Casi en las sombras, la empresa pública de Israel, Mekorot, ya diseña y gestiona los planes hídricos en la mitad de las provincias argentinas. ¿Qué les promete a las comunidades sin acceso al agua? ¿Qué dice cada convenio? ¿El agua tiene que tener precio? ¿Tiene que ser para todos o solo para los proyectos mineros? ¿Por qué el desembarco de una empresa clave en el genocidio del pueblo palestino pone en peligro nuestra soberanía?
La intención del Gobierno nacional de vender AySa puso en agenda a Mekorot, la empresa estatal de agua del Estado de Israel ―denunciada por la ONU por apartheid de agua y limpieza étnica en Palestina― que cumple distintos roles en el manejo y la gestión del agua de 12 de las 23 provincias de nuestro país.
Diego Berger, directivo de Mekorot, negó que estén detrás de la compra de la empresa argentina, dijo que las leyes israelíes prohíben quedarse con activos de otros países y hasta defendió la gestión pública. De todas maneras, reconoció la voluntad de seguir asesorando a quien quede a cargo, tal como hace en la mitad del territorio argentino.
¿Qué servicios presta la empresa y cuál es el rol que desempeña en las provincias que firmaron convenio a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI)? ¿En qué consisten las gestiones acordadas por la empresa? ¿Cuáles son los costos, garantías y cláusulas? ¿Qué aportes tecnológicos tiene para solucionar los conflictos hídricos en los territorios? ¿Qué les promete a las comunidades? ¿Qué denuncian las asambleas ambientalistas? ¿Por qué el desembarco de Mekorot constituye una amenaza para nuestra soberanía?
Los servicios
Mekorot es la empresa estatal de aguas de Israel. Desde los primeros asentamientos en la Palestina ocupada, se ha encargado de sistematizar, automatizar y desarrollar tecnología capaz de proveer de agua al territorio israelí ocupante al filo del desierto.
“Todo lo que hacemos es para los israelíes: la familia en su casa, el granjero en el campo, el trabajador en la industria. Entendemos sus necesidades y planificamos y diseñamos el mapa de agua de Israel para colocarla en el ciclo global del agua”, reza el sitio web de la empresa que promete hacerlo “empujando los límites del conocimiento y expandiendo las capacidades en materia de agua, tornando todo riesgo en posibilidad y cada desafío en una oportunidad para asegurar la disponibilidad de agua segura y de alta calidad”.
Mekorot ha desarrollado infraestructura para poder, a través de una base de datos monitoreada remotamente con inteligencia artificial, procesar y controlar los datos de los procesos de suministro, además de monitorear la calidad, protección y sistemas de respaldo para la planificación de Recuperación de Desastres (DRP), con la posibilidad de generar hasta 25 millones de bits de datos cada día, llegando a controlar y medir, en tiempo real, el agua de hasta 3.000 instalaciones, 1.000 pozos, 700 estaciones de bombeo y 13.000 kilómetros de ductos.
La desalinización del agua es otro de los servicios ofrecidos por la empresa. “Sabha”, que fue una de las primeras seis instalaciones desaladoras construidas, inicialmente se basó en la evaporación, dando paso al método de ósmosis inversa que posibilita convertir el agua de mar en agua potable para el consumo humano.
En la tercera línea del desierto de Negev, con una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados en la región meridional de los territorios palestinos ocupados, limitando con Jordania al este y con el desierto del Sinaí al oeste, separado del mar Rojo por la ciudad de Eilat al sur, Mekorot pone a prueba la reutilización del agua antes desalinizada. La planta de tratamiento de aguas residuales de Shafdan recicla cada gota de agua (servida, desechos cloacales, riego, consumo doméstico, lluvia, etc.). 140 millones de metros cúbicos de agua son reciclados al año desde el área metropolitana central de Israel hasta la gestión agrícola avanzada en el desierto del sur.
Las aguas subterráneas tampoco escapan de la planificación y gestión hidrológica de la empresa que obtiene agua desde pozos de hasta 1.500 metros de profundidad en áreas desérticas y marinas. El agua subterránea producida es enviada a un sistema único de suministro que integra los diferentes tipos de agua, para el uso que se predetermine.
Mekorot ofrece la perforación de nuevos pozos y la rehabilitación de los existentes, realiza estudios de geología e hidrología para pronósticos de perforación, soporte geológico e hidrológico durante la perforación y el bombeo. También realiza el control, seguimiento y tratamiento de los niveles de agua en acuíferos.
Actualmente, presta servicios ―“operaciones internacionales”― de consultoría, asesoría técnica, control, saneamiento, gestión y gobernanza de agua en Azerbaijan, India, Marruecos, Bahrein, Brasil, Colombia, México, Chile, Uruguay, Chipre, República Dominicana y Argentina.
Las denuncias contra el “milagro israelí”
En el año 1992, Mekorot fue denunciada por apartheid de agua por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través del documento titulado “Recursos hídricos del territorio palestino ocupado”, en el que advierte sobre la violación de los derechos de los palestinos sobre el agua. Allí son señalados los proyectos de desviación del agua desde la cuenca del río Jordán palestino al territorio israelí ocupado y las restricciones impuestas a través de la represión por parte del ejército sionista a los agricultores: “(…) En el verano de 1990 ―dice el documento de la ONU― la crisis del agua fue tan grave que los pozos se secaron en aldeas enteras de Cisjordania. En Hebrón, la zona más afectada, el agua dulce se vendía desde camiones cisterna privados y en el mercado informal: ‘La situación empeoró cuando Mekorot aumentó la extracción en las llanuras costeras para satisfacer las demandas del calor del verano’”. En síntesis, el agua se desvía a los colonos para llenar piletas de natación, pero se niega a la población palestina para los usos más elementales.
En el mismo documento, Naciones Unidas denuncia que la empresa desde 1976 siembra nubes con yoduro de plata (llevada a cabo por Shaham, Electrical and Mechanical Services Ltd., subsidiaria de Mekorot), lo que anualmente aumentó los recursos de agua subterránea alrededor del lago Tiberíades entre un 15 y un 18 por ciento, interfiriendo con las precipitaciones de la región en los tramos superiores de la cuenca hidrográfica del río Jordán, impidiendo la lluvia sobre el territorio palestino ocupado y contaminando el agua.
Durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el año 2021, el CETIM (Europe Third World Center), en colaboración con la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (AIUD) y el Comité de Trabajo Agrícola de la Unión (UAWC-Palestina), intervino durante el debate sobre el Informe del Alto Comisionado sobre la asignación de recursos hídricos en los territorios palestinos ocupados. Allí declaró: “En violación del derecho internacional, la ocupación israelí niega a los palestinos el acceso al agua. La proporción palestina de agua potable y de agua utilizada con fines agrícolas se está reduciendo dramáticamente. Mientras que el colono israelí promedio consume 487 litros por persona por día, la mayoría de los palestinos en el Valle del Jordán consumen entre 15 y 30 litros por persona por día, que es inferior al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 100 litros diarios (para consumo e higiene)”.
En diciembre del 2024, más de 20 años después, la situación no solo no había cambiado, sino que se agravó. La organización internacional Human Rights Watch denunció la obstrucción deliberada al acceso de agua por parte de Israel en la Franja de Gaza.
A través de Mekorot, Israel controla todos los afluentes de agua, militarizando la zona y destinando el 85% de los recursos hídricos a su propio abastecimiento, sometiendo a los palestinos a la sequía, al agua contaminada y cobrando el poco suministro que distribuyen en la zona a precios exorbitantes.
Solo entre abril y junio de este año, la Autoridad en Calidad Ambiental palestina denunció 155 crímenes ambientales, entre ellos, el impedimento al acceso y la contaminación de los cursos de agua, considerados como crímenes de guerra, según lo estipulado en los artículos 7 y 8 (crímenes de lesa humanidad y de guerra) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Los convenios en Argentina: ¿dónde, por qué, para quién?
Son 12 las provincias que firmaron convenio con Mekorot a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI): un organismo autónomo e interestadual que, creado en 1959, queda por fuera del control, del monitoreo y de la normativa nacional vigente que rige para las provincias. Los convenios se hicieron sin licitación previa, sin consulta popular, con la contratación directa de un servicio que podrían haber prestado organismos científicos, instituciones, universidades, profesionales y académicos locales, que vivencian además la propia crisis del agua y las consecuencias socioambientales.
Argentina se rige por el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas ―Ley 25688―, pero es cada provincia la que define cuál es su propia política hídrica, sin tener una estrategia conjunta para la gestión del agua en todo el territorio. Con el cambio climático ―pero, sobre todo, con el cambio de la matriz productiva a una de corte extractivista― el objetivo del CFI es la creación de un modelo de agua centralizado.
Es por eso que en el año 2022, con Wado de Pedro como ministro del Interior, se armó la comitiva que viajó a Tel Aviv, para ver con sus propios ojos el oasis israelí y vivenciar el modelo de gestión del agua que, además de cimentarse sobre la violación de los derechos humanos de los palestinos, es un modelo de gestión completamente distinto al nuestro. No es un modelo federal, es el modelo centralizado que puede optimizar más rápidamente la inversión de la infraestructura.
La emergencia hídrica que acusan varias de las provincias involucradas en los acuerdos no se debe únicamente a la cuestión climática. Hay muchos proyectos emplazados en los territorios que constituyen la ampliación de la frontera extractivista y necesitan agua: los proyectos mineros, la frontera agropecuaria, la ampliación de hidrocarburos. Todos requieren agua. Mucha agua.
Silvia Ferreyra es representante de la campaña Fuera Mekorot, una confluencia de organizaciones que se nuclean en torno a la acción global de denuncia por la privatización del agua y en solidaridad con el pueblo palestino. Sus iniciativas forman parte y son promovidas por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanción – BDS, espacio conformado en 2005 por sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil palestina.
Sobre los convenios, Silvia le explica a Perycia que “hay una confluencia de los gobernadores de avanzar sin ninguna preocupación contra todos los obstáculos que se le pongan en el medio, porque saben que todo ese modelo de proyecto necesita agua, entonces mientras le brinden lo que necesitan, van a mantener estos convenios y por eso es que Mekorot se puede presentar como la empresa del Estado de Israel. El problema es que hay un convenio entre un Estado y una empresa internacional que viene a prestar el servicio”.
Todos los convenios tienen un piso de elementos en común: son convenios de asesoramiento, de consultoría y, posteriormente, de diseño de los planes maestros de agua de cada una de las provincias, y, posteriormente, con el avance de un nuevo convenio, la gestión o gobernanza del agua. Actualmente, el más avanzado es el Plan Maestro de Agua de la provincia de Mendoza.
Los acuerdos fueron firmados en el Centro Cultural Kirchner el 13 de febrero de 2023. Del acto, participaron el ministro Wado de Pedro; Eylal Sela, embajador de Israel en Argentina; Jitzhak Aharonovich, presidente de la corporación; y los gobernadores de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Formosa. En el caso de otras dos provincias, Santiago del Estero y Santa Fe, el CFI niega que se haya firmado convenio con Mekorot, pero sus gobiernos lo afirman ante la prensa.
De las 12 que han firmado, en solo 5 casos se ha podido acceder a su contenido. El resto sigue siendo una incógnita, a pesar de que legisladores provinciales, la propia campaña de Fuera Mekorot y asambleas por el agua han solicitado la información. “Los convenios se firman con el CFI y la empresa y la provincia, y le dan 60 días de plazo para que se siente la provincia con la empresa y negocie los planes, gestiones y los costos. Hay un período entre la firma de convenio y de ahí sabemos la letra chica de lo que efectivamente va a hacer la empresa”, agrega Silvia Ferreyra.
La letra chica
Los términos de los contratos con la empresa, a excepción del contrato para el diseño de un Plan Maestro de Aguas en la provincia de Río Negro ―firmado por la exgobernadora Arabela Carreras cuando ya no ejercía el cargo y sin pasar por la Legislatura provincial previamente― no se conocen.
Los convenios y contratos con Mekorot son secretos y han sido firmados violando la Constitución nacional ―artículo 124: que establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”―. También se firmaron a espaldas de las Constituciones provinciales que establecen que todo contrato con un Estado extranjero debe tener tratamiento legislativo. Violan además el derecho al libre acceso a la información ambiental (Ley 25831) y el deber de proveer información a la opinión pública (Ley 27275). En el caso de Jujuy, el 70% del agua se encuentra en territorio habitado por comunidades originarias y el convenio y el contrato se firmaron sin una consulta previa, sin consentimiento libre e informado de la Mesa de Agua, que invitó a “actores específicos” (voces interesadas que incluye a empresarios y cabilderos locales), casualmente omitiendo a las comunidades, desconociendo el Acuerdo de Escazú (Ley 27566).
A partir del contrato al que se accedió en Río Negro ―a través de los pedidos de las legisladoras Ayelén Spósito y Magdalena Odarda― se conoció que Mekorot aplica una Cláusula de Confidencialidad, mediante la cual la propiedad intelectual, la información técnica sobre nuestros bienes naturales que recabe en virtud de los análisis hidrográficos, los catastros, los estudios socioambientales, las proyecciones y toda la información que hasta ahora eran dominio del Estado nacional y provincial, pasan a pertenecer a la empresa, sin derecho a reclamo sobre la misma.
Lo único que le queda a la provincia es un informe final. Ese informe, en la mayoría de los casos, contiene el análisis de la situación actual del sector del agua y del potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas), la creación de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para crear un sistema de asignación que permita regular la demanda de agua, la definición de planes alternativos de abastecimiento de agua y el análisis económico, balance prospectivo y recomendaciones para el desarrollo de un Plan Maestro.
Las condiciones comerciales de los contratos que son completamente diferentes para cada provincia y se someten a la legislación de Inglaterra. En caso de duda sobre la interpretación de los cumplimientos y obligaciones de la empresa, los conflictos o desacuerdos se dirimen en los tribunales británicos.
¿Quién quedará con sed?
Desde el año 2020, el agua comenzó a considerarse un activo en la bolsa de Wall Street. Como con el petróleo, el trigo, el oro, hoy se puede especular con el bien natural que fue reconocido como derecho humano imprescindible por la ONU en 2010 y por la OMS en 2014. Y especulando, cada una de las provincias que firmó con Mekorot ―con RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) o sin él― lotea sus bienes naturales al mejor postor.
En el portfolio minero del Ministerio de Economía puede accederse a los minerales puestos a disposición de las corporaciones y los capitales que las grandes potencias ―disfrazadas de ONG, filantropía, empresas y privados unipersonales― pueden explotar y llevarse sin demasiados impuestos ni requisitos. Así con el petróleo, el gas, el oro, la plata, el manganeso, el zinc, el molibdeno, el litio, los minerales raros, el cobre, el plomo, el uranio, el hierro y todo aquel bien que, descansando debajo de la tierra nutre, pero explotado por la avidez y la desidia de los gobiernos locales y los capitales extranjeros contamina.
Con el cambio climático como único argumento, la negligencia de todas las gestiones previas fue ―desde la década del noventa― allanando el camino. A fuerza de subejecución de los presupuestos y de las obras necesarias para llevar el agua potable a cada rincón del país, desmantelando los organismos especializados, con el loteo irresponsable de los bienes devenidos recursos y sin estudios medioambientales, con funcionarios corrompibles desoyendo asambleas y comunidades, la crisis hídrica estaba anunciada. Sin agua o completamente inundados, con escaso acceso al agua potable, con napas contaminadas, falta de obras, parches que se desarman con la primera lluvia y con la demanda que, en abril del 2023, nos legó la generala Laura Richardson del Comando Unificado Sur. Se había reunido con el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército Argentino, el general Juan Martín Paleo, para “reconceptualizar la definición de frontera” y hablar de las ocho zonas que son de interés para el imperio.
En referencia a la región de América Latina, Richardson planteó entonces: “Tenemos 60% del litio mundial, 30% del cobre, el oro, el hierro y otros metales raros esenciales para la tecnología. Alberga los pulmones del mundo: el Amazonas. Entonces, ¿por qué no obtenemos los beneficios de estos recursos? Estados Unidos tiene mucho por hacer para ‘proteger’ ―lo que denominó― nuestros recursos». Por último, aseveró: “Tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región”.
Y como agua es lo que se necesita para los proyectos extractivistas que el imperio reclama, Argentina, sexto país del mundo en reserva de agua dulce, en silencio, a espaldas del pueblo, contrató los servicios de Mekorot, empresa de agua de Israel, Estado genocida que desvía el agua para consumo de una población en desmedro de otra, asignándole un valor comercial, un precio al bien público, midiendo, a través de su sistema de inteligencia artificial cuánta agua se consume en la región.
Con Mekorot, el ciclo natural del agua deja de establecer si hay, por ejemplo, una sequía o no, porque la lógica de la empresa está dada por el ciclo del bolsillo: allí donde pueda pagarse, habrá agua. ¿Quién se quedará con sed entonces? ¿Será el vecino, el pequeño agricultor o será la megaminera internacional?
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