La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta y por unanimidad una modificación a la Ley 1844, que permite ampliar y reconocer las condiciones laborales de los choferes de ambulancia.
Entre las principales modificaciones figuran el reconocimiento de bonificaciones, régimen de horas extras, indumentaria, capacitaciones y seguro adicional, y -además- crea el cargo de jefe de choferes y contralor del parque automotor.
Lorena Matzen (UCR), autora de la iniciativa junto a su par de bloque Ariel Bernatene, señaló que a través de su propuesta se compensa «una situación de inequidad que existe desde hace muchos años».
Dijo que «la figura del chofer ha adquirido una dimensión trascendental en nuestro sistema de salud, siendo pilar fundamental del equipo de respuesta pre-hospitalario y de traslados de pacientes entre jurisdicciones locales e interprovinciales».
La legisladora agregó que «esto le ha exigido a cada conductor formarse para el desarrollo de destrezas y habilidades que le permitan resolver las diferentes situaciones de emergencias. Implica que el chofer de la ambulancia no sólo tiene responsabilidad en la conducción de la misma, sino directamente en el traslado de pacientes en estado crítico que exigen una respuesta con celeridad, eficiencia y absoluta precisión».
Entendió que «el chofer es parte de un equipo de respuesta de intervención para situaciones complejas y en escenarios diversos: siniestralidad vial, rescate vehicular y manejo inicial del trauma; soporte vital básico-avanzado, reanimación cardiopulmonar; dispositivos de riesgo previsible para la cobertura de eventos de masiva concurrencia; incidentes que involucran a víctimas múltiples y escenarios de desastres, entre otros».
Piden al Ejecutivo que reglamente la ley de acompañantes terapéuticos
La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo provincial la inmediata reglamentación de la Ley 3.147 —que regula el ejercicio de la actividad de los acompañantes terapéuticos—.
La legisladora, señala que la norma fue sancionada el 10 de octubre de 2018 y promulgada el 2 de noviembre del mismo año, y que hasta la fecha, la ley no cuenta con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, motivo que impide su vigencia y aplicación.
Al respecto, Buchiniz indica que la reglamentación de la ley no es solo una obligación legal, sino también una exigencia de seguridad jurídica. En tanto, sostiene que “hoy los profesionales están en un limbo normativo que favorece la informalidad, la precarización laboral y la discrecionalidad en la contratación”. Agrega que la situación genera desorden y falta de confianza en las instituciones.
La diputada sostiene que los acompañantes terapéuticos cumplen un rol esencial en el ámbito de la salud y la inclusión social, acompañando a personas con discapacidad, con padecimientos de salud mental, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad social.
Por lo expuesto, subraya que el Estado provincial tiene la responsabilidad de fijar reglas claras, que permitan el ejercicio de la actividad con estándares definidos y dentro de un marco de legalidad.
El proyecto de resolución (17976) ingresó por Mesa de Entradas el 30 de septiembre de 2025 con las firmas de Brenda Buchiniz (Cumplir); César Gass (JxC-UCR); Juan Sepúlveda (MPN) y Darío Martínez (UxP).
El noveno capítulo de El Banquete, el ciclo de entrevistas políticas de Patagonia.Press, tuvo como invitado a Pablo Cervi, diputado nacional por la UCR y candidato a senador por La Libertad Avanza. En un diálogo a fondo con Agustín Amado y Mario Nico González, el dirigente respaldó la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que la provincia de Neuquén tiene un papel clave en este nuevo escenario político.
Podés ver la entrevista completa por el canal de YouTube de Patagonia.Press, y las redes sociales , en el marco de la campaña hacia las elecciones legislativas de octubre.
“Milei está teniendo una mirada más federal”
Cervi destacó los cambios que impulsa el gobierno nacional:
“Javier Milei viene haciendo cambios importantes en Argentina con palos en la rueda de muchos”.
“El presidente hizo autocrítica después de las elecciones”.
“La inflación nacional se ha podido contener y la provincial no”.
“Hoy se ve al kirchnerismo como una amenaza”.
También remarcó la necesidad de avanzar en reformas pendientes: “Necesitamos una reforma tributaria” y “Se tiene que incentivar que cada provincia se esfuerce por generar sus propios recursos”.
Recursos y desarrollo para Neuquén
Al hablar sobre la situación provincial, Cervi subrayó:
“Lo mejor que le pasó a Neuquén en los últimos años es Milei”.
“Hoy nos pagan el valor internacional del gas y del petróleo”.
“Hay que ver que los recursos que entran vayan a los neuquinos”.
“En Neuquén es más que importante que se consolide el proyecto de Milei”.
Un proyecto con mirada al futuro
El candidato a senador sostuvo que la elección será clave para sostener el rumbo económico:
“Estamos empezando a ver los resultados”.
“Hace 15 años Argentina no crea empleo privado, solo han crecido los planes sociales”.
“Creemos que la elección va a ser favorable a estos cambios”.
Un ciclo en plena campaña electoral
Con posturas definidas y frases que marcan agenda, El Banquete continúa consolidándose como un espacio para conocer en detalle a los candidatos que buscan representar a Neuquén en el Congreso.
El Congreso de la Nación le dio este jueves un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei al ratificar la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo el pasado 10 de septiembre. La votación en la Cámara Alta alcanzó una contundente mayoría de 58 votos afirmativos, frente a solo 7 votos en respaldo al Presidente y 4 abstenciones.
La decisión implica que la norma vuelve a tener plena vigencia y deberá ser implementada. Además, en la misma sesión, el Senado también rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia para el Hospital Garrahan.
Cómo votaron los senadores de Neuquén
Los tres representantes de Neuquén se expresaron en favor de la insistencia:
Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): afirmativo
Oscar Parrili (Unidad Ciudadana): afirmativo
Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): afirmativo
Cómo votaron los senadores de Río Negro
En la vecina provincia también hubo unanimidad en apoyo a la ley universitaria:
Martín Doñate (Unidad Ciudadana): afirmativo
Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): afirmativo
Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): afirmativo
Chubut: apoyo casi pleno
Andrea Marcela Cristina (PRO): afirmativo
Carlos Linares (Unidad Ciudadana): afirmativo
Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut): ausente
La Ley de Financiamiento Universitario garantiza la actualización de los fondos para las universidades nacionales, un punto que había generado fuerte reclamo de rectores, docentes y estudiantes en todo el país.
Mientras la oposición calcula que el costo de la medida representa el 0,14 % del PBI (unos $1.059 millones), el oficialismo sostiene que la cifra es más alta, cercana a los $1.500 millones.
El Congreso de la Nación le dio este jueves un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei al ratificar la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo el pasado 10 de septiembre. La votación en la Cámara Alta alcanzó una contundente mayoría de 58 votos afirmativos, frente a solo 7 votos en respaldo al Presidente y 4 abstenciones.
La decisión implica que la norma vuelve a tener plena vigencia y deberá ser implementada. Además, en la misma sesión, el Senado también rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia para el Hospital Garrahan.
Cómo votaron los senadores de Neuquén
Los tres representantes de Neuquén se expresaron en favor de la insistencia:
Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): afirmativo
Oscar Parrili (Unidad Ciudadana): afirmativo
Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): afirmativo
Cómo votaron los senadores de Río Negro
En la vecina provincia también hubo unanimidad en apoyo a la ley universitaria:
Martín Doñate (Unidad Ciudadana): afirmativo
Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): afirmativo
Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): afirmativo
Chubut: apoyo casi pleno
Andrea Marcela Cristina (PRO): afirmativo
Carlos Linares (Unidad Ciudadana): afirmativo
Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut): ausente
La Ley de Financiamiento Universitario garantiza la actualización de los fondos para las universidades nacionales, un punto que había generado fuerte reclamo de rectores, docentes y estudiantes en todo el país.
Mientras la oposición calcula que el costo de la medida representa el 0,14 % del PBI (unos $1.059 millones), el oficialismo sostiene que la cifra es más alta, cercana a los $1.500 millones.
Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
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Las dos leyes fueron insistidas con dos tercios de los votos y recuperan vigor. La primera obtuvo 59 adhesiones, mientras que la segunda consiguió 58. Expectativa por el próximo movimiento del Ejecutivo, que días atrás dilató el giro de fondos para la también reactivada norma sobre discapacidad
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En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató, días atrás, el giro de fondos.
Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala– sobre un total de x presentes. En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.
Qué se dijo en el recinto
Lo más curioso de la discusión de hoy fue que los dos miembros informantes fueron dos senadores kirchneristas que, durante largos meses de 2024, se rehusaron a integrar las comisiones que ahora presiden y que empujaron ambos debates: la catamarqueña Lucía Corpacci (Salud) y el bonaerense Eduardo De Pedro (Educación). La primera afirmó que no se puede “mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica”.
Aparecieron otros soldados del Frente de Todos para reforzar los conceptos iniciales. Por caso, el peronista Guillermo Andrada (Catamarca) señaló que “el Presidente no entiende que el pueblo argentino, ante ciertas conquistas, como las universidades, no se va a rendir y el Congreso lo va a acompañar”. En esa línea, sentenció: “A más vetos, más votos”.
El también justicialista Pablo Bensusán (La Pampa) aseguró la batalla legislativa nunca se trató de algo “técnico, fiscal o contable”, sino de “un debate político y moral”. Y añadió: “Para -el primer mandatario, Javier– Milei y su gobierno, sólo puede estudiar el que paga una carrera. Sólo puede atenderse en los hospitales quien paga una obra social privada. Ése es el criterio que estamos viendo con estos dos vetos que estamos tratando. Evidentemente, es un proyecto de motosierra que no corta privilegios, sino derechos.
“Si el Presidente y su equipo de funcionarios hubiesen tenido en mismo nivel de obsesión y de creatividad -en referencia a la macroeconomía- para buscar consensos, acuerdos y, sobre todo, soluciones, no estaríamos nuevamente ante esta situación”, lanzó la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).
La legisladora porteña electa pinceló la realidad de los últimos tiempos del Congreso, al acusar a la Casa Rosada de “romper todos los puentes habidos y por haber”. Más tarde, sentenció: “Echaron a los propios que osaban pensar algo distinto, crearon un nivel de agresión en este Congreso que en algunos casos, rozó lo inaudito a niveles personales, y ningunearon a gobernadores“.
Tagliaferri luego apuntó a que “apareció la plata por algo tan típico de la casta, que es el resultado de una elección, algo de ‘casta’ que ustedes -por el Gobierno- dijeron que iban a combatir”. Y finalizó: “Dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el fueguino Pablo Blanco indicó que “la obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”. Por su parte, el bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Llevamos más de un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades. Me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.
Cierres
“Un tema importante es qué hará el Ejecutivo. Si no cumple con la ley, estará cometiendo un delito e incumpliendo los deberes de funcionario público”, opinó el puntano Fernando Salino, del espacio Convicción Federal que integra el interbloque K del Frente de Todos.
En tanto, desde Provincias Unidas, el peronista disidente Carlos Espínola enfatizó: “¿Alguien le explicó al Presidente que está en juego la vida de muchos niños? Hablamos de miles de familias que recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado. En Corrientes, por ejemplo, atendieron a más de 5.000 niños el año pasado en el Garrahan“.
Por la UCR, Eduardo Vischi -comprovinciano de Espínola, flamante aliado en la última elección provincial del oficialismo local, que responde al centenario partido- habló de una “Argentina muy vulnerable y un Gobierno que, en vez de tomar nota de cuestiones prioritarias que el Congreso describe, no avanza en una decisión”, y lo calificó de “récord de insensibilidad”. Y puntualizó: “Priorizan las matemáticas y no entienden cómo hacer para equilibrar las cuentas públicas y no dejar a la deriva a sectores vulnerables”.
Tras la comparación de la administración actual con la gestión del peruano Alberto Fujimori que realizó la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires), el jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), manifestó que Milei “quiere a un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario”. Para el experimentado legislador, “el plan ya fracasó” y relató el escenario complejo en cuanto a consumo y producción en las Pymes -habló de “más de 16.000 empresas cerradas”-, entre otras cosas.
El último orador fue el titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), sostuvo que “utilizar a niños para hacer política les debería dar vergüenza”, en clara referencia al kirchnerismo, y contó que el Gobierno libertario dio “un 274% de aumento real” al Garrahan -sin precisar sobre esto, y el dato quedó en una nebulosa-, mientras que “la provincia de Buenos Aires le debe $5.000 millones, y donde no vi a nadie que marchara allí”. “Otra hipocresía”, conjeturó.
Sobre universidades, mencionó que la -destacada en el mundo- Universidad de Buenos Aires (UBA) “no hizo una auditoría en diez años y los fondos se manejan de forma discrecional”, y subrayó que existen decenas de triangulaciones “con contrataciones directas” con otras instituciones educativas. Atauche además recordó a la oposición dialoguista el maltrato que recibieron radicales, macristas y silvestres provinciales durante años de parte de los diversos gobiernos kirchneristas. “En un año y medio nos olvidamos”, apuntó el jujeño.
La Legislatura aprobó -en primera vuelta- la eliminación de la «contribución» al gremio judicial en ocasión de la tramitación de juicios patrimoniales.
La votación arrojó 34 votos a favor por respaldo de la bancada oficialista, la UCR, el ARI, el PRO, los libertarios César Domínguez, Santiago Ibarrolaza y Patricia Kid, además, de la autora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro.
Nueve legisladores, de ambas bancadas peronistas, rechazaron el proyecto. No votó Magdalena Odarda que no estaba en ocasión de la votación, pero, después, pidió la inclusión de su negativa que ya había expuesto en su discurso.
Fuerte dispositivo de seguridad alrededor de la Legislatura mientras que un grupo de manifestantes de Sitrajur acampó en la intersección de San Martín y Belgrano. Foto: Marcelo Ochoa.
La sesión se realizó con un fuerte dispositivo de seguridad, con la sede legislativa vallada, y desplazó a un grupo de manifestantes de Sitrajur a la intersección de las calles San Martín y Belgrano.
Resta un segundo tratamiento y eventual aprobación para su sanción definitiva.
La iniciativa de Mansilla elimina directamente el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Justicia que establece el pago del 2 por mil para el sindicato de los judiciales sobre los «montos juicios contenciosos y voluntarios».
Mansilla, como autora, abrió el debate y se centró en que ese pago de los contribuyentes nunca debió existir. Lo definió como «una imposición» y «peaje judicial» hacia el contribuyente y “un privilegio” de un gremio.
Yolanda Mansilla, de PRN, remarcó que se «trata de un peaje» judicial. Foto: Marcelo Ochoa.
Después, Odarda, de Vamos, afirmó que esta decisión “rompe la paz social” y “no soluciona nada” de “la crisis” y “la falta de credibilidad” por parte de la Justicia rionegrina, derivando después en un repaso de “hechos impunes”. Negó que esa tasa constituya una «barrera de acceso a la justicia» y entendió que los «obstáculos económicos son las costas judiciales exorbitantes, y la impunidad en casos sensibles de la provincia”.
Entendió que la modificación era un “ataque a los gremios y los trabajadores”. Similares posturas críticas sostuvieron sus pares Ana Mark y Leandro García, de PJ, y Luciano Delgado Sempé, de Vamos.
Este último entendió que la acción legislativa se vincula con una ofensiva contra “un gremio que no se arrodilla”, García reiteró que esa eliminación “no resolverá nada” de los problemas judiciales, y Mark vinculó esta medida con el posicionamiento de Juntos y “una alianza con los libertarios”, a partir de que la autoría pertenece a Mansilla, y lo proyectó como un riesgo frente a las definiciones electorales para el Congreso.
La oposición peronista rechazó la eliminación de la «contribución» a Sitrajur. Foto: Marcelo Ochoa.
Antes, el oficialista Lucas Pica encuadró el “acompañamiento” oficialista a la propuesta de Mansilla de que el gobierno provincial ya eliminó el año pasado cientos de tasas. Definió el pago al gremio como “anómalo” y “contra natura”, asegurando que solo existe en Río Negro.
Por su parte, el libertario Ibarrolaza adelantó su apoyo, aunque entendió que “el proyecto se queda corto” porque se debería incorporar también la eliminación de las contribuciones a los Colegios de Abogados, que perciben también el 2 por mil.
Igual ampliación fue planteada por el ARI, puntualmente por su presidente Javier Acevedo. “Hay que eliminar a los dos kioscos”, enfatizó. Luego, Mansilla aceptó abrir “esa discusión”, aunque se sabe que ella justifica el pago a las entidades de los abogados.
El presidente del bloque oficialista, Facundo López remarcó que el aporte es «de uso exclusivo» para el gremio. Foto: Marcelo Ochoa.
En los cierres, José Luis Berros, por Vamos, remarcó que el objetivo es el “disciplinamiento” del gremio por parte del oficialismo mientras entendió que “usa” a la legisladora Mansilla en ese objetivo. Insistió en que estos cambios no aportarán nada a la mejora del servicio de justicia y, en cambio, aludió a la inclusión de exfuncionarios en ese Poder como un elemento perdidoso para su calidad.
Finalmente, Juan Murillo adelantó el apoyo del PRO porque se trata de un privilegio y una ventaja exclusiva de un sindicato. Incluso pidió repetir esa actitud con otros gremios, considerando que hay decisiones cedidas en favor de ATE y Unter. Recordó que el proyecto de esencialidad educativa, de esa bancada, fue aprobado en primera vuelta pero ya lleva un año “cajoneado”.
El debate parlamentario finalizó con el mensaje de Facundo López, que explicó la quita del aporte porque es «de exclusivo uso del sindicato» y comentó que, si fuera distinto a eso, el gremio judicial debió plantear que esa contribución se constituyera en un incentivo para los trabajadores judiciales. Defendió la eliminación de «un privilegio que tiene un sindicato” que debe «buscar el financiamiento» con el aporte de sus afiliados.
Después, el legislador del oficialismo asumió un relato más general y relacionado con el discurso del provincialismo de Juntos, respondiendo a las críticas opositoras frente a “los dos extremos mentirosos”.
El parlamento provincial tratará este jueves un temario reducido que incluye la segunda vuelta del arancelamiento en hospitales y universidades para no residentes, y la eliminación de la contribución al gremio de los judiciales. También se debatirán proyectos culturales y ambientales.
La Legislatura de Río Negro volverá a sesionar este jueves con una agenda acotada pero con ejes que anticipan debate político y sindical. La reunión fue definida en Labor Parlamentaria, encabezada por el vicegobernador Pedro Pesatti, y tendrá como puntos centrales la segunda vuelta del arancelamiento de servicios en hospitales y universidades para extranjeros no residentes y la discusión sobre la contribución al gremio judicial.
El expediente que propone eliminar ese aporte, actualmente cobrado en el inicio de juicios patrimoniales, fue presentado por la legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla. En la primera instancia, contó con el respaldo del oficialismo, el PRO, el ARI y la UCR. Ante la posibilidad de que se apruebe en el recinto, el sindicato Sitrajur ya adelantó que se manifestará en la Legislatura, en rechazo a la medida.
En contraposición, no se incluyó en el temario el proyecto de esencialidad educativa, pese al pedido del bloque del PRO. Esa iniciativa había obtenido media sanción hace un año, pero quedó fuera de la agenda de este jueves.
El temario también contempla iniciativas del Poder Ejecutivo, como la creación del Museo Provincial Malvinas en Bariloche y la autorización al IPPV para donar un terreno al municipio de Sierra Colorada. Asimismo, se debatirá un proyecto que incorpora a los choferes de ambulancia al régimen de personal de la administración pública, de autoría de los legisladores radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene.
La sesión se completará con propuestas de designaciones simbólicas: Dina Huapi será declarada “Capital Provincial de la Pesca Deportiva”, Bariloche como “Capital del Ciclismo de Montaña” y la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), especie propia del Este rionegrino, será reconocida como monumento natural.
En el plano político, la reunión de Labor transcurrió sin sobresaltos, aunque volvió a evidenciar la distancia entre Pesatti y el gobernador Alberto Weretilneck, originada en la definición de las candidaturas nacionales. Pese a ello, los bloques coincidieron en avanzar con un temario reducido que promete discusiones intensas en el recinto.
En una nueva demostración de fuerza en el Congreso, la oposición se encamina a rechazar este jueves, en una sesión prevista para las 10 en el Senado, los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica en el hospital Garrahan. Con votos de Unión por la Patria, parte de la UCR y del PRO, y bloques provinciales, los dos tercios para dejar firmes las leyes estarían garantizados, por lo que el presidente Javier Milei enfrentará una nueva jornada negra.
La ley de presupuesto universitario, que busca recomponer salarios docentes y no docentes y actualizar gastos de funcionamiento, recibió en la Cámara alta 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la del Garrahan obtuvo 62 votos a favor y 8 en contra. De replicarse esas fotos, la oposición podrá celebrar un nuevo y cómodo triunfo en plena campaña electoral, aunque el Gobierno no parece dispuesto a aplicar las normas.
El temor que rodea el debate es que la Casa Rosada replique lo que hizo con la emergencia en discapacidad: en ese caso, el Poder Ejecutivo promulgó la ley ratificada por el Congreso, pero al mismo tiempo, en una decisión inédita y cuestionada constitucionalmente, la devolvió para que los legisladores indiquen cómo financiarla, aunque la norma prevé expresamente la reasignación de partidas por parte del jefe de Gabinete.
Guillermo Francos, quien quedó expuesto a una moción de censura con esa decisión, no da marcha atrás. El último lunes, reafirmó en diálogo con La Voz en Vivo, el streaming de La Voz, que la Ley de Administración Financiera obliga a incluir en las leyes la fuente de financiamiento, y ratificó que no piensan «gastar fondos que no tienen» ni tampoco «emitir dinero».
«No tengo ningún problema en ir al Congreso, que me interpelen y que debatamos una moción de censura, pero lo que no me pueden hacer a mi es cometer un delito, porque si nosotros hubiéramos llevado adelante esa ley sin decirle al Congreso que diga de dónde salen los fondos, estaríamos incumpliendo el sistema jurídico vigente, y cualquiera podría denunciarme por incumplimiento de los deberes de funcionario público», sostuvo.
Freno contra Karina Milei
En contraste con la ofensiva contra los vetos, el kirchnerismo fracasó este miércoles en su intento de dictaminar distintos pedidos de interpelación a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por el caso $LIBRA y el presunto cobro de coimas en el área de discapacidad. No hubo quórum en los dos plenarios de comisiones convocados para este tema por la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
El único pedido de interpelación que avanzó fue contra el ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinde explicaciones en el recinto sobre tres temas: el fentanilo contaminado, la situación del Hospital Garrahan y las acciones para combatir el brote de dengue y chikungunya. Sin embargo, no se especifica la fecha de citación, que será fijada recién cuando el texto se vote en el recinto.
El dato saliente fueron las señales contradictorias que dio el jefe de Unión por la Patria, José Mayans. «Los miembros del Poder Ejecutivo se niegan a venir al Parlamento, como se negó la secretaria General de la Presidencia a venir a Diputados«, dijo en uno de los plenarios, pero acto seguido no dio quórum para tratar las interpelaciones a Karina, aunque él mismo había presentado un proyecto por el caso $LIBRA.
La Legislatura de Río Negro sesionará este jueves con un temario acotado. Labor Parlamentaria resolvió este miércoles el temario de la reunión, que incluye la segunda vuelta del proyecto de arancelamiento en los servicios en los hospitales y de Educación Superior para los extranjeros no residentes.
En cambio, no se incorporó para su sanción al expediente de esencialidad educativa, a pesar del pedido del bloque del PRO, y aprobado en primera vuelta hace un año.
El mayor debate se anticipa con la iniciativa que prevé la eliminación de la contribución al gremio de los judiciales por el cobro de un trámite en ocasión del inicio de los juicios patrimoniales. Con autoría de la legisladora de Primero Río Negro, Yolanda Mansilla, ese expediente tuvo un respaldo inicial en el Plenario del oficialismo, el PRO, el ARI y la UCR.
Frente a su aprobación, la dirigencia de Sitrajur concurrirá seguramente a la Legislatura y ratificará su oposición, como ya la expuso en la reunión de las comisiones legislativas.
La reunión de Labor fue presidida por el vicegobernador Pedro Pesatti y, nuevamente, permitió un contacto directo con el presidente de la bancada del oficialismo, Facundo López. Nada extraño si no fuera por el distanciamiento suscitado entre Pesatti y el gobernador Alberto Weretilneck por la definición de las candidaturas oficiales al Congreso.
Igualmente, el encuentro fluyó sin inconvenientes. Es real también que todo se concentró en la cuestión institucional de Labor y, concluida la reunión, no se repitió aquel encuentro a solas del vice y el legislador de fines de agosto cuando coincidieron en una ocasión de similar. Evidentemente, no hay espacios para esos intercambios en el oficialismo.
Figuran, además, dos iniciativas del Poder Ejecutivo: la creación del Museo Provincial Malvinas, con sede en Bariloche, y se autoriza al IPPV para la donación de un terreno al municipio de Sierra Colorada.
Otro expediente, de autoría de los radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene, incorpora el agrupamiento de choferes de ambulancia al régimen de personal de la Administración Pública de Río Negro.
La agenda se completa con trámites que designan a Dina Huapi como Capital Provincial de la Pesca Deportiva» y a Bariloche como Capital del Ciclismo de Montaña, que fueron propuestas por Matzen y Bernatene, y la barilochense Marcela González Abdala. Además se declarará “monumento natural a la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) que habita en la región Este de Río Negro, con autoría de Fernando Frugoni.
