El viceministro de Economía, Daniel González, confirmó que el Gobierno avanzará con la inminente reconcesión de las represas del Comahue tras conversaciones con los gobiernos de Neuquén y Río Negro y, al mismo tiempo, moderó las expectativas sobre el ritmo de crecimiento en Vaca Muerta y de la balanza comercial del sector energético a partir de un menor precio del barril internacional respecto al año pasado.
González participó este martes del foro AmCham Energy, en el cual ofreció un panorama sobre los planes del Gobierno nacional en materia energética, abordando desde la administración de activos estatales, el desarrollo de obras de infraestructura por parte de los privados hasta las proyecciones para el sector de hidrocarburos.
En ese repaso, luego de meses de negociaciones con las provincias de Río Negro y Neuquén, González anunció que el Gobierno está «listo para salir con la reconcesión de las represas del Comahue«. Enfatizó que “no se trata de una privatización, ya que las concesiones anteriores eran privadas y estaban vencidas, sino de un proceso para adjudicar la operación por los próximos 30 años”, con lo cual se busca garantizar la continuidad y la inversión en infraestructuras clave para la generación eléctrica.
En la misma línea de reestructuración de activos, el viceministro adelantó que antes de fin de año se espera vender la participación del Estado en Transener, una de las principales empresas de transporte de energía eléctrica, de la cual Enarsa tiene el 50% de participación en la controlante Citelec. Además, señaló que en 2025 y, con mayor fuerza en 2026, se venderán o reconcesionarán los principales activos de esa empresa estatal.
Respecto al desarrollo de Vaca Muerta, González fue cauteloso. Admitió que la actividad podría no alcanzar los niveles de crecimiento observados en el pasado reciente, una situación que describió como parte de la «evolución normal del sector petróleo y gas«.
En ese sentido, mencionó la caída del 15% en los equipos de perforación en Estados Unidos y el Permian, un yacimiento similar al no convencional neuquino. El funcionario explicó que las empresas ajustan sus planes de inversión en función del contexto económico y los precios internacionales del petróleo, que bajaron de 80 a 60 dólares por barril en el último año. “Esto hace más difícil ser competitivo y obliga a las compañías a reevaluar sus proyectos”, aseguró, aunque no lo consideró una «alarma» o una «luz amarilla», sino una adaptación necesaria.
El viceministro también se refirió a la compleja tarea de la política tarifaria, la cual ha tenido que enfrentar la recomposición del costo de la energía y la retribución de las empresas de forma simultánea en los primeros 18 meses de gestión. González destacó que el Gobierno recibió un sistema donde la demanda pagaba solo el 30% del costo de la energía, una cifra que hoy asciende al 80%. Este ajuste, que implicó «aumentos grandes», fue calificado como “una medida indispensable para normalizar el sistema y fomentar la inversión, evitando así una futura escasez de energía”.
En el aspecto fiscal, la reducción de subsidios fue un pilar clave. El funcionario reveló que “los subsidios energéticos, que llegaron a representar el 2% del PBI y un gasto de 100.000 millones de dólares, hoy se ubican entre el 0,5% y el 0,6%”. Esta significativa baja, explicó, permite al Gobierno ser «más selectivo» en la evolución de su reducción y en el impacto en las tarifas. En ese sentido aseguró que “las tarifas de las distribuidoras de energía y gas ya pasaron por una revisión integral y que, a partir de ahora, se mantendrán en términos reales, lo que significa que su evolución no debería superar la de la inflación para lo que resta del año”.
En cuanto a la balanza energética, el viceministro resaltó el cambio de enfoque impulsado por la Ley Bases. “A diferencia de la antigua Ley de Hidrocarburos que promovía el autoabastecimiento, la nueva normativa busca la maximización de recursos, la libre competencia y la referencia de precios internacionales, un factor crucial para atraer inversiones”, dijo.
Gracias a Vaca Muerta y la sustitución de importaciones de líquidos, explicó, el país revirtió un déficit de 7.000 millones de dólares a un superávit de 5.500 millones el año pasado. Si bien la caída del precio internacional del petróleo podría moderar el superávit, se espera que el mayor volumen de producción compense parcialmente esta situación, proyectando un resultado para 2025 en línea con el año anterior, o incluso un 10% por encima.
Finalmente, González abordó la situación de la infraestructura, defendiendo la gestión reciente ante las críticas por los cortes de gas en invierno. Negó que hubiera una «crisis del gas» y explicó que el protocolo para cortar el servicio a usuarios no esenciales funcionó.
El funcionario destacó que la infraestructura de transporte de hidrocarburos está siendo desarrollada por el sector privado y que el Gobierno se enfoca en generar las condiciones para ello, citando como ejemplo el financiamiento privado del Oleoducto Vaca Muerta Sur, que semanas atrás cerró un préstamo sindicado con bancos internacionales por 2.000 millones de dólares.
En el sector eléctrico, si bien los proyectos de transmisión toman más tiempo, el Gobierno ya licitó el almacenamiento de potencia en el AMBA, lo que generó un gran interés con 27 ofertas por 1.400 MW. Este plan busca mitigar los problemas de picos de demanda y representa la primera vez en décadas que la distribución contrata directamente a la generación.
Finalmente, dijo que para el Gobierno la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un “éxito total” al permitir que “varios proyectos que estaban en duda se aceleraron, en minería mucho más, y hay tres proyectos inmensos que se van a presentar en algún momento de este año vinculados al cobre”, adelantó.
“Tenemos varios proyectos adicionales presentados (a los ya conocidos), uno en energías renovables próximo a ser tratado en la próxima semana, proyectos de tratamiento de crudo, de logística, lo que demuestra que el RIGI es una herramienta muy importante porque ofrece menos impuestos, acceso al mercado de cambio y estabilidad regulatoria y fiscal, que es lo que más buscan los inversores extranjeros”, cerró.
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