A mediados del mes pasado el Ministerio Público Fiscal (MPF) del Neuquén recibió la denuncia de una persona sobre dos hechos donde el intendente de Plottier, Luis Bertolini, estaría incurso en los presuntos delitos de administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles a la función pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Como informara Alerta Digital, las diligencias judiciales fueron confirmadas por el MPF a través de una publicación oficial, donde se confirmó que en la mañana de este viernes se llevaron a cabo ocho allanamientos “autorizados por la jueza de garantías Carina Álvarez. Cinco son en Plottier, entre los cuales figura la sede del municipio y la casa del intendente Luis Bertolini; dos en Neuquén; y uno en Cipolletti”.
Qué dijo el fiscal jefe Pablo Vignaroli
En declaraciones a la radio La Red, el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó que el Ministerio Público Fiscal investiga dos hechos denunciados a mediados del mes pasado y que motivaron allanamientos en la mañana de este viernes, sin que hasta el momento se tenga un detalle de lo secuestrado en cada uno de los ocho lugares donde se realizaron las diligencias judiciales.
El primero de los puntos denunciados está relacionado con un decreto municipal de febrero de 2025, firmado por el intendente de Plottier, a raíz de un reclamo presentado por un grupo de propietarios de terrenos baldíos del barrio Los Canales.
Si bien el decreto rechaza formalmente el pedido de ese grupo, en uno de sus artículos el intendente habría eximido del pago de dos tasas municipales a esos contribuyentes.
Vignaroli aclaró que no se trata de todos los vecinos del barrio, sino únicamente de un grupo determinado que realizó el reclamo ante el municipio, y que esta situación generó presentaciones de otros propietarios que solicitaron igualdad de trato.
Según el fiscal jefe, el intendente no tendría facultades legales para otorgar exenciones impositivas, ya que esa atribución corresponde al Concejo Deliberante, lo que podría configurar un abuso de autoridad, motivo por el cual se secuestró documentación vinculada al decreto y sus antecedentes.
El segundo eje de la investigación está relacionado con contrataciones municipales a una empresa constructora, propiedad del hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio, junto a un socio. De acuerdo con la denuncia, la empresa no contaría con CUIT, lo que le impediría facturar legalmente.
La hipótesis de la fiscalía es que las contrataciones se realizaban a nombre de la empresa, pero la facturación se efectuaba a través del socio no vinculado a la funcionaria, mientras que las obras eran ejecutadas por la firma.
El funcionario judicial sostuvo que durante la investigación preliminar, se detectaron publicaciones en redes sociales donde se observan camiones identificados con el nombre de la empresa realizando tareas para la Municipalidad de Plottier.
Vignaroli remarcó que se trata de una teoría del caso y que actualmente se está recolectando información para confirmar o descartar las irregularidades denunciadas.
Finalmente, el fiscal señaló que aún no se puede determinar quiénes fueron los beneficiarios concretos de la exención impositiva, ni si se trata de grandes propietarios de múltiples lotes, ya que esa información surge del análisis del decreto original y su documentación respaldatoria, actualmente bajo investigación.
