La libertad condicional a Pedro Joffré motivó que la víctima del ataque, ocurrido el 29 de julio de 2022 en San Martín de los Andes, Elena Cabezas, expresara su indignación. El «tirador de ATE» recibió una condena de ocho años de prisión efectiva por disparar con un revólver calibre .32 mientras apuntaba a dos reporteros gráficos. La mujer manifestó su malestar ante el beneficio otorgado y sostuvo que en este caso «la justicia prevalece antes que los derechos de la víctima».
El dictamen que otorga la libertad al Pedro Joffré establece como única restricción la prohibición de ingreso a la localidad donde reside la damnificada. Cabezas recordó que el proyectil impactó en su cadera y quedó alojado a escasa distancia de la médula. Por tal motivo debió someterse a una serie de cirugías para retirar esquirlas y un año de rehabilitación kinesiológica. Sobre el proceso judicial y la salida anticipada del agresor, la víctima dijo en LU5 que, hasta el día de hoy, sigue en tratamiento psicológico de forma particular. “Ahora no es el miedo sino la bronca o la impotencia de saber que este hombre está suelto», expresó.
La resolución sobre la libertad de Pedro Joffre reabrió el debate respecto del tratamiento de personas que portan armas con numeración limada. Durante las audiencias previas, la mujer relató que el tirador evitó cualquier tipo de contacto visual o expresión de remordimiento. «Nunca me miró a la cara ni me pidió disculpas ni dijo estar arrepentido de nada. Agachaba la cabeza, miraba para otro lado», describió Cabezas al referirse a la actitud del hombre durante las etapas del juicio.
La víctima enfatizó que el agresor viajó a la localidad cordillerana con una intención distinta a la de participar en una movilización gremial. Según su testimonio, Joffre «vino a delinquir, no vino a una marcha pacífica» y cuestionó la portación del arma de fuego desde el inicio de la jornada. Asimismo, recordó que el atacante logró evadir el cerco policial inicial para escapar de la ciudad tras el tiroteo, antes de ser finalmente capturado y procesado por la justicia provincial.
Actualmente, Elena Cabezas continúa bajo tratamiento psicológico para afrontar las secuelas del trauma vivido hace casi cuatro años. El sistema judicial consideró que el tiempo transcurrido en prisión era suficiente para acceder al beneficio de la condicional, a pesar de la gravedad de las lesiones causadas. La mujer concluyó que el sistema priorizó las garantías del atacante. «Prevalecían los derechos de él antes que los míos», sostuvo.
