La causa que investiga irregularidades en la Legislatura de Neuquén durante la gestión de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz entró en una nueva etapa de escalada judicial. El fiscal de Delitos Económicos Juan Narváez presentó esta semana una ampliación de la investigación que suma cuatro nuevos imputados, refuerza los cargos contra la ex vicegobernadora y amplía las acusaciones que ya pesaban sobre la ex secretaria de Cámara María Isabel Ricchini y la ex prosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez.
El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves para completar la audiencia, a la espera de que las defensas respondan a las imputaciones y la fiscalía presente un hecho adicional bajo investigación. Cuando eso ocurra, el magistrado deberá definir si avala la formulación de cargos y si es necesario redefinir los plazos del proceso.
Los tres ejes de la nueva ampliación
El fiscal Narváez articuló la ampliación sobre tres hechos concretos que, en conjunto, suponen un perjuicio millonario al Estado provincial.
El primero involucra a la empresa Big Sur Marketing, ya denunciada en octubre de 2025. En esta oportunidad, la imputación se extendió al socio gerente de la firma, acusado de haber colaborado de manera indispensable en una contratación directa que provocó un perjuicio de 45 millones de pesos. La empresa habría sido contratada por vía de excepción sin que existieran justificaciones para eludir los mecanismos establecidos por la Ley 2141.
El segundo eje involucra a otro proveedor de la Casa de las Leyes, con 16 contratos para la provisión de servicios gráficos, gigantografías, banners y materiales publicitarios por un total de 45,5 millones de pesos que no se enmarcaban en los protocolos vigentes. En esta maniobra habrían intervenido el ya condenado Pablo Ruiz, las ex funcionarias Ricchini y Sánchez, y el proveedor como partícipe necesario.
El tercer hecho, quizás el más llamativo, involucra a un empleado encubierto: el jefe de prensa de la Legislatura, que fue dado de baja formalmente en abril de 2024 pero continuó ejerciendo sus funciones. Para encubrir su continuidad laboral, la Legislatura habría suscripto un contrato de locación de servicios con la pareja del jefe de prensa, quien nunca prestó los servicios comprometidos. Entre julio y noviembre de 2024, esa mujer habría recibido 19,5 millones de pesos por trabajos que no realizó.
La primera condena y el dinero recuperado
El 5 de junio, el juez Lucas Yancarelli condenó a Pablo Ruiz, hermano de la ex vicegobernadora y ex coordinador de la Casa de las Leyes, a tres años de prisión en suspenso por peculado y administración fraudulenta. El condenado admitió haber desviado fondos oficiales a su propia cuenta y haber realizado plazos fijos por más de 50 millones de pesos con dinero destinado a programas sociales y culturales. Esos fondos fueron confiscados y puestos a disposición del gobierno de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa anunció que serán destinados a sectores vulnerables de la población.
La semana también sumó otro revés para Gloria Ruiz en el plano administrativo-judicial. La jueza María Eugenia Grimau declaró inadmisible el amparo que la ex vicegobernadora había presentado para pedir la inconstitucionalidad de su destitución y su reintegro al cargo, con pago íntegro de dietas y haberes. La magistrada rechazó el pedido por dos razones: el amparo no procede contra la actividad legislativa, y el plazo entre la destitución y la presentación de la acción había vencido. Ruiz, que fue separada de su cargo por votación de los diputados bajo la figura de «inhabilidad moral», sigue sin poder revertir esa situación por vía judicial.
