El sector de los biocombustibles busca redefinir el contexto normativo que acompañe su necesidad de desarrollo hacia nuevos recursos que permita aprovechar los recursos locales y la demanda de los mercados internacionales. En ese proceso de repensar legislación, políticas y estrategias el sector busca alcanzar consensos para acelerar algunos pasos clave.
En ese sentido, el presidente de la Liga de Provincias Bioenergéticas (LPB) y Secretario de Planificación Energética de Córdoba, Sergio Mansur, se reunió con el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, y el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz), Patrick Adam, para analizar los desafíos del sector.
Sin dudas, entre ellos resaltan los escenarios planteados por el nuevo proyecto de ley de biocombustibles presentado por el bloque oficialista de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el cual se suma al creado por la Liga Bioenergética de Provincias, que tiene el amplio consenso de Gobiernos y Productores.
El objetivo de ambas iniciativas es modificar la actual ley 27.640, impulsada por el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, por lo cual la intención es actualizar esa normativa para que los cambios se produzcan antes.
El debate se da en momentos en que el análisis fiscal del biodiésel muestra un saldo negativo recurrente y que en 2023 alcanzó los u$s 221 millones, de acuerdo a un reciente informe de la consultora Economía & Energía (E&E). Si se analiza la progresión desde que se implementó el régimen de promoción, el costo fiscal asociado a la producción del biodiesel está por encima de los u$s 5800 millones.
La utilización de biodiesel en el mercado local también ha tenido un impacto significativo en términos externos, acumulando un saldo negativo de divisas de u$s 2822 millones. Por su parte, el costo fiscal acumulado de la elaboración de etanol (a partir de caña de azúcar y de maíz) se ubica en torno a los u$s 1880 millones, mientras que, a diferencia del biodiesel, el saldo comercial de la utilización de etanol ha sido positivo, en u$s 2413 millones.
Los directivos del sector coincidieron en la «necesidad impostergable» de contar con un nuevo marco legal para los biocombustibles, que proyecte un futuro de expansión y consolidación de la producción y consumo de bioetanol y biodiesel, entre otros combustibles no fósiles, considerando que el actual régimen está «agotado».
«Argentina necesita una norma que permita aprovechar el gran potencial del país basado en la bioeconomía, la economía circular y las bioenergías, para materializar su impacto favorable en la balanza comercial, el agregado de valor de las materias primas agropecuarias, la generación de empleo de arraigo, el desarrollo federal, la acción climática, la salud y los cambios de comportamientos de los consumidores que buscan cada vez más ser sujetos activos con la huella ambiental de sus consumos»,expresaron de manera conjunta.
También consideraron que la Liga y el sector privado «trabajarán para integrar las mejores propuestas que tienen ambos proyectos» al entender que «una nueva propuesta viable y con consensos más amplios, puede ser posible». Por un lado, el proyecto ya presentado por la Liga, fruto del consenso entre provincias productoras de biocombustibles y sus sectores productivos, y por el otro, el que presentó la Diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.
«Queremos trabajar primero sobre los puntos en común, como por ejemplo el aumento del uso de biocombustibles. La idea es llegar lo antes posible al debate parlamentario con un proyecto integrado que tenga un mayor respaldo político y productivo», enfatizaron. En particular, el proyecto de los diputados de LLA fija una suba del corte obligatorio a partir de 2027 en el biodiésel y el bioetanol, del 10% y 15% respectivamente.
La Liga de Provincias Bioenergéticas agrupa a Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán, creada en 2018 para articular políticas públicas tendientes al desarrollo de las bioenergías. Pero jornadas atrás, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) se sumó a la oportunida de dar un amplio debate al resaltar la voluntad del oficialismo de debatir cambios en la ley que regula al sector, con la incorporación a ese debate de «todos los miembros de esta industria».
La Cepreb que nuclea a pymes productoras de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, manifestaron su voluntad de «aportar los elementos necesarios para que la misma además de potenciar el crecimiento del sector garantice la seguridad jurídica de quienes ya invirtieron con el marco legal vigente y llevan adelante una actividad productiva de alto impacto».
Esta expresión resultó novedosa en las últimas horas ya que la postura de la Cepreb era no acompañar una discusión que tuviera como prioridad la postura de los grandes productores y exportadores de biocombustibles, al sostener que las pequeñas y medianas empresas tenían prioridades y posibilidades distintas de aportar a un nuevo esquema del sector.
Pero mientras se busca avanzar con el debate para llegar lo antes posible al recinto del Congreso con un proyecto de consenso, la entidad reclamó «se publique un precio de comercialización del biodiesel acorde a los costos de producción que permita retomar la actividad y el abastecimiento normal de biodiesel».
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