Un abogado, recientemente echado del Estado provincial por su vinculación con la millonaria estafa con dinero de planes sociales, presentó un proyecto en la Legislatura en donde propone que los honorarios adquiridos en causas judiciales, en las que el Estado sea parte, sean destinados a Rentas Generales y no pagados a los abogados oficiales.
La iniciativa de Cury apunta al equipo de abogados de la Fiscalía de Estado provincial y el área legal de los municipios. El polémico abogado fue asesor del diputado, Claudio Domínguez en la Legislatura durante su primer período y fue -al mismo tiempo- el abogado defensor del ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza y condenado en la causa conocida como fraude con dinero de planes sociales.
Cury pretende prohibir la percepción personal de esos honorarios y que esos montos sean dirigidos a Rentas Generales de la provincia. “Establecer un límite de proporcionalidad para los honorarios de los abogados del Estado y contemplar mecanismos de protección para contribuyentes en situación de vulnerabilidad económica”, detalló en los fundamentos del proyecto que tambien incluye a organismos descentralizados, entidades autárquicas y municipios que adhieran dentro de su ámbito de aplicación.
La propuesta alcanza a procesos judiciales vinculados con el cobro de tasas, contribuciones, multas, créditos fiscales y otros reclamos en los que el Estado ejerza su defensa o promueva acciones judiciales. Dispone que “los recursos tendrán como destino prioritario la modernización de las plataformas de cobro extrajudicial y al financiamiento de las áreas de salud, educación y obras públicas”.
También estableció un tope máximo del 33 por ciento del monto en discusión para los honorarios del letrado estatal, incluidos intereses y actualizaciones y se prevé la “eximición total o parcial para personas con ingresos bajos, beneficiarios de programas sociales, jubilaciones mínimas o situaciones de discapacidad”.
Cury explicó que el proyecto surge a partir de situaciones en las que “deudas de escasa cuantía derivan en procesos judiciales cuyos honorarios profesionales multiplican por decenas el valor de la deuda original”. Como ejemplo, mencionó que una deuda de 10 mil pesos en concepto de tasas puede generar honorarios de entre 300 mil y 400 mil pesos.
Advirtió que el esquema vigente genera incentivos económicos para litigar, ya que los abogados estatales perciben honorarios adicionales a su salario. “El Estado se ha convertido, inadvertidamente, en el instrumento de enriquecimiento personal de sus propios funcionarios letrados, a expensas del ciudadano más vulnerable”, argumentó.
En los fundamentos jurídicos, la iniciativa invoca el principio de razonabilidad previsto en la Constitución Nacional, así como el de proporcionalidad que se desprende de la ley nacional 24.432 vinculada a los regímenes de honorarios profesionales y costas judiciales. Por otro lado, menciona la necesidad de resguardar el derecho de propiedad frente a cargas que puedan considerarse excesivas y la inaplicabilidad de los mínimos arancelarios previstos en la ley provincial 1594, al entender que esa norma fue creada para garantizar el carácter alimentario de la retribución de los profesionales independientes que no tienen otra fuente de ingresos.
