Dentro de 20 años, cuando le toque jubilarse a un 20% de la población que tiene entre 40 y 49 años de edad, el régimen previsional habrá quedado desbordado, aun sin moratorias, porque la cantidad de personas en condiciones de acogerse a sus actuales beneficios superará a los aportantes.
«Para todos los que tienen menos de 50 años, la jubilación como la conocemos se terminó«, sentenció la abogada Andrea Falcone, fundadora del primer estudio jurídico de Elder Law de la Argentina y principal referente de los medios de comunicación para el segmento de mayores de 55 años.
Ambas afirmaciones se hicieron durante un debate organizado por InfobaE en el que participaron junto al economista Ignacio Apella (Banco Mundial).
La situación financiera ya es crítica. ANSES, aun cobrando impuestos, solo recibe el 50% del dinero que necesita para pagar las prestaciones. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que antes aseguraba 24 meses de pagos, hoy cubre menos de cuatro.
Falcone recomienda que las personas aprendan a gestionar su dinero y planificar su retiro, ya que el Estado no podrá cubrir los beneficios de millones de adultos mayores en simultáneo.
Crisis estructural
Los tres especialistas coincidieron en que el sistema jubilatorio argentino atraviesa una crisis estructural que factores demográficos, económicos y sociales agravan.
Apella, por ejemplo, sostuvo que, al ser históricamente uno de los principales instrumentos para mitigar la pobreza en la vejez, «el sistema cumple ese rol con, por supuesto, sus discusiones, pero lo cumple».
A futuro, descree que el precario equilibrio actual se sostenga, por las dificultades estructurales de funcionamiento del sistema y la transición demográfica hacia una población cada vez más envejecida.
Puso como ejemplo que en 2015 había en el país unos 800.000 nacimientos al año; y hoy apenas son 400.000. «Cada vez habrá más adultos mayores que cobren y menos jóvenes que aporten».
Ahí intervino Colina «Si pensamos que los jóvenes van a soportar las jubilaciones de los viejos, eso ya no es sostenible».
Apella llamó la atención de que el ratio ya cayó a 1,8 trabajadores formales por jubilado, cuando se necesitarían al menos cuatro.
«La transición demográfica no implica solo más adultos mayores, sino también menos población joven. Es un cambio en la estructura etaria que impacta directamente en el número de personas en edad de trabajar», sostuvo.
La mitad de los trabajadores no aporta
Claro que no sólo el bono demográfico se desequilibra, sino que crece el empleo informal: la mitad de los ocupados no aporta regularmente, ya sea como cuentapropistas o en empleos no registrados.
Las moratorias extendieron derechos a millones de personas que no alcanzaban los 30 años de aportes, pero también «achataron la pirámide», recordó la abogada Falcone.
Hoy, siete de cada diez nuevas jubilaciones combinan años cotizados con años «comprados» a crédito del Estado.
El resultado: beneficios bajos para casi todos y una carga fiscal creciente sin ingresos suficientes.
El principio de solidaridad –donde los trabajadores activos financian a los retirados– que guía al actual régimen está en crisis.
«Con mis aportes jubilatorios se pagan las jubilaciones actuales, pero ya no hay quienes aporten para la mía. Eso es lo que está roto», afirmó la especialista.
Pirámide demográfica
La pirámide demográfica, que antes tenía una amplia base de aportantes y un vértice pequeño de beneficiarios, se está invirtiendo: «Vamos a tener un vértice aportando y una gran base cobrando. Eso no es sostenible ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo«, dice Colina.
Según explica, «la mayoría de los trabajadores aporta algo, mucho o poco, pero igual no llega a los 30 años requeridos«.
Solo el 30% de quienes llegan a la edad de retiro cumple con ese requisito; el 13% nunca aportó, y un 57% hizo aportes parciales.
Con las moratorias se pudieron incluir a personas vulnerables, muchas de ellas trabajadoras informales.
Falcone advirtió que esa medida fue una «curita» que no resolvió el problema de fondo.
«Cuando comenzaron, 5 de cada 10 jubilaciones se completaban con moratoria; hoy son 7 de cada 10. La situación empeoró. Así, quienes aportaron toda su vida reciben beneficios similares a quienes no lo hicieron, profundizando la percepción de injusticia», puntualizó.
Qué va a pasar
Los disertantes coincidieron en que se debe apuntar a evitar una catástrofe silenciosa: generaciones que envejezcan sin red.
Apella señala que el objetivo político no debe ser el consenso absoluto –imposible en un país polarizado– sino niveles de «aceptabilidad social» que permitan girar el timón antes de chocar contra el iceberg demográfico.
De acuerdo con las opiniones vertidas, sería necesario eliminar el requisito de 30 años de aportes y calcular el beneficio en función de los años efectivamente cotizados.
«Lo que habría que hacer es sacar el requisito de los 30 años. Te calcula la jubilación con los años que tenés. Si cotizaste 15 años, te corresponde el 1,5 % de tu salario promedio por cada uno. Si estás por debajo de un piso mínimo, el Estado completa la diferencia«, propuso Colina.
En consecuencia, el esquema ideal combinaría un piso universal financiado con impuestos –como la PUAM, pero mejorado– y un beneficio proporcional a los aportes.
Mientras tanto, quien hoy tiene empleo formal debe empezar a construir un ahorro complementario, ya que el Estado no podrá cubrir a la clase media como antes.
La vida de «tres etapas» (estudio, trabajo estable, retiro) se estira hasta los cien años y se fragmenta en múltiples reinvenciones profesionales.
Piensan en modelos como el español, que combina jubilación estatal con capitalización privada, o el uruguayo, que establece una prestación pública hasta un cierto ingreso y ahorro privado por encima de ese umbral, ofrecen referencias posibles.
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