El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una grave denuncia penal en Argentina, impulsada por la Fundación Apolo, presidida por el legislador porteño Yamil Santoro.
La acusación, presentada en la Justicia argentina, señala presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores, y se fundamenta en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.
La denuncia fue formalizada por Yamil Santoro, junto a José Magioncalda, jefe de legales de Apolo, y el abogado patrocinante Ignacio Falcón, quienes argumentaron que durante la estadía de Morales en Argentina entre 2019 y 2020, el expresidente convivió con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia en situación de vulnerabilidad.
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Según el testimonio de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, estas jóvenes desempeñaban tareas serviles en su residencia, y Morales recibía “niñas como obsequios” de personas que buscaban favores políticos.
Apolo también recordó otras acusaciones similares que Morales ha enfrentado en Bolivia, incluyendo la presunta relación con una joven menor de edad, Noemí Meneses Chávez, quien habría tenido 14 años al momento de iniciar la relación.
En 2020, Apolo solicitó a Migraciones información sobre el ingreso de menores presuntamente afectadas, pero el acceso fue denegado por razones de confidencialidad, lo que motivó un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, también rechazado.
La denuncia resalta la gravedad de estos hechos y la posible vulneración de derechos fundamentales, instando a la Justicia argentina a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y proteger los derechos de posibles víctimas. La Fundación Apolo subraya que estas conductas serían punibles no solo en el ámbito local sino también en el marco del derecho internacional sobre la protección de menores y la lucha contra el tráfico de personas.









