El escándalo por la investigación de desvío de fondos en la Legislatura de Neuquén recrudeció la disputa política entre el gobernador Rolando Figueroa, los diputados de su coalición y sus aliados contra la vicegobernadora Gloria Ruiz. Todo indicaría que el conflicto que comenzó con la polémica discusión de la restitución del presupuesto legislativo terminará en el inicio de un proceso de Juicio Político.
Luego de que la fiscalía realizará una serie de allanamientos en el edificio legislativo, en el Complejo Cultural de Casa de las Leyes y en el domicilio particular de la familia de la presidenta de la Legislatura, un grupo de diputados fue a Casa de Gobierno y se reunió con el Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset.
Fuentes cercanas al grupo de diputados que se reunieron con el Jefe de Gabinete manifestaron que hay dos caminos para resolver esta situación. La primera es que la vicegobernadora presente la renuncia por su propia voluntad, así como también los funcionarios designados por ella. La otra vía es iniciar el juicio político para destituirla. Acá comienza otra tanda de trascendidos de fuentes cercanas al grupo de diputados oficialistas y aliados. “No quiere renunciar ni entregar a su hermano”, entonces “no queda otra que hacerle un juicio político”, expresaron.
Otros trascendidos aseguraron que el jefe del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, transmitió el siguiente mensaje a sus pares: “La situación de Gloria es irreversible”.
La reunión de diputados no fue el único encuentro que se dio -o intentó establecerse- en el edificio de Rioja y Roca. La misma Gloria Ruiz ingresó y pretendió tener una instancia de diálogo con el mandatario provincial. El primer dato que había trascendido es que la juntada de la fórmula ganadora de las elecciones provinciales del 2023 se había concretado, pero no fue así, porque Figueroa no quiso recibirla. Ruiz solo pudo mantener contacto con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, según informó la periodista Andrea Durán.
Ousset les dijo que el gobernador no iba a tolerar irregularidades con los fondos públicos y que se respeten los mecanismos institucionales previstos en la Constitución y los diputados manifestaron en un comunicado que la situación amerita la puesta en funcionamiento de “mecanismos constitucionales de juzgamiento de la responsabilidad de funcionarios involucrados”.
Juicio Político
El artículo 266 de la Constitución Provincial establece que podrán ser sometidos a juicio político el gobernador, miembros del Tribunal Superior de Justicia, magistrados y funcionarios. El cargo de vicegobernador se considera como parte de este grupo pese a no ser mencionado directamente.
En otro de los incisos de la ley se señala que cualquier miembro de la Cámara, funcionario o ciudadano podrá iniciar el proceso de acusación con una denuncia en la mesa de entradas de la Legislatura.
En caso de seguir el proceso, la Legislatura se dividirá en dos salas compuestas por siete y doce miembros designados por sorteo. La Sala Primera será acusadora y la Segunda juzgadora.
La Primera será presidida por un diputado y conformará una comisión investigadora de cinco miembros. En 40 días deberán emitir un dictamen con las pruebas a la Sala Acusadora. Si la Sala acusadora obtiene los votos favorables, el funcionario acusado será suspendido de sus funciones y no cobrará su sueldo.
La Sala Acusadora designará a tres de sus integrantes para sostener la acusación ante la Sala Juzgadora, que será presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Esta Segunda Sala deberá resolver la situación en 45 días con una sentencia. El acusado puede ser declarado culpable con los votos de sus miembros de forma nominal. Si reúne los votos favorables será destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos. En caso contrario, volverá al ejercicio de sus funciones.
