Autor: Más Energía

La compañía suiza de energía y comercialización de materias primas Mercuria Energy Group avanzó en las últimas semanas en las negociaciones para adquirir una refinería y una extensa red de estaciones de servicio en Argentina pertenecientes al grupo brasileño Raízen.

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Según informó Reuters, el acuerdo podría cerrarse en el corto plazo por un valor que superaría los 1.000 millones de dólares, pese a que todavía no se firmó un contrato vinculante.

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Una de las personas consultadas agregó que el grupo global Vitol también había mostrado interés previamente en adquirir los activos de Raízen en el mercado argentino. Sin embargo, con el correr de las semanas, las negociaciones con Mercuria tomaron mayor impulso y se consolidaron como la principal alternativa para la venta.

Hasta el momento, Mercuria no respondió a los pedidos de comentarios sobre el posible acuerdo. Por su parte, tanto Vitol como Raízen optaron por no realizar declaraciones públicas sobre el proceso en curso.

Hay que destacar que la agencia Bloomberg fue la primera en informar que Mercuria se encontraba cerca de cerrar la compra de los activos de la compañía brasileña en Argentina.

Las acciones de Raízen en caída

Raízen es una empresa conjunta entre el holding brasileño Cosan y la petrolera anglo-holandesa Shell, que cotiza en la Bolsa de Londres. En los últimos trimestres, la firma registró importantes pérdidas netas y acumuló elevados niveles de endeudamiento, lo que deterioró su situación financiera.

La creciente presión económica provocó una fuerte caída en el valor de sus bonos y derivó en una serie de rebajas por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo. A comienzos de esta semana, Fitch redujo la nota crediticia de Raízen primero a “B” y luego, el mismo día, a “CCC”. En tanto, S&P Global Ratings también recortó su calificación hasta “CCC+”.

En este contexto, el lunes por la noche la compañía confirmó oficialmente la contratación de los estudios jurídicos Pinheiro Neto y Cleary Gottlieb como asesores legales, mientras que el banco Rothschild fue designado como su asesor financiero para avanzar en el proceso de reestructuración y eventual venta de activos.

Presión financiera y necesidad de capital

A pesar del escenario general, Raízen reconoce que su desempeño comercial en la Argentina continúa siendo positivo. De acuerdo con datos difundidos por Novacana, las ventas de combustibles de Shell durante el tercer trimestre de 2025 alcanzaron entre 1.780 y 1.830 millones de litros, con subas de hasta el 5,8%.

Sin embargo, el buen desempeño local no logra compensar las dificultades del grupo a nivel regional. Según el diario O Globo, Shell Plc, Cosan y BTG Pactual impulsan una urgente inyección de capital para frenar la caída de los bonos y mejorar el perfil crediticio de la compañía en los mercados internacionales.

“Se trata de un momento decisivo para uno de los principales actores de la agroindustria brasileña y de la distribución de combustibles”, señalaron desde Novacana. Las altas tasas de interés, las cosechas por debajo de lo esperado y proyectos que aún no dieron resultados presionan sobre los márgenes y la rentabilidad.

El proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), en discusión en el Congreso Nacional desde finales de 2025, genera controversia. Ambientalistas alertan sobre riesgos para reservas hídricas, mientras expertos en derecho minero lo ven como avance. El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) emitió un comunicado defendiendo la iniciativa.

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Según IADEM, el debate fortalece la protección ambiental al alinear con el federalismo constitucional. «Lejos de debilitar el régimen de tutela de los glaciares y geoformas periglaciares que constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, el proyecto de adecuación resulta imprescindible para dotar de mayor precisión conceptual al sistema vigente», afirma el documento.

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Esta posición resuena con gobernadores de provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy, quienes impulsan la reforma para destrabar inversiones sin comprometer el ambiente. El gobierno nacional incluyó el tema en sesiones extraordinarias, enfatizando fin a interpretaciones arbitrarias.

«Falta de claridad»

La Ley 26.639, sancionada en 2010, protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, definiciones ambiguas generan conflictos. IADEM destaca que estas imprecisiones provocan interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica y erosión de confianza para inversiones. «La falta de claridad en aspectos centrales del régimen debilita la eficacia de la tutela ambiental», señala el comunicado.

En este punto, los expertos coinciden: la reforma busca reordenar competencias sin reducir protección. Por ejemplo, ambientalistas como Enrique Viale critican la habilitación provincial para determinar geoformas protegidas, viéndolo como reducción de estándares nacionales. En contraste, IADEM argumenta que precisión normativa eleva eficacia.

«Un derecho ambiental efectivo debe asentarse en preceptos claros y precisos. Dicha precisión no implica la disminución de niveles de protección sino su fortalecimiento», textual del instituto.

Segun los especialistas pro reforma, el proyecto mantiene prohibiciones en glaciares, pero ajusta el ambiente periglacial a áreas con función hídrica efectiva, evitando paralización de actividades sostenibles. Esto alinea con artículo 41 de la Constitución, que faculta al Congreso para presupuestos mínimos ambientales, sin invadir dominio provincial sobre recursos.

El rol protagonista de las provincias

Las provincias poseen dominio originario de recursos naturales, lo que implica gestión activa. Según IADEM, el proyecto incorpora su participación, robusteciendo el esquema federal. «Lejos de contradecir el esquema de presupuestos mínimos, esta participación lo robustece, al permitir que la regulación nacional se complemente con el conocimiento técnico, territorial e institucional de las autoridades locales», indica el comunicado.

Por su parte, mientras los gobernadores mineros respaldan la reforma -argumentan que destraban las exportaciones vía RIGI, sin consecuencias negativas-, otros sectores son más críticos, como FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), la tildan de inconstitucional por restringir protección a geoformas con rol hídrico relevante, habilitando minería en áreas antes vedadas. IADEM rebate en el comunicado al plantear que las provincias actúan sujetas a normas federales, sin discrecionalidad.

IADEM concluye que la sanción fortalece tutela, brinda certidumbre jurídica y consolida federalismo. «La protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece», afirma. Según los especialistas mineros, el desafío articula ambiente y desarrollo, Nación y provincias, conforme Corte Suprema.

Fuente: IADEM

El hidrógeno se consolida como una de las apuestas estratégicas para la transición energética, en particular para descarbonizar industrias con grandes emisiones. Sin embargo, su expansión a nivel global todavía enfrenta límites económicos, regulatorios y de mercado.

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En ese marco, la demanda mundial de este vector energético alcanzó las 100 millones de toneladas en 2024, impulsada principalmente por refinerías, la industria química y el sector del hierro y el acero. De acuerdo con el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), publicado este martes, el consumo creció cerca de un 2% interanual.

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A pesar de ese crecimiento, la IEA advierte que el consumo sigue cubriéndose casi en su totalidad con hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles sin mitigación de emisiones, utilizando alrededor de 290.000 millones de metros cúbicos de gas natural y 90 millones de toneladas equivalentes de carbón, lo que expone la brecha entre los objetivos climáticos y la realidad del sector.

El hidrógeno de bajas emisiones, aún marginal

La producción de hidrógeno de bajas emisiones, ya sea mediante electrólisis alimentada con electricidad limpia, bioenergía o a partir de combustibles fósiles con captura y almacenamiento de carbono, sigue siendo marginal a escala global. No obstante, el informe de la IEA señala que la industria mostró un fuerte impulso a comienzos de la década, cuando los compromisos públicos generaron una rápida respuesta del sector privado.

En 2020, la producción global apenas superaba las 0,5 millones de toneladas. Para 2024, el volumen se acercó a 0,8 millones, y las estimaciones indican que habría alcanzado casi 1 millón de toneladas en 2025. De mantenerse los proyectos ya comprometidos, la producción podría superar las 4 millones de toneladas en 2030, lo que implicaría pasar de menos del 1% de la producción total actual a alrededor del 4% al final de la década.

Metas ambiciosas para el sector

El informe de la IEA recuerda que, a comienzos del 2020, se anunciaron objetivos que acumulaban 190 GW de capacidad de electrólisis para 2030. Sin embargo, la realidad avanzó a un ritmo más lento: a fines de 2022 había menos de 0,7 GW en operación, y los datos más recientes muestran que la capacidad global apenas superaría los 4 GW en 2025.

«Fijar objetivos ambiciosos resultó útil para atraer actividad corporativa. Pese a esto, existen barreras para la entrada de nuevos productos al mercado, como los elevados costos para los primeros adoptantes y la falta de regulación e infraestructura adecuadas. La adopción de tecnologías emergentes suele ser, por lo tanto, un proceso largo y desigual, que combina avances rápidos con períodos de desarrollo lento. Otros sectores que hoy se consideran casos de éxito también atravesaron estas fases. Por ejemplo, pasaron 25 años desde la llegada de los primeros paneles solares hasta que la energía solar fotovoltaica alcanzó por primera vez una participación del 1% en el suministro eléctrico de un país», detallan desde la agencia.

De acuerdo a la entidad, en los últimos años, los titulares en relación a este tema estuvieron dominados por retrasos, cancelaciones de proyectos y revisiones a la baja de objetivos, lo que alimentó la percepción de un freno en el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones.

«Lejos de estancarse o retroceder, el sector continúa avanzando y alcanzando hitos relevantes, aunque no al ritmo de las altas expectativas de comienzos de la década de 2020», indica el organismo.

Los proyectos de hidrógeno más grandes a nivel mundial

Uno de los cambios estructurales más relevantes es el salto en la escala de los proyectos. En 2020, el mayor electrolizador operativo del mundo tenía 25 MW, correspondiente a la planta de Industrias Cachimayo, en Perú. En julio del año pasado, la firma Envision Energy puso en marcha en China un proyecto de 500 MW, actualmente el mayor a nivel global.

A su vez, el proyecto NEOM Green Hydrogen, en Arabia Saudita, que se encuentra en construcción, prevé alcanzar 2,2 GW de capacidad para 2027, multiplicando por 90 el récord vigente al inicio de la década. Para la IEA, este cambio de escala es clave para reducir costos y acelerar la adopción tecnológica.

La producción se concentra en pocas regiones

China, Europa, India y América del Norte concentran cerca del 90% de la producción de hidrógeno de bajas emisiones comprometida hacia 2030, de acuerdo con el informe de la IEA. En contraste, otras regiones muestran un atraso significativo y solo podrían alcanzar producción a escala después de esa fecha, a pesar de contar con carteras de proyectos que, en conjunto, superan las 15 millones de toneladas potenciales.

Desafíos y obstáculos para el desarrollo del hidrógeno

Más allá del crecimiento de la oferta, la incertidumbre sobre la demanda aparece como el mayor freno para el desarrollo del sector. La IEA advierte que, si bien se firmaron acuerdos de offtake en los últimos años, la mayoría son preliminares y carecen de compromisos vinculantes.

Los contratos firmes representan menos de 2 millones de toneladas anuales, por debajo de las 4 millones de toneladas que podrían producirse solo con los proyectos ya comprometidos. Esta diferencia genera incertidumbre para los inversores y dificulta que nuevos proyectos alcancen decisiones finales de inversión, explica la entidad.

Qué falta para destrabar la próxima etapa del hidrógeno

Para la IEA, el crecimiento del hidrógeno de bajas emisiones dependerá de políticas públicas más focalizadas y previsibles. Entre las prioridades, el organismo señala la necesidad de «concentrarse en los usos existentes del elemento, promover mercados iniciales mediante compras públicas y exigir acuerdos de offtake como criterio de elegibilidad en los esquemas de apoyo».

Además, la agencia subraya el potencial de regulaciones internacionales en sectores como la aviación y el transporte marítimo para acelerar la adopción de combustibles basados en hidrógeno, así como la importancia de desarrollar sistemas de certificación de emisiones que permitan diferenciar el hidrógeno de bajas emisiones a lo largo de toda la cadena de valor.

El informe advierte que los retrasos en la implementación de políticas, como la transposición de la Directiva de Energías Renovables en la Unión Europea, generaron incertidumbre para desarrolladores e inversores. Al mismo tiempo, señala que regulaciones excesivamente rígidas pueden frenar el desarrollo de una actividad que aún se encuentra en formación.

«Dado que se espera que el mercado del hidrógeno evolucione rápidamente, las políticas deben ser adaptativas, con ciclos de revisión cortos que contemplen los cambios del mercado. Este enfoque permite margen para la experimentación inicial, al tiempo que brinda claridad de largo plazo. Esa claridad es fundamental no solo para generar seguridad en las inversiones, sino también para asegurar que la adopción del hidrógeno de bajas emisiones pueda acelerarse más allá de los primeros avances y contribuir al cumplimiento de los objetivos de política energética de los países», concluye la IEA en su reporte.

Hace unas semanas, el puerto argentino fue testigo de un desembarco histórico: 6.000 vehículos híbridos y eléctricos de la firma china BYD. Si bien estas unidades representan menos del 1% del parque total del país, la cifra es impactante cuando se mira bajo otra lupa: equivale al 26% de todo lo que se vendió en la categoría electrificada durante el año pasado.

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En este contexto, Alejandro Emilio Sureda, director de la Maestría en Gestión de la Industria Automotriz de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, analizó en diálogo con Radio Mitre Rosario los desafíos y las paradojas que trae esta «ola silenciosa».

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La brecha de infraestructura: ¿CABA o el país?

Para Sureda, el primer obstáculo es la falta de una estructura federal. Actualmente, el 70% de los puntos de carga se concentran en CABA, dejando al resto del territorio nacional en una zona gris. «El uso de estos autos hoy está pensado para quienes viven en las principales ciudades; no son el medio adecuado para largas distancias en un país con nuestra superficie», explica.

Aquí es donde los vehículos híbridos ganan la partida en el corto plazo. Al cargarse mediante el frenado y contar con un motor de combustión de respaldo, permiten reducir un 50% el uso de combustible sin que la falta de cargadores en las rutas sea un impedimento.

El «talón de Aquiles» eléctrico

Una de las reflexiones más crudas del especialista apunta a la red de distribución urbana. El problema no es la falta de generación de energía, sino los cables que llegan a nuestras casas. «Si hoy todos enchufáramos el auto al mismo tiempo que encendemos nuestros aires acondicionados, veríamos fuegos artificiales en los transformadores de cada esquina», advierte Sureda.

Cargar un auto eléctrico demanda una potencia equivalente a 8 equipos de aire acondicionado funcionando en simultáneo. Teniendo en cuenta que nuestra red fue diseñada hace tres décadas, la adopción masiva requiere una actualización urgente de la distribución eléctrica.

Potencia en el campo y barreras económicas

Sin embargo, no todo son obstáculos. Sureda destaca que el motor eléctrico es ideal para el trabajo rural por su entrega inmediata de fuerza (torque). Además, la tecnología Vehicle to Road permite que la batería del auto alimente herramientas eléctricas, convirtiendo al vehículo en un taller móvil en medio del campo.

En este punto, resulta evidente que el ritmo de adopción está atado a la economía. Mientras que en países como México la carga impositiva es del 15%, en Argentina escala al 56%. Esto, sumado a un parque automotor con una antigüedad promedio de 15 años —un indicador de un mercado «envejecido»—, sugiere que la transición será más lenta que en el resto del mundo.

Fuente: Facultad de Ingeniería, Universidad Austral.