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En una puesta en escena que intenta reeditar el esquema de la Ley Bases y mostrar una apertura a la negociación, el Gobierno inauguró este lunes una nueva mesa de diálogo entre funcionarios, líderes del oficialismo y de la oposición no kirchnerista para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2026. Sin embargo, desde Encuentro Federal y el radicalismo disidente condicionaron el avance de las tratativas al cumplimiento de las leyes de discapacidad, universidades y Garrahan. Desde el Poder Ejecutivo no hubo respuestas convincentes.

De un lado de la amplia mesa del Salón de Honor, ubicado en el primer piso del Palacio, se sentaron el vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Los cuatro integrantes de lo que el oficialismo dio en llamar, pomposamente, “la mesa del zinc”, un material de alta ductilidad y fácil aleación emparentado con la supuesta búsqueda de acuerdos.

Enfrente se sentaron diputados del PRO (Silvana Giudici, Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero), Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), la UCR (Karina Banfi, Martín Tetaz, Pamela Verasay y Lisandro Nieri), Democracia para Siempre (Pablo Juliano y Manuel Aguirre), Liga del Interior (Pablo Cervi y Martín Arjol), el MID (Eduardo Falcone) y Por Santa Cruz (José Luis Garrido).

En la mesa no estuvieron el kirchnerismo, la Coalición Cívica ni la izquierda. Germán Martínez, líder de Unión por la Patria, rechazó la convocatoria y reclamó que las conversaciones sean “a la luz del día” y sin secretismos en la Comisión de Presupuesto. En el FIT dijeron que “se enteraron por los medios” pero, de todos modos, avisaron que tampoco participarán.

Sin demasiada tolerancia, Pichetto y Massot fueron los primeros en irse. Pichetto exigió que el ministro de Economía, Luis Caputo, dé la cara para continuar el debate, mientras que Massot  directamente condicionó las negociaciones al cumplimiento de las leyes de discapacidad, pediatría y universidades. La primera fue promulgada, pero no se asignaron las partidas para financiarla, mientras que en los otros dos casos hay plazo hasta este martes.

Oposición acusa al Ejecutivo de bloquear la negociación del Presupuesto por no cumplir leyes sancionadas

En el Ejecutivo respondieron que verían el tema, pero no dieron especificaciones. “La reunión no fluyó de la manera que imaginábamos. Había un punto obvio: el Presupuesto tiene que reflejar las tres leyes en las que el Congreso insistió. Lamentablemente, nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no entiende que la ley hay que cumplirla”, se quejó Massot al retirarse, y anticipó que si no hay un cambio de actitud, no participarán de futuras reuniones.

“No descontamos la buena voluntad del Ejecutivo -agregó- pero este es un punto ineludible para poder avanzar sobre otros. En la medida que no regularicemos este conflicto de poderes que se ha planteado, con un Ejecutivo que está negado a cumplir leyes que salen con el 75% de apoyo en ambas cámaras, va a ser difícil avanzar”.

Sin participar de la reunión pero al tanto del tema, el schiarettista Carlos Gutiérrez se expresó en sintonía con Massot. “Desde Provincias Unidas fuimos al diálogo convocado por el Gobierno Nacional para tratar el Presupuesto, con la mejor predisposición. Pero dialogar no es aceptar imposiciones: pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias (como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos) y que se construya un Presupuesto federal y realista”, manifestó en la red social X.

Pablo Juliano (Democracia para Siempre) también reclamó que no haya una “promulgación a medias”, para evitar caer en amparos judiciales. “El Gobierno tiene que encontrar la manera de buscar los fondos, como cuando dijeron que estaban en condiciones de gastar $12.000 millones para reimprimir las boletas sin (José Luis) Espert”, afirmó el jefe del radicalismo disidente.

Los diputados del PRO, la UCR y Liga del Interior (“radicales con peluca”) se fueron de la reunión con más entusiasmo e intentaron desdramatizar el planteo por las leyes insistidas. Destacaron la voluntad unánime de que “este año haya Presupuesto” y la coincidencia en el déficit cero, a la vez que se llevaron un compromiso de poder discutir la asignación del 20% de las partidas. Ese es, según los participantes, el “margen de maniobra” para las negociaciones.

El debate del Presupuesto se reanudará este martes con la presencia de funcionarios clave

El debate formal del Presupuesto se reanudará este martes a las 13 con la presencia de dos funcionarios de Federico Sturzenegger: Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, secretarios de Desregulación y de Transformación del Estado, respectivamente. Originalmente iban a asistir el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, pero su visita se postergó para el miércoles 29. En el oficialismo adujeron problemas de agenda, pero la reprogramación se da justo cuando el Ejecutivo debe promulgar la ley de presupuesto universitario.

De todos modos, la exposición de Cacace genera expectativa: fuentes que siguen el caso de la emergencia en discapacidad afirman que al funcionario (que fue mano derecha del cordobés Rodrigo De Loredo) le encomendaron la tarea de evaluar vías administrativas para la asignación de partidas. Es que el avance de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, así como las denuncias en la Justicia generan preocupación en el Gobierno.

En cuanto al Presupuesto, la fecha fijada por emplazamiento para la firma del dictamen es el 4 de noviembre, pero Menem no descarta que se estiren los tiempos. La oposición había fijado esa fecha con la idea de terminar el período ordinario, el 30 de noviembre, con la ley sancionada en ambas cámaras. Pero en el cónclave de este lunes comenzó a circular la posibilidad de un llamado a extraordinarias. El interrogante es si la ley se votará con la actual composición parlamentaria o la que surja de la elección de este domingo, más favorable a La Libertad Avanza.  

Corresponsalía Buenos Aires

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Funcionarios del Gobierno se reúnen con diputados oficialistas y dialoguistas en la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de Presupuesto 2026, a fin de buscar superar las diferencias que mantienen sobre diversos puntos de la iniciativa oficial.

La reunión se realiza a puertas cerradas en la presidencia del cuerpo legislativo con la presencia de su titular, Martín Menen, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Asisten por los diputados Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal), Daiana  Fernández Morlero y Silvana Guidici,  (PRO), Eduardo Falcone (Desarrollo)  Pablo Juliano y Manuel Aguirre,  (Democracia para Siempre), Martín Tetaz , Pamela Verasay, y Karina Banfi (UCR), Manuel Garrido (Por Santa Cruz) y Pablo Cervi (Liga del Interior). 

Avanza la reunión por el presupuesto 2026 en Diputados, sin el bloque de Unión por la Patria

En cambio, el bloque de diputados de UxP fue invitado, pero desistió de concurrir porque sostiene que las discusiones solo se deben realizar en las reuniones formales de la comisión, según señaló el presidente del bloque, Germán Martínez.

La intención del encuentro es empezar a debatir las diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas, ya que son claves para poder aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno Nacional.

Las principales diferencias están centradas en los recursos que se destinarán a jubilados, la educación, la salud, y las obras públicas.

Las dificultades para lograr avanzar en un acuerdo que el Gobierno Nacional dice que cualquier acuerdo debe mantener el equilibrio fiscal y ya 85 % de los recursos de esa iniciativa ya tienen asignación específica debido a que se destinan al rubro “gastos sociales”.

Los detalles del presupuesto 2026 presentando ante Diputados

El proyecto de Presupuesto que se pondrá en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026, y se proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones, y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual espera tener un superávit primario de 2 billones de pesos.

También contempla como aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, pero desde la oposición señalan que no alcanza para compensar los atrasos que tiene en esos sectores, y reclaman que se vuelve a aplicar la ley de financiamiento educativo que contempla que el 6% del PBI se aplique a esa área

Se trata del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17 en las de salud, y del 5 en los recursos derivados al pago de pensiones, mientras que se aumentarán a 4,8 billones los recursos para Universidades.

En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos, pero las Universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en este punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.

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Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas 2025. El Congreso renovará bancas y tanto la oposición, como el oficialismo, buscan obtener al menos un tercio de las renovaciones. Estos son los posibles escenarios.

Aunque el número de bancas oficialistas en el Senado crecerá inevitablemente —dado que hace seis años el espacio no competía—, el Gobierno no podrá evitar la necesidad de negociaciones durante los próximos dos años para blindar sus medidas y construir mayorías temporales. Pese a esto, el oficialismo observa con optimismo el posible escenario de las elecciones 2025, cuyos resultados dejarían al peronismo con una menor influencia.

En estos comicios, se renueva un tercio de la Cámara Alta, con ocho distritos, eligiendo tres bancas cada uno: Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Con la excepción del caso neuquino, se proyecta que la polarización absorberá la mayor parte de las voluntades electorales en estos distritos.

La mayoría de las encuestas anticipan un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, con porcentajes que oscilan entre el 34% y el 40%. De confirmarse esta tendencia, el partido oficialista podría obtener entre 10 y 12 bancas adicionales, las cuales se sumarían a las ocho que posee actualmente en el Senado, según indica Ámbito.

Qué pasaría en el Senado tras las elecciones 2025

Continuando con estas proyecciones, el oficialismo aspiraría a alcanzar 20 senadores, quedándose a cuatro bancas del tercio necesario para blindar vetos.

No obstante, esta necesidad de «negociación se vería matizada porque sus aliados no perderían tantos escaños (solo los de Juan Carlos Romero y Alfredo De Ángeli), mientras que sus opositores sí lo harían (como los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, además de Guadalupe Tagliaferri)», indica el mismo sitio.

Y asegura que en este contexto, el PRO, que respalda la mayoría de las posturas libertarias, conserva sus seis representantes.

Las primeras estimaciones indican que las distintas facciones del peronismo perderían entre cinco y seis bancas, manteniéndose como primera fuerza, pero con menor influencia. Actualmente, el justicialismo cuenta con 34 senadores. Para alcanzar la cifra de 37 —número que garantiza el quorum y la mayoría simple—, seguirán siendo fundamentales los representantes de partidos provincialistas (que podrían llegar a nueve escaños) y la UCR (que cuenta con 10 legisladores).