Trabajadores de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén declararon el estado de conflicto ante la Subsecretaría de Trabajo por el constante deterioro de sus condiciones laborales. La delegada gremial, Mariana Sarín, denunció la falta de personal y las trabas burocráticas que paralizaron las funciones operativas de la entidad. La protesta derivó en la intervención oficial por medio de una conciliación obligatoria que frenó de manera inmediata el paro de actividades previsto.
El principal eje de la protesta sindical se centró en el vaciamiento de la institución estatal con el paso de los años. Sobre la severa fuga de profesionales, la vocera detalló: «Desde el año 2019 a la fecha, se han ido del organismo 26 personas por renuncias, por traslado a otro organismo, por jubilaciones». Para paliar este déficit, el plantel exigió con insistencia la apertura de concursos públicos para cubrir puestos vacíos y para garantizar ascensos laborales.
La escasez de recursos humanos y las demoras administrativas impactaron de forma directa en los servicios de información para la comunidad. Se trata del organismo que mide las estadísticas del IPC provincial que establece los parámetros para determinar el aumento salarial de los trabajadores estatales.
Sobre la dilatación gubernamental para autorizar encuestas, Sarín recordó la inacción oficial: «Ni siquiera hemos tenido una respuesta por la negativa». Esta apatía institucional provocó la desactualización de la página web oficial, la suspensión de estadísticas municipales básicas y la reducción de operaciones de campo provinciales.
Frente a este escenario de desidia, el personal organizó un cese de labores con asamblea y retiro de los sectores de trabajo para visibilizar el constante vaciamiento de la dependencia. Pese a estos planes, las autoridades intervinieron de forma rápida y dictaron la conciliación obligatoria para evitar reclamos. «Nos han impedido hacer esa medida», lamentó la representante sobre la sorpresiva interrupción de la protesta pacífica en las calles céntricas de la capital neuquina.
Tras la orden de los funcionarios, el conjunto de empleados acató la normativa legal, suspendió las actividades de difusión y mantuvo sus labores habituales en las oficinas. El gobierno fijó una audiencia para la semana próxima, aunque los delegados expresaron un fuerte escepticismo ante la continua inacción y el claro vaciamiento del organismo. Los operarios exigieron respuestas concretas para ejecutar de forma correcta sus tareas diarias de recolección de datos.
