Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, su mensaje era disruptivo y esperanzador para muchos: destruir “la casta”, achicar el Estado, recuperar la libertad y ordenar la economía.
Dos años después, el escenario es otro: un país con inflación más baja pero salarios pulverizados, con superávit fiscal pero recesión profunda, y con una estructura política que reproduce los vicios que prometía erradicar.
El poder adquisitivo de los trabajadores cayó más de 30 %, la pobreza supera el 38 %, y el desempleo volvió a crecer tras una década de relativa estabilidad. Las calles reflejan ese malestar: protestas por alimentos, paros docentes y movilizaciones universitarias que fueron reprimidas con gases y balas de goma. La promesa de libertad individual se transformó, para muchos, en una política de control y silencio.
Del “orden” económico a la represión institucional
El Protocolo de Orden Público, firmado por Patricia Bullrich, se convirtió en la piedra angular del modelo de gobernabilidad. Bajo la excusa de garantizar la libre circulación, habilita a las fuerzas federales a desalojar manifestaciones sin orden judicial, identificar a quienes protestan y utilizar la fuerza de forma discrecional.
Desde su aplicación, organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron violaciones sistemáticas de derechos. Los informes mencionan más de 200 detenciones arbitrarias en todo el país entre 2024 y 2025, uso excesivo de la fuerza, y restricciones a la prensa en la cobertura de protestas.
El contraste entre la retórica libertaria y el autoritarismo operativo marca el pulso político de la era Milei. El gobierno reduce ministerios y despide trabajadores públicos, pero amplía su aparato represivo y concentra poder en el Ejecutivo mediante el DNU 70/2023, que sigue vigente pese a los fallos judiciales en su contra.
El discurso del enemigo interno
El presidente ha elegido una estrategia de confrontación permanente. En su narrativa, los periodistas son “carroñeros”, los sindicatos “mafias”, las universidades “nidos de adoctrinamiento”, y los movimientos sociales “organizaciones criminales”. Esta construcción de enemigos internos sirve para justificar el control, legitimar la represión y distraer del creciente número de casos de corrupción que involucran a su entorno.
El clima de persecución discursiva —amplificado en redes y conferencias de prensa— también impacta en el periodismo. Amnistía Internacional advirtió que el hostigamiento verbal a periodistas y medios críticos genera autocensura y miedo dentro de las redacciones.
En paralelo, las universidades públicas —blanco constante de los ataques presidenciales— enfrentan un desfinanciamiento histórico. Rectores y decanos alertaron que varias instituciones podrían cerrar facultades en 2026 si no se actualizan los presupuestos congelados desde 2023.
Corrupción en la era del “anticasta”
Mientras el discurso oficial condena la “casta corrupta”, los tribunales federales acumulan causas contra funcionarios y allegados al gobierno.
🟠 El caso ANDIS: sobornos y redes de poder
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió al oficialismo en agosto de 2025.
Audios filtrados revelaron un esquema de retornos del 8 % sobre la compra de medicamentos y prótesis, dirigido por Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y exdirector del organismo.
El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos en 15 propiedades y analiza transferencias vinculadas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. El caso expone una red de financiamiento paralelo dentro del propio Estado, un sistema de comisiones ilegales que contradice frontalmente la bandera anticorrupción del gobierno.
🟠 La estafa de la criptomoneda $LIBRA
En febrero de 2025, Javier Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA, presentada como el símbolo de la “revolución del dinero libre”.
El valor del activo se disparó, y miles de argentinos invirtieron sus ahorros. Semanas después, el token se desplomó y los desarrolladores desaparecieron. La justicia de Estados Unidos y la Argentina investigan una estafa millonaria con más de 100 denuncias penales.
La disolución de la Unidad de Tareas Especiales que debía investigar el caso fue interpretada como un intento de encubrimiento.
El economista Alejandro Bercovich resumió el escándalo:
“El presidente impulsó una moneda que terminó estafando a sus propios votantes. No hay metáfora más exacta de su gestión.”
🟠 Vínculos con el narcotráfico y el lavado internacional
Informes de Time, Reuters y la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) de EE. UU. apuntan a transferencias sospechosas de empresarios argentinos ligados al oficialismo.
Según los reportes, parte de esos fondos provendrían de empresas pantalla en Paraguay y Uruguay, utilizadas para operaciones de lavado de dinero y triangulación con carteles mexicanos.
Un documento de inteligencia brasileña, filtrado en junio de 2025, vincula a contratistas del Estado argentino con redes de blanqueo de capitales del narcotráfico en la triple frontera.
Uno de los nombres mencionados —un empresario con contratos en la logística de combustibles y asesorías al Ministerio de Seguridad— aparece en los registros del caso Narcosur.
La información, aún en investigación, plantea un interrogante grave: ¿hasta qué punto el dinero del narcotráfico se infiltró en la estructura política y económica del gobierno libertario?
El silencio del poder y la degradación institucional
Ante estos escándalos, la respuesta del gobierno fue cerrar filas y atacar a los denunciantes. Milei descalificó los informes como “operaciones del socialismo internacional” y negó toda responsabilidad.
La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) permanecen acéfalas o sin actividad visible, y los pedidos de informes del Congreso son bloqueados sistemáticamente por la mayoría oficialista.
La falta de transparencia se complementa con un vaciamiento del Poder Judicial: fiscales que piden traslados, jueces presionados y una Corte Suprema debilitada frente al avance del Ejecutivo.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió:
“El problema no es solo la corrupción, sino la arquitectura institucional que la protege. Cuando el poder concentra, la corrupción no es una anomalía, sino un síntoma.”
Derechos humanos y corrupción: dos caras del mismo modelo
Los abusos de autoridad y los negociados se retroalimentan. El control social a través del miedo permite encubrir irregularidades económicas y limitar la crítica. Mientras el Estado reprime la protesta, parte de su estructura opera en la opacidad de los contratos y las cuentas offshore.
El Informe Regional 2025 de Amnistía Internacional lo sintetiza con precisión:
“Argentina atraviesa una regresión simultánea en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. El ajuste y la corrupción son hoy dos expresiones complementarias de un mismo deterioro democrático.”
En palabras simples: la libertad económica prometida se convirtió en libertad para los poderosos.
El costo humano del ajuste
Detrás de las cifras macroeconómicas, la vida cotidiana se volvió más dura:
- La canasta básica aumentó 250 % en un año.
- El salario promedio perdió más de 30 % de su valor real.
- Las jubilaciones mínimas no cubren la mitad de la canasta del adulto mayor.
- Se redujo la asistencia alimentaria a comedores populares y se recortaron planes de salud mental.
En los barrios del conurbano y en el interior profundo, el hambre volvió a ser visible. Organizaciones sociales denuncian demoras en la entrega de alimentos y amenazas a dirigentes comunitarios.
“Nos reprimen por pedir comida”, dijo una referente de comedores del Movimiento Evita durante una manifestación dispersada por Gendarmería en julio.
El endeudamiento y la subordinación
El ajuste económico y la búsqueda de financiamiento externo han permitido que Argentina ceda segmentos claves de su soberanía económica y política. Al acogerse al nuevo programa de préstamo del FMI —acompañado por líneas de crédito de los EE.UU.—, el gobierno se compromete a implementar condiciones estrictas: más recortes al gasto público, reformas estructurales, entrega de bienes estratégicos y compromiso de apertura de mercados y alineamiento irrestricto.
Esa dependencia financiera trasciende lo económico y se vuelve política: la agenda de reformas, la regulación laboral, la orientación del comercio exterior y el manejo del tipo de cambio quedan, en la práctica, supeditados a la aprobación de organismos internacionales y a los intereses de los acreedores. En ese marco, la soberanía queda hipotecada, porque las decisiones nacionales se subordinan a lo que el FMI o Washington exigen como contrapartida al auxilio.
Entre el orden y la impunidad
El oficialismo exhibe su éxito macroeconómico: inflación a la baja, reservas crecientes, y superávit fiscal.
Pero el costo de esa “normalidad” se mide en vidas precarizadas, universidades sin presupuesto, hospitales desbordados y una democracia que se achica.
La contradicción como forma de gobierno
El gobierno de Javier Milei encarna un fenómeno político contradictorio: llegó como símbolo de ruptura con la vieja política, pero en menos de dos años reprodujo sus peores prácticas. La represión, la corrupción y los vínculos con el poder económico más concentrado muestran que el sueño libertario terminó devorándose a sí mismo.
Argentina 2025 no enfrenta solo una crisis económica, sino una crisis moral e institucional. El desafío ya no es solo estabilizar el peso, sino recuperar la confianza, la verdad y el sentido de justicia que se perdieron en nombre del ajuste.
