Etiqueta: acceso a la información pública

Río Negro: la oposición denuncia falta de respuestas del Gobierno y recurre a la Fiscalía por incumplimiento de informes
El bloque Vamos con Todos presentó una denuncia por la falta de contestación a pedidos legislativos clave y advirtió sobre un posible incumplimiento de la ley de acceso a la información pública.

El bloque opositor Vamos con Todos formalizó una denuncia contra funcionarios del Gobierno de Río Negro ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, al señalar la falta de respuesta a una serie de pedidos de informes elevados desde la Legislatura.
La presentación apunta a un presunto incumplimiento de la Ley K N° 2216, que regula el acceso a la información pública, y pone el foco en la ausencia de contestación a cuatro expedientes vinculados a temas sensibles como explotación de recursos naturales, contrataciones estatales y actividad minera.
Desde la bancada, encabezada por José Luis Berros, sostuvieron que la falta de respuestas no constituye un hecho aislado sino una conducta reiterada. “No responder pedidos de informes no es un descuido administrativo: es una decisión política”, afirmó el legislador, al cuestionar el accionar del Ejecutivo provincial.
Según detallaron, los pedidos —identificados como los expedientes 1129/2025, 1191/2025, 1323/2025 y 1327/2025— fueron tramitados conforme a los procedimientos vigentes, incluyendo prórrogas solicitadas por los propios organismos oficiales. Sin embargo, pese a las reiteradas intimaciones formales, ninguno obtuvo respuesta.
Entre los temas requeridos se encuentran permisos de explotación de arenas silíceas, contrataciones directas en el área de medios, información sobre la actividad minera y registros de ingresos a Casa de Gobierno vinculados a empresarios. Para la oposición, se trata de datos relevantes para evaluar la legalidad y transparencia en la gestión pública.
El planteo también advierte sobre una posible afectación de las facultades de control del Poder Legislativo. En ese sentido, remarcaron que el acceso a la información es un elemento central del sistema democrático y que su restricción limita la capacidad institucional de supervisar al Ejecutivo.
La denuncia solicita que la Fiscalía determine si existieron responsabilidades administrativas por parte de los funcionarios involucrados y, en caso de corresponder, avance con las sanciones previstas en la normativa vigente.
Mientras tanto, el episodio vuelve a poner en discusión el vínculo entre el Gobierno provincial y la oposición en torno a los mecanismos de control, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se mantienen como ejes de debate en la agenda política rionegrina.
09/04/2026
El STJ obliga a Catriel a entregar información pública sobre venta y regularización de lotes
El Superior Tribunal de Justicia ordenó al municipio de Catriel brindar información vinculada a la venta y regularización de terrenos, tras constatar que un vecino realizó reiterados pedidos sin obtener respuestas completas.
Desde el Ejecutivo local, la intendenta Daniela Salzotto sostuvo que la situación responde a problemas heredados y aseguró ya haber aportado la información solicitada.
“Es una herencia que dejó la gestión anterior que nunca respondió”, afirmó la jefa comunal en diálogo con Diario RÍO NEGRO al referirse al origen del reclamo judicial y a la falta de documentación que motivó la intervención del máximo órgano provincial.
El caso se originó hace unos años atrás a partir de pedidos de información por parte de un ciudadano sobre un fraccionamiento urbano. Entre los puntos requeridos se incluyeron datos sobre la promulgación de una ordenanza, su publicación oficial y la existencia de “registros de compraventa y escrituras de los lotes”, que según el STJ no fueron remitidos en sede administrativa.
El STJ cuestionó respuestas incompletas del municipio de Catriel
Si bien la gestión actual entregó la información solicitada a la administración anterior, el Tribunal consideró acreditado que existieron “presentaciones reiteradas sin respuesta” y que la vía elegida resultaba adecuada frente al silencio estatal.
Al analizar la documentación aportada por el municipio, los jueces advirtieron que la contestación fue parcial. En el fallo se señala que “no se acompañaron constancias sobre la promulgación ni la publicación de la norma consultada”, y que la copia presentada “no contó con certificación y no incluyó anexos relevantes”.
También se remarcó que “no se remitieron los registros de ventas ni documentación vinculada a las escrituras”, pese a que el propio Ejecutivo reconoció la existencia de esos archivos. Incluso se mencionó la presencia de “operaciones de compraventa que no cuentan con formalización o registración administrativa”.
El Superior Tribunal de Justicia ordenó al municipio entregar la información solicitada en un plazo de treinta días hábiles. En caso de no poder cumplir, deberá informar y acreditar ante el propio Tribunal las razones que lo impidan.
Salzotto atribuyó el conflicto a la gestión anterior
Tras conocerse la sentencia, la intendenta Daniela Salzotto defendió la actuación de su administración y apuntó a irregularidades heredadas. “Es una herencia que dejó la gestión anterior de Carlos Jonhston que nunca respondió”, sostuvo.
La jefa comunal aseguró además que su gestión remitió la información disponible cada vez que fue requerida. “Nosotros mandamos todo cuando se nos solicitó; si falta algo es porque no lo publicó el gobierno anterior”, indicó.
En esa línea, agregó que existen pendientes que ahora deben ser revisados por el actual equipo. “Hay faltantes que debían haber hecho la gestión anterior de JSRN y que ahora nosotros tenemos que ver cómo resolver”, expresó.
El pronunciamiento judicial encuadró el caso dentro del régimen constitucional de acceso a la información pública y recordó que cualquier persona puede solicitar datos “sin necesidad de acreditar interés directo”. Asimismo, advirtió que la falta de respuesta, el suministro incompleto o la obstaculización constituyen incumplimientos que habilitan la intervención de la Justicia.

23/03/2026
El STJ obliga a Catriel a entregar información pública sobre venta y regularización de lotes
El Superior Tribunal de Justicia ordenó al municipio de Catriel brindar información vinculada a la venta y regularización de terrenos, tras constatar que un vecino realizó reiterados pedidos sin obtener respuestas completas.
Desde el Ejecutivo local, la intendenta Daniela Salzotto sostuvo que la situación responde a problemas heredados y aseguró ya haber aportado la información solicitada.
“Es una herencia que dejó la gestión anterior que nunca respondió”, afirmó la jefa comunal en diálogo con Diario RÍO NEGRO al referirse al origen del reclamo judicial y a la falta de documentación que motivó la intervención del máximo órgano provincial.
El caso se originó hace unos años atrás a partir de pedidos de información por parte de un ciudadano sobre un fraccionamiento urbano. Entre los puntos requeridos se incluyeron datos sobre la promulgación de una ordenanza, su publicación oficial y la existencia de “registros de compraventa y escrituras de los lotes”, que según el STJ no fueron remitidos en sede administrativa.
El STJ cuestionó respuestas incompletas del municipio de Catriel
Si bien la gestión actual entregó la información solicitada a la administración anterior, el Tribunal consideró acreditado que existieron “presentaciones reiteradas sin respuesta” y que la vía elegida resultaba adecuada frente al silencio estatal.
Al analizar la documentación aportada por el municipio, los jueces advirtieron que la contestación fue parcial. En el fallo se señala que “no se acompañaron constancias sobre la promulgación ni la publicación de la norma consultada”, y que la copia presentada “no contó con certificación y no incluyó anexos relevantes”.
También se remarcó que “no se remitieron los registros de ventas ni documentación vinculada a las escrituras”, pese a que el propio Ejecutivo reconoció la existencia de esos archivos. Incluso se mencionó la presencia de “operaciones de compraventa que no cuentan con formalización o registración administrativa”.
El Superior Tribunal de Justicia ordenó al municipio entregar la información solicitada en un plazo de treinta días hábiles. En caso de no poder cumplir, deberá informar y acreditar ante el propio Tribunal las razones que lo impidan.
Salzotto atribuyó el conflicto a la gestión anterior
Tras conocerse la sentencia, la intendenta Daniela Salzotto defendió la actuación de su administración y apuntó a irregularidades heredadas. “Es una herencia que dejó la gestión anterior de Carlos Jonhston que nunca respondió”, sostuvo.
La jefa comunal aseguró además que su gestión remitió la información disponible cada vez que fue requerida. “Nosotros mandamos todo cuando se nos solicitó; si falta algo es porque no lo publicó el gobierno anterior”, indicó.
En esa línea, agregó que existen pendientes que ahora deben ser revisados por el actual equipo. “Hay faltantes que debían haber hecho la gestión anterior de JSRN y que ahora nosotros tenemos que ver cómo resolver”, expresó.
El pronunciamiento judicial encuadró el caso dentro del régimen constitucional de acceso a la información pública y recordó que cualquier persona puede solicitar datos “sin necesidad de acreditar interés directo”. Asimismo, advirtió que la falta de respuesta, el suministro incompleto o la obstaculización constituyen incumplimientos que habilitan la intervención de la Justicia.

23/03/2026