El sistema universitario público argentino enfrenta una de las peores crisis de las últimas décadas. La falta de presupuesto actualizado, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la ausencia de paritarias han puesto en jaque el normal funcionamiento de las universidades nacionales. A esto se suma un fenómeno preocupante: la renuncia masiva de docentes que compromete directamente la calidad de la enseñanza superior.
Oscar Daniel Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, expresó en diálogo con Mdz que la situación se fue agravando durante el primer cuatrimestre de 2025. A pesar de que se esperaba una estabilización gracias a una inflación más baja, ocurrió lo contrario: los salarios siguieron perdiendo poder adquisitivo y los recursos siguieron congelados. Alpa señaló que «no tuvimos presupuesto por segundo año consecutivo», lo que significa que los valores actuales responden a cifras de 2022, generando un desfasaje crítico en líneas de doctorado, extensión y otras actividades académicas.
La falta de actualización presupuestaria y salarial provocó un deterioro general en las condiciones laborales del personal universitario. Según Alpa aseguró al medio, alrededor de 100.000 docentes han renunciado en el último año. Aunque son reemplazados por auxiliares o nuevos docentes, lo hacen con menor experiencia, lo que repercute en la calidad de la formación académica.
Frente a este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional envió una nota a la ministra de Educación alertando sobre la posible paralización del segundo cuatrimestre. La inflación y el desgaste laboral están generando un profundo malestar entre docentes y no docentes, mientras los estudiantes también sufren la falta de becas y recortes en actividades esenciales como las salidas de campo. «Estamos preocupados por qué va a pasar en el segundo cuatrimestre de 2025», expresó Alpa.
Consultado sobre si percibe una estrategia deliberada por parte del gobierno para desgastar a las universidades públicas y avanzar hacia un modelo de arancelamiento, Alpa reconoció que no sabe cuál es la intención del presidente Javier Milei, pero advirtió que, si la situación continúa, ese será el camino inevitable. Aunque Milei prometió garantizar la gratuidad, Alpa indicó que «si seguimos así vamos hacia el arancelamiento».
El rector cuestionó además la falta de diálogo, de planificación y de voluntad política para sostener el sistema educativo público. «No sé si el planteo es un desgaste, si realmente al Gobierno no le interesan las universidades nacionales como concepto del Estado nacional», dijo, y remarcó que para funcionar adecuadamente se necesitaría al menos un 108% más de lo que actualmente transfiere el Gobierno nacional.
El panorama, según Alpa, no tiene precedentes. Aunque comparó la situación actual con la década del 90, hizo una importante distinción: «En los 90 teníamos la Ley de Educación Superior, con muchas críticas, pero había una política sobre cómo querían el sistema universitario. Con Milei todavía no vemos ninguna política. Solamente reducir, cortar, sacar y vetar».
Uno de los aspectos más críticos es el impacto en los hospitales universitarios. Estos centros, que además de ser espacios de formación cumplen un rol fundamental en el sistema de salud pública, también están viendo reducida su capacidad operativa. Las universidades que históricamente han sostenido hospitales propios hoy enfrentan serias dificultades para mantener la atención médica.
La pérdida de docentes está llevando al cierre de cátedras y a la unificación de comisiones, una medida que, según Alpa, deteriora aún más la calidad académica. Si el escenario no cambia, advirtió, el segundo cuatrimestre y el próximo año podrían traer consecuencias aún más graves.
En este contexto, una nueva movilización universitaria está en estudio. El próximo 29 de agosto se celebrará un plenario del CIN, y allí se evaluará la posibilidad de convocar otra marcha en defensa de la educación pública.
Finalmente, Alpa expresó qué le diría al presidente si pudiera reunirse con él: le preguntaría «cuál es la política del país y del sistema», porque considera que sin universidades no hay futuro posible. «Lo que está pasando es un desarmado de políticas públicas en todo sentido. Pasó un año y medio y lo que estamos haciendo es bajar la calidad educativa y perder futuro para el país».
La crisis universitaria no solo compromete la formación de miles de estudiantes, sino que pone en cuestión el rol estratégico del conocimiento y la investigación en el desarrollo nacional. La falta de inversión educativa, sostiene Alpa, está sembrando un escenario cuyos efectos podrían sentirse durante las próximas dos décadas: «El sistema tardará 20 años en recuperarse».
