Rodrigo Buteler ratificó la política de demoler aguantaderos y avanzó con la prohibición de trapitos en las esquinas de Cipolletti. El intendente vinculó la actividad con consumo problemático y delitos, y aseguró que la ciudad “no puede convivir con estas conductas”.
El escenario de conflictividad urbana volvió al centro del debate en Cipolletti luego de que el intendente Rodrigo Buteler confirmara que el Municipio profundizará su línea más dura contra los trapitos y los denominados aguantaderos. La ordenanza que el Concejo Deliberante aprobará esta semana prohibirá la limpieza de vidrios en semáforos y obligará a cualquier trabajador callejero a solicitar un permiso. Según adelantó el jefe comunal, esos permisos no serán otorgados a quienes se desempeñan como trapitos, a los que calificó como “personas que consumen y roban para consumir”. El proyecto llega días después de otro episodio de violencia en el centro y desató fuertes cuestionamientos de distintos sectores de la comunidad.
Buteler atribuyó la proliferación de trapitos a un fenómeno que atraviesa todo el Alto Valle pero especialmente a la influencia económica de Vaca Muerta. Aseguró que la llegada de personas en búsqueda de oportunidades laborales también trajo consigo situaciones de consumo problemático y violencia urbana. En diálogo con LU5, señaló que el problema no se limita a la presencia en semáforos, sino a los comportamientos agresivos cuando no reciben dinero y a que muchos consumen alcohol o drogas en la vía pública. Según planteó, el Municipio ya instruyó a inspectores y Policía para actuar más rápido: secuestrar elementos de limpieza y detener a quienes reincidan.
A la par del proyecto antitrapitos, la Municipalidad reforzó la política de derribo de aguantaderos, viviendas tomadas que —según el intendente— funcionan como núcleos delictivos y puntos de consumo. Buteler afirmó que la medida está demostrando resultados porque cuando se derriba una casa en conflicto “el barrio recupera tranquilidad”. Describió los aguantaderos como espacios en los que “gente del propio barrio termina usurpando viviendas familiares, trae personas de afuera y roban para mantener el consumo”. Señaló que en la mayoría de los casos, las familias o vecinos son quienes piden la demolición debido al deterioro extremo y al temor generalizado.
Un modelo basado en control estricto y sin margen para los trapitos
La nueva ordenanza impondrá un registro obligatorio para toda persona que realice venta ambulante o brinde servicios callejeros. Buteler aclaró que los vendedores históricos de la ciudad podrán seguir trabajando, aunque deberán declarar datos y actividad. En cambio, advirtió que las personas que limpian vidrios no recibirán autorización bajo ningún concepto. La medida se inserta en un escenario de creciente tensión, marcado por peleas violentas entre trapitos y destrozos en el centro cipoleño.
El Municipio sostiene que la regulación busca aclarar responsabilidades y ordenar el espacio público, pero los críticos alertan sobre un enfoque que criminaliza la pobreza y profundiza la exclusión. Para el jefe comunal, el diagnóstico es claro: la mayoría de los trapitos está involucrada en episodios delictivos y genera inseguridad. “Tenemos que sacarlos de las esquinas”, afirmó, insistiendo en que su presencia deriva en situaciones de riesgo tanto para conductores como para peatones.
En su defensa, Buteler remarcó que el Municipio no abandona a quienes están en situación de calle. Aseguró que la ciudad cuenta con dispositivos de alojamiento, comida y asistencia básica. Sin embargo, sostuvo que quienes se desempeñan como trapitos no suelen utilizar esos espacios porque “están volcados a la delincuencia y al consumo”. Afirmó también que la ordenanza no está dirigida contra la vulnerabilidad social sino contra conductas que, según su interpretación, atentan contra la seguridad de la ciudad.
Demoliciones, reclamos y el debate sobre la seguridad en los barrios
El intendente explicó que la demolición de aguantaderos no busca resolver la inseguridad —algo que, admitió, compete también a la Policía y la Justicia—, sino devolver la vida cotidiana a los barrios afectados. Enfatizó que estas viviendas tomadas se convierten en focos de delito y deterioro urbano, donde incluso se desarman estructuras completas para vender materiales. Para la Municipalidad, cada derribo permite un reordenamiento y un descenso inmediato de situaciones de violencia.
No obstante, la política genera controversias. Algunos sectores cuestionan la falta de alternativas habitacionales, mientras que otros critican que se trate de un procedimiento sumario que expone la conflictividad sin abordar sus causas estructurales. En medio del debate, el Municipio insiste en que los vecinos reclaman acciones concretas frente a viviendas convertidas en puntos de inseguridad sistemática.
El paquete de medidas anunciado por Buteler profundiza un rumbo político definido: control estricto del espacio público, registro obligatorio, intervención directa sobre viviendas tomadas y presencia policial ante reincidencias. En un clima social donde la seguridad volvió a ocupar el centro de la agenda, el intendente apuesta a consolidar una postura firme que busca apoyo vecinal, aun a costa de tensiones con sectores más críticos.
