Etiqueta: Manuel Adorni

  • El Gobierno desplazó al titular de la SIGEN y ya tiene reemplazo

    El Gobierno desplazó al titular de la SIGEN y ya tiene reemplazo

    El Gobierno nacional desplazó a Miguel Ángel Blanco de la conducción de la Sindictatura General de la Nación (SIGEN), el organismo encargado del control interno del Estado. La noticia fue confirmada este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa.

    Blanco había sido designado en diciembre de 2023, apenas unos días después de la asunción de Javier Milei, mediante el decreto 68/2023. Según trascendió desde despachos de Casa Rosada, el ahora exfuncionario fue notificado ayer de su apartamiento, sin recibir explicaciones formales.

    Sin embargo, fuentes oficiales apuntan a un conflicto reciente con Santiago Caputo, asesor clave del presidente. El cortocircuito se habría originado por la designación frustrada de una auditora interna en ARCA, impulsada por Caputo, pero rechazada por Blanco al no cumplir los requisitos técnicos exigidos por reglamento: al menos tres años de experiencia previa en funciones de control en el Estado.

    El nuevo titular de la SIGEN será Alejandro Fabián Díaz, un contador público con trayectoria en auditoría y compliance tanto en el sector público como privado. Actualmente, Díaz es presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA y ya había tenido paso previo por la propia SIGEN.

    Por su parte, Santiago Herrera continuará en su cargo como Síndico General Adjunto de la Nación.

    Creada en 1992 bajo la ley 24.156, la SIGEN tiene autarquía financiera y administrativa y depende directamente de la Presidencia. Su función principal es controlar internamente el manejo de los recursos del Estado Nacional.

  • Polémica por el contrato del Banco Nación y una empresa vinculada a Martín Menem: «Es un tema agotado»

    Polémica por el contrato del Banco Nación y una empresa vinculada a Martín Menem: «Es un tema agotado»

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    El vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó restar importancia a la controversia generada por la preadjudicación de un contrato millonario del Banco Nación a Tech Security SRL, una empresa de seguridad vinculada a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sostuvo que el tema «ya está agotado» y lo calificó como una «operación periodística».

    La declaración surgió durante su habitual conferencia de prensa, ante la pregunta de periodistas de Radio Con Vos.

    La polémica se centra en la licitación pública por la cual el Banco Nación otorgó a Tech Security SRL un contrato de casi $4.000 millones, específicamente $3.933 millones, para proveer servicios de vigilancia en su sede central y otras cuatro dependencias, incluyendo la sucursal del Aeroparque Jorge Newbery.

    Hasta el momento, el Banco Nación no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación, más allá de una breve mención de su titular, Daniel Tillard, durante su visita a la Exposición Rural. Defendió la elección por ser «proveedor tradicional» y haber presentado «la mejor oferta económica».

    En resumen:

    • El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la polémica como «un tema agotado» y una «operación periodística».
    • El contrato de $3.933 millones del Banco Nación a Tech Security SRL fue preadjudicado para servicios de seguridad.
    • Tech Security SRL es una empresa vinculada a la familia de Martín Menem, quien fue socio hasta días antes de asumir como presidente de Diputados.

    Martín Menem y su vínculo con Tech Security SRL, la empresa contratada por el Banco Nación


    El vínculo de Tech Security SRL con Martín Menem es el principal foco de los cuestionamientos. El actual presidente de la Cámara Baja figuró como socio de la firma hasta el 6 de diciembre de 2023, apenas unos días antes de la asunción presidencial de Javier Milei. Desde su entorno, se ha asegurado que Menem ya no integra la empresa, la cual quedó en manos de su hermano, Adrián Menem.

    Tech Security SRL, fundada en 2005, se especializa en servicios de seguridad privada para eventos, instituciones y predios públicos y privados, contando entre sus clientes a clubes como River y Racing, la AFA y la Biblioteca Nacional. Según su sitio web, la empresa emplea a más de 500 personas.

    La controversia se da en un momento en que el Banco Nación está implementando un fuerte ajuste, con el cierre de varias sucursales en el interior y un plan de rediseño de su estructura operativa. En este contexto de reducción de gastos, el contrato millonario con una empresa ligada al círculo político más cercano al oficialismo generó suspicacias que, por ahora, el Gobierno opta por desestimar públicamente.


  • El gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la privatización de AySA

    El gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la privatización de AySA

    El gobierno nacional anunció este viernes el inicio del proceso para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de transferir el 90% de las acciones a un operador estratégico. La medida abre un gran interrogante sobre el futuro de las tarifas y, principalmente, qué pasará con los usuarios que actualmente tienen deudas en sus boletas.

    Según supo Noticias Argentinas a partir del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno por el momento no brindó detalles sobre cómo se gestionarán las deudas existentes de los usuarios una vez que la empresa pase a manos privadas. Esta es una de las principales incógnitas que se abre para miles de familias tras la decisión oficial.

    Adorni justificó la medida argumentando que desde 2006 la compañía «requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares» y que «hubo un fuerte deterioro de la infraestructura». Cuestionó además que durante la gestión anterior «se gastaron más de 4.800 millones de dólares en AySA, que funcionó como una plataforma de campaña».

    El vocero aclaró que el proceso de privatización incluye la permanencia de los empleados como accionistas dentro del programa de propiedad participada, que representa el 10% del capital social de la empresa. El 90% restante se ofrecerá mediante una licitación pública nacional e internacional y una oferta pública inicial en la bolsa.

  • El Gobierno desplazó a Miguel Blanco de la SIGEN: otro cambio en el equipo de Javier Milei

    El Gobierno desplazó a Miguel Blanco de la SIGEN: otro cambio en el equipo de Javier Milei

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    La gestión de Javier Milei concretó el desplazamiento de Miguel Blanco como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “Agradécese al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, indica el decreto que lleva la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

    Según publicó Infobae, Blanco era considerado una figura cercana a los empresarios y había ocupado roles clave en el sector privado antes de asumir funciones en el Estado. Su salida se suma a otras modificaciones recientes en el equipo de gobierno.

    Alejandro Fabián Díaz será su reemplazante, informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien resaltó que tiene una experiencia de más de 30 años en la materia de auditoría.

    Noticias Argentinas detalló que su llegada al cargo había sido impulsada por Nicolás Posse, el exjefe de Gabinete. Con la salida de Posse del Ejecutivo, Blanco había quedado en una posición debilitada dentro del esquema de poder que ahora encabeza Francos.

    El puesto en la SIGEN reviste particular importancia por tratarse del organismo encargado de controlar y auditar el funcionamiento del sector público nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 610/2025, pero no se informaron los motivos del cambio.

    Quién es Miguel Blanco, el funcionario desplazado por el gobierno de Javier Milei

    Miguel Blanco contaba con una trayectoria destacada en el ámbito empresarial. Fue director ejecutivo de Swiss Medical y tuvo participación en instituciones como el Foro de Convergencia Empresarial. En el inicio del gobierno libertario, fue convocado por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para encabezar la SIGEN. Su perfil fue interpretado como una señal de apertura del gobierno hacia el sector privado.

    Con su salida, se profundiza el recambio de figuras vinculadas al primer armado del gabinete, especialmente aquellas que respondían a Posse. Aunque el decreto agradece formalmente sus servicios, no se informaron las razones puntuales de su remoción.

    Qué es la SIGEN y por qué es clave en la estructura estatal

    La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) depende directamente del Poder Ejecutivo y tiene a su cargo el control interno del sector público nacional. Entre sus funciones, se encuentran la supervisión de auditorías internas, el análisis de procedimientos administrativos y la fiscalización del uso de fondos públicos.

    El titular de la SIGEN participa además en el seguimiento de los planes de control de los distintos organismos estatales. Su rol cobra relevancia en un contexto en el que el gobierno impulsa reformas estructurales y busca reducir el gasto público. La salida de Blanco deja vacante una de las posiciones más sensibles en ese esquema.


  • Qué dijo Rolando Figueroa sobre el posible cierre de Vialidad Nacional

    Qué dijo Rolando Figueroa sobre el posible cierre de Vialidad Nacional

    Tras la decisión de la Justicia Federal de suspender por seis meses la decisión de Casa Rosada de disolver Vialidad Nacional, el gobernador Rolando Figueroa se diferenció de las políticas que propone el presidente Javier Milei y reafirmó su compromiso con las obras viales a través de más inversiones para Vialidad Provincial.

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    «Es una política que lleva adelante el gobierno nacional en la cual nosotros no la compartimos. Para nosotros las rutas tienen que ser desarrolladas por el Estado», dijo el gobernador de Neuquén en relación a la necesidad de apalancar la conectividad vial como una apuesta al desarrollo de regiones postergadas.

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    «No todo puede estar supeditado a la voluntad del mercado. ¿Quién haría una ruta con peaje en Manzano Amargo? ¿Quién haría una ruta con peaje en Huechulafquen o en Varvarco? ¿No? O en Los Miches», dijo el mandatario durante una recorrida por la obra de la segunda nave del Polo Tecnológico de Neuquén capital, que estará listo el próximo 12 de septiembre.

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    «Creemos que ahí debe estar la presencia del Estado y la herramienta es Vialidad», dijo y agregó: «En nuestro caso las desarrolla Vialidad Provincial. Creemos que es fundamental tener una Vialidad Provincial que lleve las rutas a distintos lugares; para nosotros Vialidad es muy importante».

    El gobernador se lamentó por la mirada del gobierno nacional, que propone la participación de empresas privadas en rutas más rentables, y de alta circulación, como las que se encuentran en Buenos Aires.

    «No compartimos la visión, en este caso, que se tiene desde Buenos Aires respecto a la vialidad nacional, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la visión de Buenos Aires siempre? Y las rutas llegan a las provincias, ¿no? Pero nosotros, las provincias es lo importante», aseguró.

    «Nuestra provincia es importante y vamos a seguir invirtiendo en vialidad. De hecho, el próximo lunes vamos a estar entregando una nueva maquinaria, vialidad, que ya la hemos equipado. Nuestra Vialidad no solo mantiene las rutas, nuestras rutas provinciales, sino que está haciendo rutas, controla las rutas que hacen los privados, hacen proyectos ejecutivos y están planificando el Neuquén que va a ser post-Vaca Muerta, que es con el desarrollo integral de la provincia», afirmó.

    Con la apuesta a más inversión para esta repartición pública, el gobierno neuquino mostró una clara diferencia de postura con respecto al gobierno nacional. Sin embargo, el posible cierre de Vialidad Nacional dentro de seis meses podría tener un impacto concreto en Neuquén, que cuenta con una gran cantidad de kilómetros de rutas nacionales, hoy sujetos a las decisiones que se tomen desde Casa Rosada con respecto a la conectividad vial.

    Qué pasa con Vialidad Nacional

    El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno nacional apelará la medida judicial que suspendió la aplicación del decreto que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, en respuesta a una cautelar presentada por el gremio de trabajadores del sector.

    La decisión judicial fue emitida esta semana y suspende por un plazo de seis meses “todo acto administrativo que derive del decreto que resuelve la disolución” del organismo, dando lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato SEViNA (Sindicato de Empleados Viales Nacionales y Afines). Esto implica que durante ese período no podrán ejecutarse acciones vinculadas al cierre de Vialidad Nacional ni a la redistribución de sus funciones.

    La suspensión judicial representa un revés para el Gobierno, que había anunciado el cierre de Vialidad como parte de su política de reducción del Estado y reorganización administrativa. La semana pasada, el propio Adorni había informado desde Casa Rosada la decisión de disolver no solo la Dirección Nacional de Vialidad, sino también la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

  • Javier Milei inicia el proceso para privatizar Aysa y transferir el 90% de sus acciones

    Javier Milei inicia el proceso para privatizar Aysa y transferir el 90% de sus acciones

    El Gobierno de Javier Milei sigue profundizando las transformaciones en el Estado. Tras el cierre de Vialidad Nacional, ahora en suspenso por una medida cautelar, avanza con el proceso para privatizar la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La noticia fue confirmada este viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. Según informó el funcionario, la estrategia implica la incorporación de capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la compañía.

    El proceso se realizará a través de un «esquema mixto». Adorni detalló que este modelo «combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores».

    Además, el vocero aseguró que el camino hacia la privatización «incluye la permanencia de los empleados como accionistas de AySA dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa».

    Según los dichos de Adorni estos serán los próximos pasos:

    • El Gobierno de Milei inicia el proceso de privatización de Aysa.
    • Se transferirá el 90% de las acciones al capital privado.
    • El esquema será mixto: licitación pública y oferta pública inicial.
    • Los empleados mantendrán el 10% del capital social a través del Programa de Propiedad Participada.
    • Adorni justificó la medida por los US$ 13.400 millones en aportes estatales desde 2006 y el deterioro de indicadores operativos.
    Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto archivo.

    Justificaciones del Gobierno para la privatización

    Durante su alocución, Adorni brindó cifras y argumentos para fundamentar la decisión de privatizar la empresa. «Desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares», remarcó el vocero presidencial.

    El funcionario también hizo hincapié en el deterioro de indicadores operativos durante la gestión estatal. «Indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa», señaló.

    Además, puntualizó sobre los costos: «La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio». Estas cifras son las que, según el Gobierno, justifican la búsqueda de un nuevo modelo de gestión para la compañía de servicios de agua y saneamiento.


  • El Gobierno nacional pone en marcha la privatización de Aysa

    El Gobierno nacional pone en marcha la privatización de Aysa

    El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA, según anunció este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

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    “El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, dijo.

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    NOTICIA EN DESARROLLO

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  • El Gobierno apelará la suspensión del decreto que disuelve Vialidad Nacional

    El Gobierno apelará la suspensión del decreto que disuelve Vialidad Nacional

    El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno nacional apelará la medida judicial que suspendió la aplicación del decreto que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, en respuesta a una cautelar presentada por el gremio de trabajadores del sector.

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    La decisión judicial fue emitida esta semana y suspende por un plazo de seis meses “todo acto administrativo que derive del decreto que resuelve la disolución” del organismo, dando lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato SEViNA (Sindicato de Empleados Viales Nacionales y Afines). Esto implica que durante ese período no podrán ejecutarse acciones vinculadas al cierre de Vialidad Nacional ni a la redistribución de sus funciones.

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    La suspensión judicial representa un revés para el Gobierno, que había anunciado el cierre de Vialidad como parte de su política de reducción del Estado y reorganización administrativa. La semana pasada, el propio Adorni había informado desde Casa Rosada la decisión de disolver no solo la Dirección Nacional de Vialidad, sino también la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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    En esa oportunidad, el funcionario sostuvo que dichos organismos fueron históricamente «núcleos de corrupción en la obra pública» y que el Ejecutivo buscaba «cerrarlos de forma definitiva». La intención oficial, detalló entonces, es que las funciones que cumplían estos entes sean asumidas por áreas del Ministerio de Economía, especialmente la Secretaría de Transporte. Además, el control de concesiones será competencia de un nuevo organismo: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

    Con la cautelar en marcha, el Gobierno deberá esperar la resolución de la apelación para avanzar en su plan de reestructuración. Mientras tanto, la suspensión ordenada por la Justicia deja sin efecto temporalmente el cierre de Vialidad Nacional y mantiene su estructura operativa vigente.

    Desde el gremio SEViNA celebraron el fallo y advirtieron que continuarán accionando judicialmente en defensa de los puestos de trabajo y de la importancia estratégica del organismo en el sistema vial argentino.

    Javier Milei ordenó el cierre de Vialidad Nacional y otros organismos relacionados

    El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el pasado lunes que «el presidente Javier Milei ordenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. Más conocida como Vialidad Nacional» y otros organismos relacionados. Por decreto, la medida será oficializada esta medianoche en el Boletín Oficial.

    Además, se anunció el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. «De esta manera, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación de normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales», anunció el vocero.

    «Así, el gobierno dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país», agregó.

  • El Gobierno insiste con disolver Vialidad Nacional y apelará el fallo judicial

    El Gobierno insiste con disolver Vialidad Nacional y apelará el fallo judicial

    El Gobierno nacional anunció días atrás su intención de disolver una serie de dependencias estatales bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, entre ellas la Dirección Nacional de Vialidad, una medida que encendió alarmas por su posible impacto en la infraestructura vial del país. Sin embargo, la Justicia Federal frenó esa decisión al dictar una medida cautelar que suspende el decreto presidencial por seis meses, lo que desató una inmediata reacción del Ejecutivo.

    El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves a través de la red social X que el Gobierno apelará la resolución judicial que frena la disolución de Vialidad Nacional. “Estamos trabajando con nuestros equipos legales para avanzar con la apelación”, indicó, abriendo la puerta a un litigio que podría dejar en suspenso tanto a los trabajadores del organismo como al mantenimiento de rutas y caminos en todo el territorio nacional.

    El fallo fue emitido por la jueza Martina Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, quien resolvió suspender la aplicación del decreto presidencial hasta que se defina su constitucionalidad. El dictamen apunta específicamente a la legalidad del permiso que el presidente Javier Milei otorgó a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para llevar adelante la eliminación del organismo vial.

    Además de Vialidad, el mismo decreto incluye el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, como parte de un proceso de ajuste y achicamiento del Estado.

    Desde el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), sin embargo, advirtieron que Sturzenegger no contaba con las atribuciones necesarias para avanzar con esa medida. «Vialidad fue creada por un decreto ley y tiene carácter de ente autárquico, por lo que no puede ser disuelto por decreto simple”, explicó la secretaria general del gremio, Emiliana Mcnamara, en declaraciones a Canal Abierto.

    De este modo, hasta que la Justicia no resuelva el fondo del asunto —esto es, si el decreto de Milei es o no constitucional—, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá operando como hasta ahora. Mientras tanto, el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial suma un nuevo capítulo en medio del proceso de reformas impulsado por la Casa Rosada.

  • El Gobierno apelará la suspensión del decreto que disuelve Vialidad Nacional

    El Gobierno apelará la suspensión del decreto que disuelve Vialidad Nacional

    El Gobierno nacional confirmó este jueves que apelará la decisión judicial que suspendió el decreto que ordenaba el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, tras una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).

    La medida judicial fue dispuesta por la jueza federal Martina Forns, quien hizo lugar a una cautelar que frena la disolución del organismo por seis meses, al considerar que existe riesgo de «daño inminente e irreparable» para el personal y el funcionamiento del ente.

    El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la apelación a través de redes sociales: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.

    Las razones del fallo

    En su resolución, la magistrada remarcó que la Ley Bases no otorgó facultades al Ejecutivo para cerrar un ente autárquico como Vialidad Nacional, que fue creado por ley hace más de 90 años. También advirtió que el decreto 461/2025 podría provocar:

    • Traslados forzosos

    • Desvinculaciones encubiertas

    • Vaciamiento funcional del organismo

    Además, el artículo 32 del decreto fue cuestionado por condicionar la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, violando convenios colectivos de trabajo y derechos constitucionales. “Toda disposición que altere estas garantías es nula de nulidad absoluta”, sostiene el fallo.

    La posición del Gobierno

    El Ejecutivo había oficializado el cierre de Vialidad Nacional el pasado 8 de julio, junto con la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas a privados. Según Adorni, la medida forma parte de un “proceso de desburocratización” del Estado y generaría un ahorro estimado de USD 100 millones anuales.

    Además, justificó el cierre en antecedentes de corrupción como la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No se construyeron las rutas y la plata se la quedaban igual”, denunció el vocero.

    Las funciones del organismo serían asumidas por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, además de dos unidades del Ministerio de Economía.

    Rechazo sindical y camino judicial

    El amparo fue presentado por SEVINA, que también envió un petitorio a gobernadores y legisladores para frenar el cierre. En paralelo, otro recurso del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina fue remitido al fuero Contencioso Administrativo Federal, luego de que la Justicia laboral se declarara incompetente.

    Mientras continúa la batalla judicial, el Congreso debate iniciativas de gobernadores que buscan reactivar la obra pública federal y mantener con vida el organismo vial.