Crece la preocupación por el Loteo Quetrihue: compradores y potenciales inversores acudieron a la Defensoría ante dudas sobre la legalidad del emprendimiento.
El conflicto por el Loteo Quetrihue sumó un nuevo capítulo en Villa La Angostura luego de que vecinos, compradores y potenciales inversores se acercaran a la Defensoría del Pueblo para plantear dudas sobre la legalidad del emprendimiento.
El defensor del pueblo, Sebastián Battanaz, confirmó que las consultas surgieron tras conocerse la promoción de terrenos sin aprobación municipal.
“Empezaron a acercarse vecinos, gente que compró y también personas que estaban por comprar”, explicó.
Un loteo promocionado sin aprobación
El proyecto, impulsado por Rasva SAS y representado por Rodrigo Segovia, se promociona en portales inmobiliarios y redes sociales como una oportunidad de inversión en una zona de bosque nativo conocida como Selva Triste.
Sin embargo, el loteo no cuenta aún con la aprobación municipal, lo que encendió las alarmas entre los interesados.
Dos situaciones que preocupan
Según detalló Battanaz, la Defensoría detectó dos escenarios distintos: Personas que ya realizaron operaciones e interesados que buscaban comprar
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En ambos casos, el eje de la consulta fue el mismo: si el loteo está autorizado y qué riesgos implica avanzar en la compra.
Nueva presentación del desarrollador
En este contexto, el defensor reveló un dato clave: el desarrollador realizó recientemente una nueva presentación ante el área de Planeamiento con el objetivo de regularizar la situación.
“Me confirmaron que hubo una segunda presentación sobre este tema, que es muy delicado”, señaló.
Si bien aún no se conocen en detalle los contenidos de esa presentación, se espera que incluya aspectos técnicos y urbanísticos necesarios para su aprobación.
Qué falta para regularizar el proyecto
Entre los puntos que históricamente deben cumplirse para este tipo de desarrollos, se encuentran:
Diseño de calles internas
Infraestructura de servicios (agua, luz, gas)
Espacios verdes y públicos
Sistema cloacal
Red vial interna
La falta de definición sobre estos elementos fue uno de los factores que generó preocupación.
Responsabilidad del desarrollador
Battanaz fue claro al señalar que, en este caso, la responsabilidad no recae en el Estado, sino en el desarrollador.
“No hay una infracción municipal. Es una cuestión entre privados”, explicó.
Desde la Defensoría, el rol principal es orientar y asesorar a los vecinos, aunque no tiene facultades directas de intervención en este tipo de operaciones.
Un tema sensible en la comunidad
El caso adquiere mayor relevancia en un contexto donde la comunidad aún recuerda situaciones recientes vinculadas a problemas inmobiliarios y posibles estafas.
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Por eso, la aparición de este nuevo caso reaviva la preocupación y refuerza la necesidad de extremar precauciones antes de invertir.
