Con un contundente alegato final, el abogado Virgilio Sánchez logró que el tribunal absolviera a Damián Olivero y a Jovita Calfupán, integrantes de la comunidad mapuche Paichil Antriao, quienes estaban acusados de intento de robo y turbación de la propiedad por un conflicto ocurrido en la zona del Belvedere.
Sánchez no solo sostuvo que sus defendidos no habían cometido delito alguno, sino que planteó que fueron víctimas de una agresión territorial y simbólica, y denunció el trato discriminatorio y racista que padeció la comunidad durante todo el proceso judicial.
“Como anticipé en mi alegato de apertura, no sólo ha quedado demostrado en este juicio que mis defendidos no cometieron el delito que aquí se les enrostra, sino que además han sido ellos las víctimas de aquellos acontecimientos por los cuales se los trajo aquí a juicio”, expresó el letrado.
Desde el inicio, Sánchez cuestionó la parcialidad de los testigos de la parte acusadora, quienes -según explicó– tenían intereses personales y económicos en las tierras que la comunidad mapuche reivindica como propias. “Los testigos de la querella hablaron menos de los hechos que se juzgan, y más de sus proyectos inmobiliarios financiados por capitales concentrados como Madanes Quintanilla o Aluar”, señaló.
En contraposición, destacó los testimonios de miembros de la comunidad Paichil Antriao, quienes, aseguró, “arrojaron luz sobre la realidad de los hechos”, evidenciando que los verdaderos intrusos fueron los denunciantes. “Fueron ellos los turbados en su posesión y, por ende, las víctimas”, sostuvo.
El video que desmontó la acusación
Uno de los momentos clave fue la exhibición del video aportado por la acusación. Lejos de probar un delito, dijo Sánchez, la grabación mostró a un grupo de hombres provocando a mujeres de la comunidad. “No se advierte allí ningún delito. Todo lo contrario, se ve a miembros de la comunidad Paichil Antriao ejerciendo su derecho a repeler el ingreso de los denunciantes a su territorio”, afirmó.
Además, subrayó que entre los acusadores se encontraba un hombre armado con un machete, mientras que las supuestas agresoras eran mujeres, algunas con bebés en brazos.
“Estamos juzgando a las víctimas por una denuncia que hicieron los victimarios”
Sánchez puso en evidencia el accionar del Ministerio Público Fiscal, al que acusó de aplicar un doble rasero. “Cuando las denuncias provienen de miembros de la comunidad mapuche por intrusiones en su territorio, son desestimadas; pero cuando los intrusos denuncian a los mapuches, se los lleva a juicio”, denunció.
“Asistimos a este absurdo: un fiscal haciendo un relato alucinante donde los agresores resultan ser los agredidos, donde los usurpadores resultan ser los usurpados.”
“Este es un juicio racista. Hay una criminalización sistemática del pueblo mapuche. Se los ve como ‘los otros’, como los que no tienen derechos, como los que deben ser desplazados y juzgados si se resisten”, afirmó Sánchez con vehemencia.
La deshumanización de “los Nadie”
Uno de los momentos más duros de su exposición fue cuando citó textualmente la respuesta del impulsor del emprendimiento en disputa, el Sr. Farmentano, quien al ser consultado por quiénes vivían en esas tierras, dijo: “Ahí no hay nadie.”
“Esa respuesta encierra toda una definición, porque ellos consideran que la comunidad mapuche es nadie. Esa es la lógica con la que se mueven: si son ‘nadie’, entonces pueden atropellarlos, correrlos, echarlos o denunciarlos”, remarcó Sánchez.
También reveló que durante el juicio se utilizaron expresiones peyorativas como “malón”, “pseudo mapuche” y “terroristas”, lo que obligó al magistrado a intervenir para frenar los dichos de los acusadores, a pedido de la defensa.
“Los discursos de odio hacia el pueblo mapuche fueron naturalizados durante décadas. Pero hoy estamos acá para romper con eso y para que no se repita”, sentenció.
“La firma de un muerto” y la historia del despojo
Sobre el supuesto título de propiedad que avalaría la acusación, Sánchez desnudó graves irregularidades. Señaló que el acta de compraventa en la que se basa la denuncia fue firmada por José María Paichil en 1969, cuando ya había fallecido. “El escribano testigo de la Fiscalía no pudo explicar cómo fue posible que firmara un muerto”, ironizó.
Denunció que muchas escrituras actuales en Villa La Angostura se originaron de ese modo: con firmas a ruego mediante impresión digital de herederos analfabetos. “La historia del verdadero despojo es esa, y las víctimas son aquellas que el Estado sienta de manera permanente en el banquillo de los acusados, a merced de los perpetradores”, sostuvo.
Una sentencia que reivindica derechos
El alegato de Virgilio Sánchez no solo logró la absolución de los imputados, sino que expuso crudamente cómo opera la discriminación estructural hacia el pueblo mapuche dentro del sistema judicial. “Hoy ganamos más que un juicio: se reconoció que hubo racismo, que hubo violencia simbólica, y que los mapuches también tienen derecho a defender su territorio”, dijo tras la lectura del veredicto.
Cabe señalar que la resolución judicial marca un precedente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y en la visibilización de prácticas racistas aún vigentes en ámbitos institucionales.
