Todo comenzó cuando, en 1867, el Banco de Londres y Río de la Plata abrió una sucursal en Rosario, ciudad estratégica por su puerto, su ferrocarril y la intensidad de su comercio. El banco se convirtió en la primera entidad británica con oficinas en la Argentina y, con su instalación en Santa Fe, pasó a ser el único banco en la provincia.
En Londres, la entidad estaba dirigida por G. W. Drabble, mientras que en el plano local el referente era Norberto de la Riestra, hombre de negocios, exiliado en la capital británica tras acompañar a Juan Lavalle, que regresó al país convertido en ministro de Hacienda y accionista del banco.
En la vereda opuesta se encontraba Servando Florencio Bayo, gobernador de Santa Fe entre 1874 y 1878, recordado por su honestidad, austeridad y transparencia. Bayo advirtió que la provincia carecía de banca propia y, en 1874, creó el Banco Provincial de Santa Fe, con un capital de dos millones de pesos, para nacionalizar el crédito y limitar el predominio extranjero. Su política confrontaba con la banca inglesa, cuya liquidez era utilizada como herramienta de control.
La confrontación con el Banco de Londres
El Banco de Londres tenía autorización de la legislatura provincial para emitir moneda. Pero en 1875, respaldado por el presidente Nicolás Avellaneda, Bayo logró la sanción de una ley que exigía la conversión a oro de todas las emisiones de papel moneda de la provincia. La banca inglesa resistió la medida.
Lejos de retroceder, Bayo redobló la apuesta: calificó al Banco de Londres como una institución «ruinosa a los intereses públicos, hostil y peligrosa» y ordenó el cierre de la sucursal rosarina, además de la detención de su gerente alemán, de apellido Bahn.
El conflicto escaló al plano internacional. Federico St John, encargado de negocios británico, alegó que el banco era “un súbdito inglés” y pidió al capitán del barco de guerra Beacon, anclado en Montevideo, que pusiera rumbo a Rosario a la espera de instrucciones.
Manuel Quintana: de senador nacional a abogado del banco
En ese escenario emergió Manuel Quintana. Aristócrata porteño, nacido en 1835, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, legislador en varias oportunidades y hombre de familia patricia. Curiosamente, en 1867 había presentado un proyecto para convertir a Rosario en capital de la Nación, iniciativa que no prosperó.
Pero en 1876, cuando estalló la crisis, Quintana se encontraba en funciones como senador nacional. En un gesto que dice más que cualquier discurso, renunció a su banca —formalmente “por razones de salud”— para convertirse en asesor legal del Banco de Londres. Poco después viajó a Inglaterra para reunirse con las autoridades de la institución y planteó una solución que dejó atónitos a muchos: la posibilidad de bombardear Rosario si la provincia de Santa Fe no cedía.
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Bernardo de Irigoyen, debió intervenir para contener el conflicto. Quintana le transmitió que la cañonera inglesa había recibido órdenes de retirar los caudales del banco a cualquier costo. Irigoyen respondió con firmeza y estableció un principio jurídico clave: el Banco de Londres era una sociedad anónima, una persona jurídica que existía por ley argentina, y por lo tanto no podía reclamar protección diplomática de Inglaterra. Esa interpretación sentó jurisprudencia y desactivó el conflicto.
Los ánimos se calmaron y el banco británico cedió ante la posición argentina. Quintana, en cambio, partió hacia Europa en un viaje de dos años, con la mancha de haber abogado por un bombardeo contra su propio país.
La segunda amenaza: Rosario otra vez en el centro (1893)
Diecisiete años más tarde, Rosario volvió a estar bajo amenaza por obra de Quintana. En 1893, la Unión Cívica Radical lanzó una revolución contra el régimen conservador. Estallaron alzamientos en Buenos Aires, Santa Fe y San Luis. En medio de la crisis, el presidente Luis Sáenz Peña nombró a Manuel Quintana como ministro del Interior.
Se declaró el estado de sitio y se intervinieron las provincias más comprometidas. En Rosario, Leandro Alem resistía con los radicales mientras el gobierno avanzaba para sofocar la insurrección. Fue allí donde Quintana volvió a blandir la misma amenaza de su pasado: ordenar el bombardeo de Rosario si los insurrectos no deponían las armas.
La advertencia cumplió su efecto intimidatorio: Alem y los suyos terminaron rindiéndose. Rosario, una vez más, había sido colocada en la mira de cañones por decisión de un dirigente argentino.
De abogado del imperio a presidente de la Nación
La carrera de Quintana no terminó allí. Pese a estos antecedentes, en 1904 fue elegido presidente de la Nación, con José Figueroa Alcorta como vicepresidente, en el marco de la hegemonía del Partido Autonomista Nacional (PAN). Su llegada al poder sintetizaba el modelo de la llamada República Conservadora: fraude electoral, exclusión de las mayorías populares y fidelidad a los intereses agroexportadores ligados al Reino Unido.
Durante su breve mandato (1904-1906), se sancionaron leyes educativas como la “Láinez” y normas laborales como la del descanso dominical, pero el trasfondo fue la continuidad de un sistema profundamente antipopular y dependiente de Inglaterra. Quintana sufrió un atentado en 1905 y, enfermo, debió delegar el mando en su vice en enero de 1906. Murió en marzo de ese año.
La figura de Manuel Quintana resume la contradicción de una Argentina que crecía de la mano del comercio exterior, pero atada a los designios de Londres. Su decisión de renunciar a un cargo en el Senado para defender los intereses del Banco de Londres, y sus dos amenazas de bombardear Rosario, muestran hasta qué punto sectores de la «Alta Sociedad» argentina estaban dispuestos a sacrificar soberanía nacional en favor de capitales extranjeros.
Que ese mismo hombre haya alcanzado la presidencia refleja el grado de aceptación que la clase política dominante otorgaba a esa subordinación. Quintana es, en definitiva, el símbolo de una época en que la política nacional no siempre defendía al país, sino que muchas veces lo ponía en riesgo en nombre del imperio.
