Categoría: Neuquén News

Blanco apuntó contra la negociación de los fondos que el Estado nacional adeuda a la Provincia, a cambio de los votos a favor de la reforma laboral: “Lo que estamos presenciando es una negociación espuria. Santilli viene a comprar abiertamente los votos de La Neuquinidad para la reforma laboral. Ya ni lo ocultan. Es un toma y daca vergonzoso, igual al que hicieron con Lucila Crexell o Edgardo Kueider. Los grandes perdedores son los trabajadores y trabajadoras”. 

El diputado cruzó al gobernador por su subordinación a la política de Milei: “El gobierno nacional tiene que pagar los fondos que viene robando a la provincia, así como a todas las provincias. Eso no se debe intercambiar por el voto a una ley nefasta. Esto es una muestra más de la sumisión completa de Figueroa a la Casa Rosada y a todo el plan de ajuste y saqueo de Milei”. 

Para el obrero ceramista, el voto a favor de la reforma laboral “va a implicar peores condiciones de trabajo, la pérdida de derechos históricos. Es una reforma para que las patronales hagan lo que quieran con la vida de los trabajadores, y que éstos no tengan forma de defenderse. Atacan la jornada laboral, las vacaciones, los Convenios Colectivos, la indemnización. Y también es una reforma para que los que hoy no tienen ninguno de esos derechos, no aspiren a tenerlos nunca”. 

Frente a la posibilidad de que el oficialismo provincial vuelva a acompañar a Milei en el Congreso, el diputado se preguntó: “¿Con qué cara van a mirar Corroza o Maureira a las y los trabajadores, si votan esto? ¿Cómo van a explicar que en campaña decían que iban a defender sus derechos, si los entregan en bandeja?”. 

Parra cerrar, Blanco convocó a redoblar la movilización: “Queda claro que no podemos confiar en el Congreso ni en los gobernadores que se venden por nada. Necesitamos ser millones en las calles para pararles la mano. La CGT y las CTA’s tienen que dejar de dar vueltas y convocar a un paro y movilización el 10 de febrero, que sea el inicio de un verdadero plan de lucha”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Además, el país exigirá a las plataformas implementar sistemas estrictos de verificación de edad.

Sánchez describió el entorno digital como un espacio que expone a los menores a riesgos como adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia, afirmando que las redes sociales funcionan como un “Salvaje Oeste digital” que ya no puede quedar sin control.

Pero el paquete de medidas no se limita a la restricción por edad. El gobierno español planea presentar una legislación que responsabilice personalmente a los ejecutivos de redes sociales por el contenido ilegal o de incitación al odio. El proyecto también contempla sanciones por manipulación algorítmica, amplificación de contenido ilegal y la creación de mecanismos para rastrear el discurso de odio en línea.

España, además, confirmó la formación de una coalición con cinco países europeos para coordinar una regulación más estricta y acelerar la aplicación de normas comunes en materia digital.

Grecia se encamina a una prohibición para menores de 15

En paralelo, Grecia avanza hacia una prohibición similar. Según fuentes gubernamentales, el país está “muy cerca” de impedir el acceso a redes sociales a menores de 15 años.

Aunque aún no se conocen todos los detalles, Atenas ya había adelantado que utilizaría su aplicación estatal “Kids Wallet” como herramienta para bloquear el acceso de menores a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X, reforzando el control parental digital a nivel nacional.

Un cambio de paradigma en Europa

Las iniciativas de España y Grecia se inscriben en una tendencia internacional creciente. Australia fue pionera al implementar en diciembre pasado una prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Francia también anunció que aplicará una restricción similar para menores de 15 años a partir de septiembre de 2026.

En el plano comunitario, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 2025 una resolución —no vinculante— que propone fijar en 16 años la edad mínima para el acceso a redes sociales en toda la Unión Europea, motivada por la preocupación por los efectos en la salud mental de los menores.

La eurodiputada danesa Christel Schaldemose, impulsora de la iniciativa, fue contundente: “Estamos trazando una línea. Las plataformas no fueron diseñadas para niños”.

Protección o control: el debate que crece

El endurecimiento regulatorio abre un debate que atraviesa a gobiernos, familias y empresas tecnológicas. Mientras algunos sectores celebran las medidas como necesarias para proteger la salud mental y el desarrollo de los menores, otros advierten sobre los desafíos de implementación, la privacidad y el riesgo de excesiva intervención estatal en el espacio digital.

Lo cierto es que Europa avanza hacia un nuevo modelo de gobernanza tecnológica donde las redes sociales ya no serán un territorio sin reglas, especialmente cuando se trata de la infancia.

El “Salvaje Oeste digital” empieza a cerrarse. Y el futuro de las plataformas, al menos en Europa, parece cada vez más regulado.

Captar, influir, adoctrinar

Cuando las redes quedan sin controles reales (edad, identidad, moderación efectiva), distintos actores con agendas de poder —políticas, religiosas y también criminales— encuentran un terreno fértil para captar, influir y adoctrinar a chicos y adolescentes.

No es un fenómeno “de un solo lado”: investigaciones y organismos internacionales describen cómo movimientos extremistas de distintas orientaciones y redes de propaganda usan contenidos emocionales, pertenencia identitaria, promesas de “comunidad” y la amplificación algorítmica para llegar a menores; incluso se han documentado campañas y operaciones que apuntan deliberadamente a públicos jóvenes, aprovechando su búsqueda de identidad, su vulnerabilidad y el consumo constante de video corto.

Al mismo tiempo, reportes europeos y de UNICEF remarcan que las plataformas pueden facilitar ese contacto —y que, sin sistemas de verificación y barreras, el costo de entrada para el captador es bajísimo—; y casos recientes muestran que la captación de menores puede darse también desde organizaciones armadas o redes violentas que se promocionan en redes como si fueran “estilo de vida”. 

Al acecho

No hay una sola “familia política” que monopolice el odio online en todos los países, pero la evidencia comparada sí permite identificar qué tipos de actores aparecen más sistemáticamente en la producción y amplificación de discursos de odio (especialmente cuando hablamos de odio contra minorías, deshumanización y llamados a exclusión/violencia):

• Extrema derecha identitaria / etnonacionalista: en múltiples estudios y revisiones aparece como el actor más recurrente en la promoción de agendas excluyentes y en el uso del odio como herramienta política (anti-inmigración, racismo, antisemitismo, islamofobia, anti-LGBTQ+), aprovechando el engagement algorítmico y redes de cuentas coordinadas.
• Sectores religioso-políticos radicalizados (sectarios): en distintos países se documenta el uso de redes para demonizar minorías o rivales políticos, mezclando identidad religiosa con disputa partidaria; el fenómeno suele crecer en períodos electorales o de conflicto social.
•  Espacios “anti-sistema” y conspiracionistas: no siempre son partidos formales, pero funcionan como ecosistemas políticos que empujan narrativas de odio, desinformación y hostigamiento, y terminan “derramando” esos marcos a la discusión pública.

La organización Defensa de Niños y Niñas Internacional Argentina solicitó a las legisladoras y legisladores nacionales que aprueben un sistema penal juvenil con enfoque de derechos y rechacen cualquier intento de bajar la edad de imputabilidad. Envió una carta abierta tras las declaraciones del Ministro de Justicia de la Nación al presentar los contenidos del decreto presidencial 53/2026, por el cual se amplía el temario en las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación para tratar el «Régimen Penal Juvenil». El presidente de DNI Argentina, Norberto Liwski, firmó el documento que cuestiona los fundamentos del gobierno nacional.

Liwski realizó una aclaración histórica sobre las declaraciones del Ministro de Justicia. En 1980, año que señala el funcionario, la dictadura cívico-militar incluía en su Plan Sistemático de Genocidio a niños, niñas y adolescentes. La sanción del Decreto-Ley 22.378 reinstalaba la edad mínima penal en 16 años luego de haberla descendido en 1976 a 14 años dentro de la Reforma Penal. La organización sostiene que esa norma aún vigente debe ser derogada dado que sus contenidos no se ajustan a los actuales criterios universalmente aprobados sobre la Justicia Penal Juvenil.

DNI Argentina recordó que el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas a través de la Ley 23.849. Las disposiciones y principios de la Convención se constituyeron en compromiso vinculante y el Estado garante de la aplicación de sus contenidos. En la Reforma Constitucional de 1994 esta Convención junto a otros Tratados de Derechos Humanos fue incorporada a la Carta Magna en el Artículo 75 Inciso 22.

La organización señala que, en la actualidad, como una conducta políticamente espasmódica, detrás de un acto de gravedad criminal producido por uno o más adolescentes se reactiva el debate público, mediático y legislativo. DNI Argentina abre serias dudas sobre los objetivos del mismo que puedan incluir mecanismos distractivos, de manipulación pública y que se presentan coherentes con las actuales políticas negacionistas y regresivas en materia de derechos.

En ese contexto, la adolescencia, que en un 60% se encuentra por debajo de la línea de pobreza y en muchos casos con problemáticas que atraviesan su desarrollo sin el acompañamiento adecuado de las políticas públicas nacionales, sitúa a este sector dentro de una centralidad mediática referida a la inseguridad ciudadana.

La carta sostiene que en simultáneo a esta reiterada iniciativa se han profundizado los mecanismos de desfinanciación del Estado Nacional respecto de las áreas institucionales cuyos programas de acción conformaban un plexo básico de prevención y asistencia hacia los adolescentes en circunstancias de conflictividad socio legal.

DNI Argentina afirma que generar un estado de alarma en materia de inseguridad relacionada con la adolescencia resulta absolutamente contradictorio con los datos que evidencian el bajo nivel de incidencia de esa franja etaria en el universo del delito. Además, la organización sostiene que constituye un mecanismo de discriminación y estigmatización sobre los sectores de mayor despojo de derechos.

La organización citó las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño que efectuó al Gobierno Argentino en el mes de septiembre de 2024. El Comité expresó seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores, por la Ley N° 22.278 que contiene disposiciones contrarias a la Convención, por los proyectos de ley enviados al Congreso por el Gobierno que rebajarían la edad de responsabilidad penal a los 13 años, por el número de niños privados de libertad y en centros de detención a veces en lugares alejados de sus familias, por penas de prisión extremadamente largas que pueden llegar a la cadena perpetua, por las condiciones de vida en los centros de privación de libertad y por las detenciones en comisarías y las prácticas degradantes, los malos tratos y la violencia en el sistema de justicia juvenil.

El Comité de Derechos del Niño insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y abstenerse de rebajarla, promover la justicia restaurativa en el sistema de justicia juvenil, promover activamente medidas no judiciales como la remisión y la mediación para adolescentes en conflicto con la ley, garantizar que la detención se utiliza como medida de último recurso y durante el período de tiempo más breve posible, y poner fin de forma efectiva a la detención de niños y adolescentes bajo custodia policial.

El Foro en Defensa de los Derechos de Niñes y Adolescentes emitió un pronunciamiento en el que ratifica su rechazo a la baja de la edad de punibilidad. La postura surge ante las declaraciones recientes del Ministro de Justicia de la Nación al presentar los contenidos del decreto presidencial 53/2026, que amplía el temario en las Sesiones Extraordinarias del Congreso para tratar el «Régimen Penal Juvenil».

El Foro participa de la Mesa de Articulación Federal constituida junto a organizaciones de la provincia y a nivel nacional para este fin.

El documento califica como «conducta políticamente espasmódica» que por un acto de gravedad producido por uno o más adolescentes se reactive el debate público, mediático y legislativo sobre un tema que afecta seriamente a las infancias y adolescencias más vulnerables de la sociedad.

«Es puesto en discusión en un momento que el abandono de las políticas públicas de contención es alarmante y en un contexto donde la adolescencia en un 60% se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y en muchos casos con problemáticas que atraviesan su desarrollo, sin el acompañamiento adecuado en políticas de Salud, Educación y Desarrollo Social», señala el pronunciamiento.

El Foro identifica dos posturas fundamentales en Argentina: una que aboga por el castigo severo como forma de justicia y otra que apuesta por la resocialización y reintegración de niñes y adolescentes.

El documento advierte que la visión punitiva no tiene sustento: «Los países con menor edad de punibilidad y penas mayores sus indicadores de delitos y criminalidad no mejoraron, al contrario la cárcel se convierte en la escuela perfeccionada del delito».

En contraposición, el Foro impulsa una reforma integral del régimen penal juvenil en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina desde 1994.

Críticas al proyecto aprobado en comisión

El pronunciamiento enumera las objeciones al proyecto aprobado en comisión por Diputados en el Congreso:

*Es regresivo cuando baja la edad de punibilidad
*No tuvo en cuenta la participación de adolescentes y con ello el interés superior
*No tuvo en cuenta las disertaciones de profesionales y organizaciones que fundamentan por qué no a la baja
*No consideró las estadísticas que refieren un bajo porcentaje de adolescentes en relación a adultos que cometen delitos
Es inconsistente: «Nos encontramos con un Estado que destruyó las políticas sociales para las infancias, adolescencias y sus familias»
*Restablece un modelo retrógrado que retrotrae al paradigma tutelar
*Confunde a las víctimas con los responsables al omitir que niñes captados por bandas criminales deben ser tratados como víctimas
*Recomendaciones internacionales
*El Foro recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 10 (2007), recomendó explícitamente a Argentina que derogue la Ley 22.278, establezca un sistema penal juvenil autónomo y especializado, no baje la edad mínima de responsabilidad penal y garantice que la privación de libertad sea la última medida.

«Argentina tiene la obligación de construir un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos humanos no solo es una obligación legal, sino una apuesta ética por una sociedad que no castiga a sus jóvenes, sino que los comprende, los responsabiliza y les da la posibilidad de cambio», concluye el documento.

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