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Los empresarios se retiraron exultantes hoy de la audiencia en la que el juez Lucas Yancarelli les diera el beneficio de suspensión del juicio a prueba por tres años para dos de los imputados y un año menos para un tercer implicado en la causa por contaminación y fraude con los residuos petroleros. El juez desalojó la sala por los cuestionamientos del público y el fiscal en jefe Maximiliano Breide Obeid se retiró abruptamente tras avisar que impugnará la definición.

«Que el monto lo ponga la presidenta de la APDH», dijo en tono desafiante y al micrófono el principal acusado de contaminación, cuando el juez le preguntó cuál era el ofrecimiento económico para acceder a la probation. Los defendidos de Mario Rodríguez Gómez y de Marcelo Muñoz, no habían pensado en el importe de las donaciones para el hospital Heller y Castro Rendón cuando ofrecieron las condiciones para sortear el juicio y cuando el juez se los pidió, no hubo un número.

El tercer acusado, ofreció 10 millones en cuotas para ser destinado a capacitación en el ministerio de Medio Ambiente. Los nombres de los procesados no se pueden publicar por una decisión del juez Gustavo Ravizzoli, en una etapa anterior de la causa que llevó dos años de investigación, por ser catalogada como causa compleja.

Los aportes serán definidos cuando quede en firme la decisión de Yancarelli, que tanto la fiscalía como los querellantes adelantaron que apelarán.

La defensa ofertó «terminar con el tratamiento de residuos» aunque aclararon que no podrán cumplir con el plazo que les dio la secretaría de Medio Ambiente para el retiro del hidrocarburo que se desecha de los pozos petroleros.

El juez le otorgó hasta el 19 de marzo de 2027 para sacar el basurero petrolero del distrito 6 -donde el municipio tiene previsto entregar lotes este año- y tres años para sanear la tierra contaminada, tras conocer el detalle de la fiscalía de que el terreno presentaba por debajo de la mole de contaminantes peligrosos, un manto de restos de hidrocarburos con más de seis cancerígenos. La montaña que se ve en la meseta «sólo es la punta del iceberg», ejemplificó el fiscal Breide Obeid.

«Les está ampliando el plazo que le había dado Medio Ambiente», se quejó la fiscalía que largamente explicó los incumplimientos de la empresa para el retiro de los contaminantes peligrosos. «Sí», fue la respuesta de Yancarelli. La fiscalía agregó que hacía reserva de Impugnación y se retiró.

La voz de los empresarios acusados

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En dos años de investigación, hoy fue la primera audiencia en la que los tres acusados se presentaron en la sala. A excepción del ex gerente que vive en Neuquén, los responsables de la generación de la montaña con el residuo contaminado siempre salieron por videollamada.

La ministra Leticia Esteves y funcionarios del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) esperaban en el pasillo para testimoniar, como se los había pedido la defensa. Pero el juez no lo autorizó y no se escucharon sus argumentos a favor de la suspensión del juicio. «Su postura es parte de los argumentos por los cuales solicitamos el juicio a prueba», reveló Rodríguez Gómez.

«Cuál es el incentivo de continuar (con el retiro de contaminantes) si voy a ser juzgado de igual manera«, le dijo al juez Yancarelli el principal imputado en la causa, el que todavía está a cargo de la empresa que retira los lodos con petróleo. «De todas maneras, el compromiso está tomado», dijo el megaempresario cuando advirtió el impacto de sus dichos en la sala.

De los tres acusados, es el único dueño de la empresa y los otros dos gerentes ya no trabajan con la firma. Cuando Yancarelli les dio el beneficio de no ir a juicio, tuvo que rectificar las condiciones de cada uno, porque le había endilgado la responsabilidad de sanear el terreno también al otro defendido de Rodríguez Gómez y Muñoz, que ya no trabaja con Comarsa.

La querella habló de impunidad

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Los abogados ambientalistas de Argentina y la APDH, como querellantes, adelantaron que impugnarán la decisión de suspender el juicio a prueba, como lo determinó Yancarelli. La fiscalía emitió un comunicado en el que habló que las probation «no son para casos de esta naturaleza» y consideró que en este contexto podría derivar en “un escenario de impunidad”.

«No estamos de acuerdo con la decisión del juez. Omitió aspectos esenciales de los planteos de las partes y básicamente para no ir a juicio, los imputados se obligaron a hacer cosas que tenían que hacer y ahora dicen que harán lo mismo que antes no hicieron, por eso le suspenden el juicio», sostuvo el abogado Bruno Vadalá, por la APDH.

Desde los abogados ambientalistas, Rafael Colombo dijo que la decisión de Yancarelli «vuelve a demostrar el pacto de impunidad en favor de los poderosos», con epicentro en Vaca Muerta y con complicidad «del gobierno provincial y el complejo empresarial petrolero». Cuestionó por «escandalosa» la decisión y adelantó la impugnación. «Con la bochornosa decisión Yancarelli se se expone a denuncias por prevaricato y juicio político, porque anulo la posibilidad de un juicio oral y público, con participación de jurado popular y así poder conocer la trastienda del escandaloso negocio millonario de la basura petrolera del fracking», dijo.