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El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que rechazó la cautelar impulsada para frenar la construcción de las escuelas 361 y EPET 28 en el predio del CEF 7 terminó reforzando uno de los puntos centrales que semanas atrás había sostenido la Fiscalía de Villa La Angostura al resolver el archivo provisorio de la denuncia penal contra funcionarios municipales y concejales.
La resolución dictada por la Fiscalía en sede penal, había señalado que el eje del conflicto dependía de una compleja discusión administrativa vinculada a la verdadera naturaleza jurídica del inmueble y a la validez de las ordenanzas cuestionadas -la cual distaba de aparecer evidente- y requería que la misma sea resuelta prioritariamente en el fuero contencioso-administrativo.
Precisamente, el TSJ (con dictamen favorable de la Fiscalía General) sostuvo ahora que el caso presenta una complejidad jurídica relevante, con antecedentes normativos e históricos que impiden considerar configurada una ilegalidad manifiesta, pero haciendo hincapié en que preliminarmente podía vislumbrarse que la situación del destino real del bien no se condecía con el de espacio verde.
En ese contexto, lejos de mantener una actitud inactiva o parcial, la Fiscalía en su extensa resolución adoptó un posicionamiento jurídico que resultó determinante para evitar una indebida injerencia del derecho penal sobre cuestiones cuyo núcleo de discusión pertenece al ámbito administrativo y constitucional.
La decisión de no avanzar prematuramente con imputaciones penales aparece así alineada con el criterio que posteriormente terminó convalidando el Máximo Tribunal Provincial: la existencia de una controversia administrativa seria y jurídicamente discutible no convierte automáticamente los hechos en delito penal, máxime cuando se ha determinado que no existía verosimilitud en el derecho alegado por el accionante Hensel.
La investigación penal fue archivada de manera provisoria y supeditada a lo que finalmente se resuelva en sede contencioso-administrativa respecto de la validez de las ordenanzas actualmente cuestionadas.
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