Chubut: empresarios pesqueros judicializaron la ley de “Ficha Limpia” y crece la tensión con el Gobierno

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Los empresarios pesqueros de Chubut no se rinden. Y abrieron una nueva grieta en su relación con el gobierno de la provincia: decidieron judicializar la Ley de Ficha Limpia Pesquera que el Ejecutivo que encabeza Ignacio Torres introdujo en la nueva legislación de pesca que fuera sancionada por la Legislatura de la provincia en marzo pasado.

La denominada Ficha Limpia impone un mayor control de parte del gobierno en cuanto a la cesión de los permisos de pesca. Pero además exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, renovación o transferencias de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. Para los empresarios estas modificaciones representan una acción anticonstitucional y por eso este lunes hicieron una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia apuntando contra casi todos los artículos de la norma sancionada.

La conflictiva relación entre el gobierno de Torres y el empresariado pesquero que maneja la flota amarilla de Rawson y se agrupan en una cámara comenzó a principios de febrero cuando un sindicalista denunció que había recibido de parte de los empresarios una oferta de dinero “para pudrir el inicio de las clases”. La denuncia quedó en la nada y las aguas parecieron calmarse.

Pero la sanción de Ficha Limpia volvió a abrir la grieta. El abogado Diego Martínez Zapata, apoderado de la entidad empresarial, explicó que la presentación fue formalizada ante el Superior Tribunal de Justicia el lunes y apunta contra “casi la totalidad de los artículos” de la norma. Y que la presentación fue avalada por la totalidad de los gremios agrupados en la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh).

La estrategia judicial no incluyó, por el momento, una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley, aunque no se descarta que se avance en ese sentido si se registran casos concretos que afecten a empresas del sector. El eje central del planteo judicial radica en lo que el sector considera “el principal vicio de inconstitucionalidad” de la norma: su posible aplicación retroactiva.

“La falta de aclaración de que la norma es irretroactiva genera una incertidumbre jurídica de magnitudes y vulnera derechos adquiridos”, sostuvo Martínez Zapata, en referencia a los permisos de pesca ya otorgados por plazos de entre 10 y 15 años.

Advirtió que un cambio en las reglas de juego podría afectar inversiones, contratos y la continuidad de la actividad. “Puede amenazar la vigencia del permiso de pesca, que es la herramienta vital para trabajar y generar ingresos”.

Otro de los puntos cuestionados es que la ley introduce criterios ajenos a la actividad productiva. “Se estigmatiza a un sector productivo con un estándar propio de la actividad política”, afirmó y agregó que también se verían afectados principios como la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las sanciones. Aunque la normativa ya está vigente, desde la CAFACh advierten que su aplicación podría generar consecuencias directas en la actividad pesquera.

Desde la Cámara señalaron que la decisión de no presentar una cautelar en esta instancia responde a una “estrategia jurídica y de buena fe institucional”, aunque reiteraron que podrían avanzar con medidas específicas en caso de que algún asociado se vea afectado. “Entendemos que la norma es inconstitucional y que no debe tener aplicación”, resumió Martínez Zapata, dejando en claro la postura del sector.

Ahora se abre una nueva instancia en lo que para el gobernador Torres significaba “una necesidad” como lo era la sanción de la Ficha Limpia Pesquera. “Quiero que un empresario pesquero que paga sus impuestos y que viene con los cajones con los que tiene que venir no se sienta un tonto cuando otro (empresario) no paga los impuestos, viene pasado de cajones y nadie dice nada. Ese es el objetivo de la Ficha Limpia en la pesca”. Habló además de “permisos que están flojos de papeles”. La grieta volvió a abrirse y ahora será la justicia la que deberá decidir.