Tras más de un año con los equipos inactivos, el Gobierno provincial habilitó una iniciativa privada para instalar y operar un nuevo sistema de control de infracciones. La empresa Brocart S.A. tendrá prioridad en la futura licitación pública.
El gobierno de Río Negro definió el camino para volver a activar los radares de control de tránsito en las rutas provinciales. Luego de mantener el tema en reserva durante meses, autorizó una propuesta de iniciativa privada presentada por la empresa Brocart S.A., que busca quedarse con la instalación y operación de un sistema integral de detección de infracciones y gestión de cobros.
Según el decreto 499/25 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y el titular de Modernización, Milton Dumrauf, el proyecto fue declarado de interés público provincial. Esto habilita el llamado a una licitación pública, en la que la firma que propuso el plan —Brocart— tendrá prioridad para igualar o mejorar cualquier otra oferta.
El sistema incluiría equipos de captura automática de infracciones, procesamiento de imágenes y administración de actas, que la empresa se compromete a instalar y operar con recursos propios. La propuesta también contempla el desarrollo del software y la infraestructura necesarios para centralizar la gestión.
Los radares actualmente están apagados desde julio del año pasado, cuando la vigencia de una nueva ley obligó a regular su uso. El contrato con la anterior concesionaria, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), venció en enero de 2024 y no fue renovado. Desde entonces, los equipos en localidades como Villa Regina, Cipolletti, Río Colorado, Lamarque, Campo Grande y Sierra Grande permanecen fuera de servicio.
El proceso interno para analizar la iniciativa de Brocart fue manejado con bajo perfil. Una comisión especial sesionó entre el 10 y el 25 de marzo, y por unanimidad recomendó su aprobación y el inicio del procedimiento licitatorio. Ayer, el Gobierno oficializó esa decisión a través del Boletín Oficial.
La administración provincial deberá ahora abrir el llamado a licitación pública. Sin embargo, la modalidad elegida genera interrogantes: si bien se trata de un mecanismo legal previsto en la ley 3484 de iniciativa privada, el hermetismo con que se manejó el proceso y el beneficio de preferencia para la empresa proponente podrían limitar la competencia real.
En paralelo, usuarios y organizaciones civiles han manifestado en otras ocasiones su preocupación por el uso discrecional de los radares, la falta de señalización adecuada y denuncias por presuntos cobros indebidos, como ocurrió en Darwin y General Conesa.
La reactivación del sistema se da en un contexto en que la fiscalización del tránsito y la recaudación de multas vuelven a entrar en agenda, esta vez con un esquema que promete tecnología nueva, pero sin resolver aún el debate de fondo: el uso de los radares como herramienta de prevención o como mecanismo recaudatorio.
