La batalla judicial por la nacionalización de YPF suma un nuevo capítulo que juega a favor del país. La Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió que Argentina podrá apelar la orden de la jueza Loretta Preska, quien había pedido entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago a los fondos demandantes, sin que el Estado deba desprenderse de su participación mayoritaria en la empresa.
Aunque la decisión de la Corte es breve, tiene un trasfondo de gran relevancia: por primera vez aparece como referencia el amicus curiae presentado por el Gobierno de Estados Unidos, que respalda los argumentos argentinos sobre la inmunidad soberana y la imposibilidad de embargar activos estratégicos.
Un conflicto que lleva décadas: la línea de tiempo
1990s – Privatización de YPF
Durante el gobierno de Carlos Menem, YPF fue privatizada. La mayor parte de las acciones pasó a manos de la española Repsol, mientras distintos inversores privados adquirieron participaciones menores.
2008 – Ingreso del Grupo Eskenazi
El grupo Petersen, de la familia Eskenazi, compró un paquete de acciones de YPF con financiamiento de bancos internacionales, bajo el esquema de que la propia empresa generaría dividendos para cubrir esas deudas.
2012 – Nacionalización de YPF
En abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de Repsol. El Congreso aprobó la medida, que fue presentada como un paso estratégico para recuperar la soberanía energética. Repsol finalmente aceptó un acuerdo de compensación con bonos por unos USD 5.000 millones.
2015 – Reclamo de Petersen Energía
La expropiación dejó fuera al Grupo Eskenazi, que había quedado endeudado y terminó quebrando. Los fondos Burford Capital y Eton Park compraron los derechos de litigio de Petersen Energía, y demandaron a la Argentina en los tribunales de Nueva York. Alegaron que la nacionalización no respetó el estatuto de YPF, que exigía lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para todos los accionistas minoritarios.
2016 – Avance del litigio en EE.UU.
La causa quedó bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la misma que heredó varios juicios contra Argentina tras la salida del juez Thomas Griesa.
2023 – Fuerte revés judicial
En septiembre de 2023, Preska falló contra la Argentina y determinó que debía pagar una compensación de entre USD 8.500 y 16.000 millones, convirtiéndose en una de las sentencias más costosas de la historia contra el país.
2024 – Pedido de embargo sobre YPF
Como parte de la ejecución de la sentencia, Preska ordenó que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF que posee el Estado como forma de pago. El Gobierno argentino rechazó la medida, alegando que se trataba de un activo estratégico protegido por la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Extranjeros (FSIA, vigente en EE.UU. desde 1976).
La novedad: Argentina apelará sin entregar las acciones
En agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Nueva York habilitó a la Argentina a continuar con la apelación sin necesidad de entregar sus acciones en YPF como garantía. El fallo, aunque escueto, marca un cambio clave: reconoce la validez del argumento argentino y menciona el respaldo del Gobierno de EE.UU., que presentó un amicus curiae apoyando la posición del país.
Este documento sostiene que el intento de embargar el 51% de YPF violaría los principios de inmunidad soberana y la doctrina de los actos soberanos de los Estados, reconocidos en tratados internacionales. En otras palabras, se admite que decisiones de política pública como la nacionalización de una empresa estratégica no pueden ser castigadas con la pérdida de un recurso esencial.
El mamarracho jurídico de Preska
Resulta insólito el mamarracho jurídico que encierra el fallo de la jueza Loretta Preska: al sostener su sentencia en un artículo del estatuto societario de YPF, coloca un reglamento interno de una empresa privada por encima de una ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina y de disposiciones de la propia Constitución Nacional, que facultan al Estado a expropiar por causa de utilidad pública. Este desbalance jurídico no solo vulnera principios elementales de soberanía, sino que además expone hasta qué punto los tribunales de Nueva York pueden actuar como herramientas de presión de los fondos especulativos, subordinando normas de derecho público a intereses corporativos.
Qué significa para Argentina
- Tiempo y aire político: el país gana margen para defender su posición en instancias judiciales sin el riesgo inmediato de perder el control de YPF.
- Refuerzo internacional: el respaldo del Gobierno de EE.UU. en un tribunal de Nueva York da mayor fuerza al planteo de inmunidad soberana.
- Protección de activos estratégicos: se refuerza la idea de que empresas estatales claves no pueden ser embargadas como si fueran bienes comerciales comunes.
- Un camino aún abierto: el litigio no está cerrado y la sentencia económica sigue vigente, pero la decisión debilita la estrategia de los fondos buitres y permite negociar desde una posición más sólida.
Primero Argentina
El caso YPF deja una enseñanza que va más allá de lo estrictamente jurídico: la necesidad urgente de unidad política en defensa de los intereses nacionales. Mientras una jueza de distrito de los Estados Unidos —con potestad apenas municipal en su territorio— se permite dictar un fallo que avasalla la soberanía de un país entero y favorece abiertamente a fondos especulativos internacionales, en Argentina persisten las divisiones mezquinas y la lucha de poder interno.
Defender el control estatal de YPF y rechazar la intromisión de tribunales extranjeros no debería ser un tema de grieta, sino un punto de consenso básico para todo el arco político. Si los dirigentes no son capaces de colocarse del mismo lado en este tipo de disputas, corren el riesgo de convalidar que intereses ajenos marquen el destino de los recursos estratégicos del país.
