Autor: Lacar Digital

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Personal de la Dirección de Acequias lleva adelante tareas programadas con la Junta Vecinal de Zona VI, Valle Chapelco, por medio del presidente de la Comisión Vecinal, Guillermo Moreno.

Este miércoles se realiza un zanjeo de unos 1000 metros, se trabajará también en la colocación de alcantarillas y tareas de limpieza.

La zona sufre inundaciones en invierno que intentan ser solucionadas con esta obra coordinada por las subsecretarías de Servicios Públicos y de Juntas Vecinales.

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El fiscal general José Gerez propuso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazar la acción de inconstitucionalidad contra el cobro de la “tasa vial” que implementó la municipalidad de San Martín de los Andes, y que fue impulsada desde diversas asociaciones de la ciudad.

La resolución la tomó hoy, mediante un dictamen en el que evaluó la cuestión de fondo, y en el que señaló que el cobro de la tasa aprobada mediante la ordenanza 14.591 en febrero del año pasado, “no exhibe una incompatibilidad constitucional que lleve a invalidarla…”. Esto, en el contexto de una acción declarativa de inconstitucionalidad como la que impulsaron la  Asociación Hotelera Gastronómica, la Cámara Inmobiliaria, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, que es una vía procesal prevista en la Constitución Provincial.

Gerez sostuvo que “el objeto central es el control de coherencia de normas de alcance general emanadas de algunos de los poderes públicos del Estado, en este caso municipal, con el ordenamiento constitucional provincial”. Porque el tipo de acción impulsada por las asociaciones, “alcanza exclusivamente al confronte de las normas impugnadas con la Constitución Provincial y no habilita que se analice con fines abrogatorios si la ordenanza puesta en crisis es contraria a leyes nacionales, ni siquiera a la Constitución Nacional…”. Esto porque, en la vía procesal elegida por las asociaciones, el análisis que se efectúa es general sobre el contenido de la ordenanza, y no se evalúa su aplicación a algún caso concreto.

El fiscal general destacó que “de acuerdo con los principios constitucionales de legalidad, igualdad, finalidad y razonabilidad, interpreto que los tributos creadas por el órgano municipal competente para ello no exhiben una incompatibilidad constitucional que lleve a invalidarlas con los efectos de una acción declarativa de inconstitucionalidad como la aquí propuesta, sin perjuicio de los cuestionamientos o agravios que pudieran analizarse bajo otro tipo de control de constitucionalidad a la luz de un caso en concreto”.

Añadió que, en tal sentido, “encuentro que el tributo municipal aparece justificado en el interés público que para la comuna reporta el transporte urbano de personas, frente a las claras consecuencias generadas por las quitas de subsidios desde Nación”.

La “tasa vial” fue creada en febrero pasado mediante la Ordenanza 14.591, por un plazo de 24 meses y sobre un escenario de declaración de “Emergencia Vial y de Transporte Público de Pasajeros”, con el objeto de “generar y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual para contar con una red vial que asegure la sustentabilidad del sistema, la movilidad y el tránsito urbano en condiciones de generalidad, regularidad, y que se garantice la accesibilidad de los usuarios al transporte público de pasajeros”.

Gerez planteó que “no puede soslayarse como punto de partida para el análisis que cabe realizar sobre las atribuciones tributarias municipales, por la subsistencia misma de dichos entes locales, que deben contar con auténtica autonomía económica–financiera, para poder hablar de verdadera autonomía municipal”. Añadió que “puesto que, sin tesoro municipal en condiciones de atender los requerimientos básicos que la sociedad local reclama, tampoco se puede hablar de real autonomía en ese ámbito del gobierno local”. Asimismo, mencionó que “no escapa a este Ministerio Público Fiscal que en la cuestión subyace una temática delicada y jurídicamente compleja, de la que mucho se ha escrito en los últimos años, por la importancia y necesidad de los recursos económicos para la propia subsistencia de los municipios y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, primer eslabón de la democracia y ámbito político más cercano e inmediato para los ciudadanos beneficiarios de los servicios que presta”.

Sobre este escenario, el fiscal general propuso al TSJ rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad impulsada por las diversas asociaciones de San Martín de los Andes, “en el convencimiento de que en el caso el marco constitucional no ha sido alterado”.

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El Ejecutivo municipal recuerda que se mantiene vigente el Registro de Obras o Construcciones No Declaradas, que permite la regularización de este tipo de proyectos.

La Ordenanza N° 14687, publicada en el Boletín Oficial el 24 de mayo de 2024, mediante la cual se crea el Registro, promueve la regularización de todas las construcciones que no afecten a predios linderos. También determina que los expedientes de obras y construcciones no declaradas abonarán sólo el 50% de los Derechos de Construcción.

La normativa establece, en su Artículo 4º, que la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sostenible registrará las obras y construcciones no declaradas discriminadas en las siguientes categorías:

a) reglamentarias: las que cumplan íntegramente las normas urbanísticas vigentes cuyos planos serán aprobados por la autoridad competente;

a) reglamentarias: las que cumplan íntegramente las normas urbanísticas vigentes cuyos planos serán aprobados por la autoridad competente;

b) antirreglamentarias: las que no cumplan con las normas urbanísticas vigentes cuyos planos presentados se aprobarán al solo efecto de su empadronamiento y determinación de las tasas, derechos y contribuciones que correspondan, siempre que sus incumplimientos no sean alcanzados por lo establecido en el Artículo 3º de la Ordenanza.

El referido Artículo 3° dispone que no se aprobarán usos no contemplados en las ordenanzas de zonificación correspondientes al área donde se ubique la construcción; estacionamientos ubicados en los retiros de frente, salvo que posean ordenanza que autorice dicha ocupación; obras y construcciones que no cumplan con la Ordenanza 13456/21 “Obligación de estacionamientos en construcciones” y con algunos artículos de la Ordenanza 12.526/19 Código de Edificación.

El mismo artículo también especifica que no se aprobarán obras y construcciones implantadas en el ámbito territorial contemplado en la Ordenanza 8390/2009; obras y construcciones en zonas con riesgo geológico; obras y construcciones que excedan los límites del lote y vulneren derechos de terceros colindantes; obras y construcciones que puedan afectar la seguridad o salubridad de personas, cosas, moradores, eventuales usuarios del inmueble o la comunidad en general; y “obras y construcciones que durante el período de vigencia de la presente ordenanza, hayan sido objeto de actas de infracción y/o paralizadas preventivamente”. 

 El artículo 5º establece que las obras y construcciones no declaradas antirreglamentarias se relevarán sin que se imponga demolición, multas o adecuación a las exigencias de carácter edilicio.

El artículo 9° establece que las obras y construcciones que excedan los límites del lote, no serán registradas, aprobándose el trámite exclusivamente de las superficies intraparcelarias, por las que se liquidarán tasas y derechos.

 La Ordenanza N° 14687 establece una vigencia de 180 días corridos a partir del 24 de mayo de 2024. Una Ordenanza posterior, la N° 14884/24 extendió el plazo por otros 180 días corridos, por lo que la regularización se mantiene vigente.

(Más información y la ordenanza completa en prensa.sma.gob.ar)

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