La vicegobernadora suspendida de Neuquén, Gloria Ruiz, realizó su descargo este miércoles ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde cuestionó duramente el proceso que llevó a su separación preventiva del cargo. Ruiz denunció que se trató de un acto injustificado que vulnera principios fundamentales del derecho y la Constitución Provincial.
Desde el inicio, Ruiz marcó su posición sobre las acusaciones: “Me presento a efectos de presentar mi descargo ante la direccionada y malintencionada imputación que se me formulara en sesión del 27 de noviembre.”
Asimismo, señaló que el proceso carece de base legal: “Este procedimiento para evaluar mi inhabilidad moral es ilegítimo y no reglado en la Constitución de la Provincia ni en el reglamento interno.”
La vicegobernadora hizo énfasis en que su suspensión atenta contra los principios del debido proceso: “Se ha instaurado un proceso sui géneris que viola todos los principios constitucionales del debido proceso legal y la garantía de defensa en juicio.”
Ruiz también denunció una falta de independencia y transparencia en el proceso llevado a cabo por la Legislatura: “La independencia de los órganos del Estado implica la inexistencia de intereses privados y políticos, como es el caso que nos ocupa.”
En su defensa, destacó que se vulneraron garantías fundamentales reconocidas tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales: “Se violaron las garantías de acceso a la jurisdicción, intervención de juez imparcial, presunción de inocencia e igualdad de las partes.”
La vicegobernadora suspendida enfatizó que las garantías procesales deben ser respetadas en todo procedimiento judicial y administrativo, remarcando que «la justicia no solo debe ser hecha, sino que también debe verse que se hace». Asimismo, Ruiz indicó que la inadmisión de pruebas obtenidas de manera ilegal, y el desconocimiento del principio del «juez natural», podrían derivar en la nulidad del proceso y un posible «escándalo institucional».
«Este proceso está viciado y violatorio de los presupuestos básicos de legalidad», concluyó, subrayando que el accionar de la comisión investigadora podría afectar gravemente la institucionalidad del Estado.
Finalmente, Ruiz subrayó la importancia de respetar los principios republicanos y el Estado de Derecho: “El debido proceso legal es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas.”
