Las comunidades reclaman la entrega de personerías jurídicas demoradas desde hace una década. Tras la ocupación pacífica en Casa de Gobierno, Provincia ratificó su voluntad de diálogo, pero exigió que se respeten los cauces institucionales. La disputa involucra territorios en Vaca Muerta.
El conflicto entre comunidades mapuches y el Gobierno de Neuquén escaló este martes tras una protesta frente a Casa de Gobierno, en la capital provincial. La manifestación fue protagonizada por referentes de las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas, quienes reclaman la entrega de personerías jurídicas postergadas desde hace más de diez años.
La movilización se produjo tras el fracaso del encuentro realizado la semana pasada en Tratayén con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien no llevó definiciones concretas sobre el reconocimiento de las comunidades.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo provincial llamó al diálogo, pero advirtió que “se instará a la Justicia a intervenir” en caso de que las acciones directas vulneren la institucionalidad o alteren el orden público.
“El ejercicio del derecho a peticionar debe enmarcarse dentro de la constitucionalidad. Las medidas que tensionen el orden social podrían derivar en acciones judiciales”, señalaron desde Provincia.
Un reclamo ligado al avance sobre territorios de Vaca Muerta
Las personerías reclamadas por las comunidades mapuches implican el reconocimiento formal como tales y les permitiría avanzar con relevamientos territoriales, participación en procesos de consulta previa y resguardo legal sobre tierras donde hoy se desarrollan inversiones en Vaca Muerta. En algunos casos, los territorios reclamados se superponen con tierras en disputa con privados o con comunidades preexistentes.
Desde las comunidades aseguran haber cumplido todos los requisitos legales y acusan al Estado de frenar el trámite por intereses vinculados a los desarrollos hidrocarburíferos. El proceso, según indicaron, se encuentra paralizado desde hace más de una década.
La postura oficial: cifras, historia y marco legal
El Gobierno recordó que ya fueron reconocidas 57 comunidades originarias en la provincia, 10 de ellas en la última década, y destacó que existe un marco legal vigente —Constitución Nacional, Constitución Provincial y Ley 1284— que regula los procedimientos.
“Entendemos que pueden existir demoras, pero están disponibles las vías administrativas y judiciales para canalizar cualquier reclamo”, indicaron.
También recordaron que la última personería jurídica fue otorgada en 2022 y remarcaron que el protocolo de actuación exige agotar las instancias formales antes de recurrir a medidas directas.
El registro prometido que nunca se cumplió
Durante la gestión anterior, encabezada por Omar Gutiérrez, se había comprometido la creación de un Registro Especial de Comunidades para saldar la deuda con las personerías pendientes. El acuerdo formaba parte de un intento de avance en la reglamentación del derecho a consulta previa, libre e informada, pero el plazo de implementación venció sin resultados.
Ese “efecto dominó” es clave en este conflicto: sin personería, no hay reconocimiento legal; sin reconocimiento, no hay relevamiento territorial ni consulta previa. Y sin consulta, las comunidades quedan excluidas de decisiones clave que afectan sus territorios.









