La de este jueves fue la última de las 11 jornadas donde se presentaron las pruebas aportadas por las partes en el jucio por la explosión e incendio en la destilería New American Oil , NAO, que dejó a tres operarios muertos: Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina. Ninguno de los cinco imputados hizo uso de la palabra en esta instancia. El lunes a las 9 empezarán los alegatos de clausura.

El tribunal colegiado que integran Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font dio por cerrada esta etapa del juicio, después que se escucharon los dos últimos testimonios vía Zoom. En total, fueron 45 declaraciones las que se escucharon desde el pasado 15 de abril cuando se inició el juicio.

En los dos casos se trató de testigos que presentó el Ministerio Público de la Defensa, a través de Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo.

Uno de ellos fue de un licenciado en Higiene y Seguridad Laboral que se dedica a asesorar empresas de la industria del petróleo y gas. Uno de los primeros puntos que abordó fue que la actividad hidrocarburífera, en la Superintendia de Riesgos de Trabajo no tiene un decreto específico. “No hay legislación específica para el rubro, si hay guía de recomendaciones”, subrayó.

Detalló cuáles son las leyes que pueden encuadrar a las y los trabajadores. En cuanto a las inspecciones en la planta, al ser consultado si el profesional en seguridad e higiene tiene incumbencia, aclaró que tiene implicancia, pero quien la hace “debe estar formado para saber qué está mirando”.

Aportó que la resolución 905 de 2015 describe a los profesionales de seguridad, la actividad de médicos laborales y el técnico en seguridad. Sobre este último, explicó que es un “colaborador” del profesional. Sobre quién es el responsable directo del funcionamiento de una red contra incendios en una refinería, el testigo subrayó que como no está legislado, por usos y costumbres, el “profesional se tiene que formar ad hoc, generalmente armamos brigadas de ataque contra incendios con los operadores”.

Y la responsabilidad de la red contra incendios, “la damos con el profesional que definamos y se especialice en esa red contra incendios, tiene que ver con cada situación particular”.

El otro testimonio fue el de un licenciado en Seguridad e Higiene que pertence a una empresa que se dedica a realizar auditorías, para lo que debe estar en inscripta en la Secretaría de Energía. Respondió que no estuvo personalmente en NAO y que lo hizo otro profesional para la auditoría. Describió cada uno de la documentación exigida y las acciones que se concretan.

Dijo que el rol de un auditor no le incumbe el procesamiento de una planta. Si, en cambio lo que atañe a la seguridad. Aclaró que un auditor “no puede dar de baja” a una planta, en el caso que haya irregularidades y que el poder de policía en ese caso lo ejerce el municipio. Los tres testigos que restaban declarar fueron desistidos.

Le siguió la lectura de las convenciones probatorias -son aquellas pruebas que ninguna de las partes objeta- y el desestimiento de más de una treintena de testigos.

Luego el juez Sommer que dirige la audiencia les preguntó a cada uno de los cinco imputados Guido Torti; Silvio Saibene; Gimena Brillo; Natalia González y Alfredo Novaro; si querían hacer uso de la palabra después de haber escuchado todos los testimonios.

Ninguno habló, pero eso no implica que sea usado en su contra. Hay otra última instancia para que lo hagan y será una vez que concluyan los alegatos previstos para el lunes, a las 9.

Se acordó que cada una de las partes tendrá dos horas como máximo para exponer por qué consideran que debn ser declarados culpables o no cada uno de las cinco personas imputadas.

En este juicio, la acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, junto a la fiscal del caso Ana Mathieu; los abogados que representan a las querellas, Gabriel Contrera, y Laila Salazar que representan a la familia Herrera; y Lucas Dumigual que lo hace por la familia de Fernando Jara.

Mientras que la defensa particular está a cargo de Juan Coto y lo hace con Torti y Saibene. Mientras que los defensores públicos (Simonelli y Ocejo) asisten Brillo, González y Novaro.