(Por Sebastián Hadida, para NA) Con escenario abierto y el quórum al límite, la oposición intensificaba las negociaciones para alcanzar una mayoría absoluta que le permita sesionar este miércoles en la Cámara de Diputados y convertir en ley el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.
Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122 que regula los DNU, y que de promulgarse le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.
La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner para apuntalar la lógica de hiper presidencialismo en beneficio del entonces presidente Néstor Kirchner, lo cual hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.
Con la modificación propuesta, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el oficialismo tendrá ese plazo para conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.
A la inversa, la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastará con rechazarla en una sola para derogarlos.
En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podrá disponer un decreto que verse sobra la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.
Además, con la reforma planteada -que viene con media sanción del Senado- quedaría prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.
La sesión especial para este miércoles a partir de las 12 hs y fue pedida por diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal (Provincias Unidas y otros), Democracia para Siempre (radicales díscolos) y Coherencia y Desarrollo (ex libertarios).
Si bien no pusieron firmas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda apoyan la sesión y aportarán votos clave.
“Estamos al límite”, reconocieron altas fuentes del bloque de Unión por la Patria en diálogo con la agencia Noticias Argentinas (NA).
En este marco de extrema paridad, la postura que tome la UCR, un bloque que oscila entre la sumisión al oficialismo y la oposición de baja intensidad, cobra mayor relieve.
Según supo Noticias Argentinas, la mayoría del bloque no dará quórum porque no considera que el cambio en las reglas de juego respecto del régimen de DNU deba ocurrir en medio de la gestión de Javier Milei.
La propuesta de Rodrigo de Loredo, el titular del bloque radical, es ir hacia una reforma de esas características pero para que entre en vigencia a partir de diciembre del 2027.
Cuando le tocó intervenir en el debate en comisión, el cordobés planteó que en el actual contexto la nueva ley de DNU es “destituyente” porque solo se concibió para desestabilizar al Gobierno de Milei que se encuentra en una situación de debilidad parlamentaria notoria, sin capacidad para tomar la iniciativa y sostener la gobernabilidad mediante la sanción de leyes en el Congreso.
De todos modos, en la UCR hay cinco diputados que suelen desmarcarse para adoptar posturas más opositoras: se trata de Natalia Sarapura, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Karina Banfi y Roberto Sánchez.
Algunos de ellos, si no todos, podrían bajar al recinto para dar quórum.
El otro bloque cuyo accionar será decisivo es Innovación Federal, una bancada con tres terminales distintas: los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.
Según supo NA, hasta altas horas de la tarde, los mandatarios provinciales seguían negociando con la Casa Rosada y todavía no les habían transmitido instrucciones a sus diputados.
Si bien Encuentro Federal es firmante de la sesión especial, hay dudas sobre lo que hará el grupo de diputados de la provincia de Córdoba, que responde a Martín Llaryora y Juan Schiaretti, funciona como una molécula aparte y no suele consensuar sus decisiones con el resto de la bancada.
En diálogo con Noticias Argentinas, fuentes de este sector anticiparon que la tropa cordobesa podría dar quórum pero después no se sumarían a “la agenda K”, que incluye la ley de DNU.
El resto del temario
Uno de los temas previsto en la sesión era la remoción del diputado libertario José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto, pero ese tema que iba a ser central de la sesión se volvió abstracto a partir de la renuncia del legislador oficialista al organismo parlamentario.
Sin embargo, los opositores no descartan incluir los proyectos para expulsar al legislador presentados presentados por la diputada Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes, aunque como no tienen garantizados los dos tercios solo pueden conseguir votar un emplazamiento para que los traten las comisiones.
Además, los legisladores buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda para fijar para el próximo 20 de noviembre, como plazo máximo, la fecha de dictamen del proyecto del Presupuesto 2026 que envió el gobierno del presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre.
De esta manera, buscan evitar que suceda lo mismo que el año pasado cuando el oficialismoclausuró el debate de esa ley un día antes de la fecha permitida para sacar despacho.
Por otro lado, se sumarán una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó, pero que no reglamentó acusando falta de financiamiento.
De la mano de esta iniciativa se tratará un proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad”.
El temario también incluye un pedido de informes verbales para el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual “blindaje” financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.
En relación a esto, se abordará un expediente para “reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecida en el artículo 75 de la Constitución Nacional obre todo empréstito tomado por nuestro país».
En otro orden, se considerará en el recinto el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes, para la aprobación del orden de mérito de los postulantes, y que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof con una impronta en temática de género.
El escándalo sobre los audios de Diego Spagnuolo, que destaparon la olla sobre un sistema de coimas pagadas a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, entre ellos a su hermana, Karina Milei, también será parte del menú en el recinto.
En este marco, se tratará una iniciativa para convocar a la secretaria general de la Presidencia, y también al ministro de Salud, Leopoldo Lugones, para que brinden explicaciones en la Cámara baja.
En la hoja de ruta también figura el tratamiento de un proyecto para declarar la emergencia y el financiamiento del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y otro análogo para declarar la emergencia de las pymes y micro pymes en todo el país.
En el repertorio también aparecen el programa nacional de lucha contra la enfermedad del Alzheimer, la solicitud al Gobierno para recomponer partidas a la obra social de las Fuerzas Armadas y la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Para el cierre de la sesión, los opositores dejaron el proyecto impulsado por los gobernadores para la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales, que ya tiene media sanción del Senado y que permitirá recuperar recursos del impuesto a los Combustibles Líquidos, que serán redistribuidos con una lógica federal.
