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Omar Emanuel Valenzuela, condenado a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, solicitó este lunes cumplir la pena en modalidad domiciliaria. El pedido fue realizado en una audiencia a través de su abogado defensor, Joaquín Giorda, quien argumentó que su defendido padece “dolor de panza y reflujo”.
La jueza Raquel Gass puso en duda el planteo y pidió un informe médico que acredite el estado de salud del detenido. “El dolor estomacal no alcanza”, sostuvo la magistrada, dejando en claro que hasta el momento no existe constancia que justifique el beneficio solicitado.
La defensa indicó que, en caso de otorgarse la prisión domiciliaria, Valenzuela residiría en la vivienda de una mujer que estuvo presente en la audiencia. Además, Giorda expuso que el detenido se ve afectado por la crisis carcelaria y que ha mostrado buena conducta durante el proceso judicial.
Desde el Ministerio Público Fiscal, la representante Natalia Lacoste se opuso al pedido. Señaló que Valenzuela “no cursa una enfermedad terminal ni una patología que no pueda ser atendida en la unidad de detención, ni tiene más de 70 años, por lo que el planteo carece de encuadre legal”. También recordó que la buena conducta será considerada únicamente para otros beneficios previstos en la Ley 24.660, pero no habilita el arresto domiciliario.
Finalmente, la jueza ordenó una revisión médica urgente a cargo del gabinete judicial para determinar el verdadero estado de salud de Valenzuela. Además, respaldó los argumentos de la fiscalía, remarcando que la Unidad de Detención Federal de Senillosa no presenta problemas de hacinamiento y garantiza a los internos visitas, estudio y trabajo, condiciones que no se replican en otros establecimientos.
El hecho y el acuerdo
El 20 de marzo de 2025, cerca de la 1:50 de la madrugada, Valenzuela fue detenido en Plottier mientras circulaba en un Peugeot 208 GT sin patente por la intersección de Juan Garrahan y Arroyito. Al interceptarlo, efectivos policiales encontraron recortes de nylon, dinero en efectivo y una sustancia blanca sospechosa.
Tras una requisa autorizada por un juez de garantías, se secuestraron 882,1 gramos de clorhidrato de cocaína, múltiples envoltorios con restos de droga, tres balanzas de precisión, cuchillos con rastros de cocaína y 3.262.500 pesos en efectivo.
La fiscal del caso, Silvia Moreira, imputó a Valenzuela por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de autor. En julio, mediante un acuerdo homologado por el juez de garantías Lucas Yancarelli, se lo declaró penalmente responsable y se le impuso una condena de cuatro años de prisión efectiva, además de una multa de 18.720.000 pesos. En esa instancia también se dispuso el decomiso del dinero y el vehículo secuestrados.
Como parte del acuerdo, el Ministerio Público Fiscal fue autorizado a incinerar la droga incautada. En la investigación también intervinieron la asistente letrada Mariana Querejeta y el asistente Pablo Jávega.