La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, destacó que el cobro es clave para sostener el sistema público y generar nuevos créditos. Se prioriza la evaluación de cada situación particular.
“Es fundamental fortalecer el recupero porque es lo único que nos permite proyectar una política habitacional hacia adelante. Si más familias pagan sus viviendas, podemos generar nuevos créditos para que otras accedan a la casa propia”, afirmó la secretaria de Vivienda y Hábitat de la Provincia, Ana Servidio.
La funcionaria, que integra el ministerio de Infraestructura, destacó el avance de la política implementada por la actual gestión de gobierno para sostener y ampliar el acceso a soluciones habitacionales en todo el territorio.
En ese sentido recordó que la provincia lleva adelante una estrategia orientada a recuperar la inversión pública realizada en la construcción de viviendas sociales; en sintonía con el objetivo de “ordenar para redistribuir” que promueve el gobernador Rolando Figueroa. Recalcó que todo se realiza conforme la legislación vigente y teniendo en cuenta la realidad de cada beneficiario.
A lo largo de su historia, la provincia construyó 62.000 viviendas, de las cuales 17.000 ya fueron canceladas. Actualmente, se avanza en la regularización de aquellas unidades que aún no han sido abonadas o se encuentran en proceso de pago.
Como parte de la estrategia inicial, el año pasado –cuando se sancionó la ley del Fondo Neuquino para la Vivienda- se habilitaron pagos “a cuenta”, que consisten en montos simbólicos que luego se descuentan del plan de financiación definitivo. Al respecto, Servidio precisó que los planes contemplan hasta 240 cuotas (20 años), “calculadas en función del costo real de construcción, sin intereses ni margen de ganancia para el Estado”.
En relación con la actualización de los valores, la Provincia adoptó el sistema UVI (Unidad de Vivienda), que ajusta las cuotas de acuerdo con la evolución de los costos de la construcción, diferenciándose de otros índices atados a la inflación. “Este mecanismo permite mantener cuotas razonables, siempre por debajo de los valores de alquiler, y garantizar la sostenibilidad del fondo”, explicó Servidio.
Asimismo, remarcó que cada situación es evaluada de manera individual. En los casos en que las familias no puedan afrontar el pago, deben de informarlo para que se realicen los informes sociales correspondientes y se pueda acreditar su situación a fin de establecer planes de refinanciación acordes a sus ingresos.
Respecto a casos específicos, como la operatoria de 54 viviendas en Buta Ranquil que cobró notoriedad esta semana ante notas periodísticas, la secretaria indicó que se trató de un crédito otorgado a los beneficiarios a través de una entidad intermedia -el municipio- para la ejecución del proyecto. “Las viviendas están habitadas desde 2019 y la actual gestión avanzó en el cierre de la operatoria y su incorporación al sistema de cobro desde marzo de este año”, dijo.
Anticipó que desde ADUS planifican un viaje a Buta Ranquil para hablar con los adjudicatarios de esas viviendas y evacuar todas las dudas. “Los vecinos manifiestan cierta disconformidad con la cuota, les explicamos que existe la posibilidad particular de que quien no pueda abordar esa cuota se acerque y podamos trabajar en un plan de pagos acorde a sus ingresos, pero esto no limita ni anula la idea del cobro”, aclaró.
Reiteró que, en todos los casos, no solo en este, ADUS mantiene instancias de diálogo y acompañamiento para aquellos beneficiarios que acrediten dificultades reales al momento del pago, evaluando alternativas como la ampliación de plazos. Pero insistió en que, para ello, es necesario presentar la documentación socioeconómica correspondiente.
Por último, Servidio subrayó el carácter solidario que subyace a la decisión de avanzar con el recupero de la inversión en viviendas: “Tenemos que cobrar las cuotas para garantizar más viviendas -dijo-. El recupero no es solo una obligación, es una herramienta para que más familias neuquinas puedan acceder a su casa”.
