. Se pidió al juez Ercolini que lo excluya.

En todo caso, remarcó la fiscalía, “insistimos y proponemos aquí que cualquier valoración debiera suponer la precaución de no caer en el recurso a validar el uso de comportamientos estereotipados o, directamente, prejuicios que no se correspondan con los estándares internacionales señalados».

Además, se puso en perspectiva el lugar que cada uno ocupaba en el vínculo, al ampliar la idea la fiscalía dijo: «La magnitud de la asimetría que se pudo verificar, signó el vínculo desde sus inicios y, de alguna manera, fue determinante para la configuración de las distintas formas y tipos de violencia comprobados en la causa«.

Las testimoniales, otra pieza

La fiscalía analizó todas las declaraciones testimoniales, entre las cuales se confirmaron tratamientos estéticos de Yañez, pero con fecha posterior a los hematomas registrados y denunciados en la causa penal.

Por ejemplo, eso admitieron el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, y la esteticista que frecuentaba la quinta de Olivos, Florencia Aguirre.

En el dictamen a través del cual se solicita la indagatoria de Alberto Fernández se consignan los hechos atribuidos a esta altura de la pesquisa: le imputan dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud psicológica de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones para que no se denunciaran los hechos de violencia ante el juez federal Julián Ercolini.

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal también analizó documentación médica del Sanatorio Otamendi, la clínica Fertilis, el Hospital Universitario de Madrid y del Instituto de Neurología Cognitiva INECO.

Con el devenir de la investigación se incorporaron fotos, videos aportados por la querella y la defensa; registros de la actividad oficial del presidente y de la entonces primera dama: actos, conferencias, viajes oficiales. Se realizó un relevamiento de medios de donde se extrajeron otras tantas imágenes, videos y declaraciones públicas de utilidad para la investigación y se agregaron extensos informes psicológicos y psiquiátricos productos de entrevistas de profesionales con Fabiola Yáñez.

El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió al fiscal González, acreditar que el expresidente Fernández “ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.

Bajo ese primer argumento, la fiscalía descartó la tesis de Alberto Fernández. Consideró que el planteo respecto a los tratamientos estéticos era inconsistente y no se condecían las fechas con las agresiones denunciadas por Fabiola Yañez.

Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos corroborados respondieron a “violencia física” que contó con “episodios agudos y luego se convirtió en habitual ya durante mandato de Alberto Fernández como presidente de la Nación”.