Autor: Mejor Energía

Desde Vaca Muerta, Neuquén afianza sus vínculos con los países vecinos y pone el foco en una oportunidad estratégica: exportar más gas hacia Chile a través del Gasoducto del Pacífico, aprovechando infraestructuras que hoy están subutilizadas y condiciones de mercado que podrían alinearse.

En diálogo con Modo Shale, el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos de Neuquén, Fabricio Gullino, repasó los ejes de esta visión de integración que combina logística, geopolítica y desarrollo de infraestructura.

“Desde nuestra mirada, se busca ubicar el producto y maximizar el desarrollo de los recursos. Miramos hacia todos los mercados: el Atlántico, el Pacífico, el norte. Chile, Brasil, todos los vínculos cuentan”, resumió durante la entrevista.

Gullino se refirió al nexo actual con Chile más importante: la exportación de petróleo no convencional. Sostuvo que ese tendido opera a un 77 % de su capacidad, con un flujo que viene en aumento, a través del Oleoducto Trasandino del Sur (OTASA), que vincula Neuquén con Concepción, en la región del Biobío, cuyos funcionarios estuvieron la última semana en la capital provincial, en la 39° edición del Comité de Los Lagos.

El subsecretario afirmó que desde Neuquén también se exportan más de 5.000 camiones al año con GLP que cruzan hacia el país vecino. Pero uno de los principales desafíos en carpeta de la provincia es potenciar el Gasoducto del Pacífico, que hoy apenas opera al 10 o 12 % de su capacidad.

“Ese ducto podría transportar más de 12 millones de metros cúbicos diarios, pero hoy estamos en unos 700.000 m³. El problema es que el gas que producimos viene asociado al petróleo y es muy rico, con muchos condensables. Requiere tratamiento antes de poder cruzar la cordillera”, explicó.

Afirmó, en ese sentido, que la respuesta es la ampliación del complejo industrial El Portón, en Rincón de los Sauces. Con ese desarrollo, se espera poder sumar 3 millones de metros cúbicos diarios en una primera etapa. El ducto que conectará esa planta con dos yacimientos de ese punto de la provincia (Narambuena y Bajo del Toro) “ya tiene un avance del 40 %” y se estima que estará listo en 2026, con operaciones plenas hacia 2027.

Es un contexto interesante, en medio del objetivo más grande que es el GNL: Chile apunta a reducir emisiones de CO2‚ y para eso necesita gas. Gran parte de la zona sur, y las regiones colindantes con Neuquén, usan biomasa, principalmente leña, que representa el 70 % de su matriz energética local. Los efectos son preocupantes: enfermedades pulmonares, costos elevados para la industria y un freno al desarrollo. Neuquén ofrece una alternativa más limpia, sustentable y con precios competitivos.

Al mismo tiempo, se explora la posibilidad de generar electricidad con gas desde Neuquén y exportarla al vecino país. “Se está evaluando generar electricidad del lado argentino, con gas seco que aún no está en desarrollo, y exportarla en formato de energía. Es viable técnica y económicamente, aunque necesita definiciones regulatorias a nivel nacional”, detalló Gullino.

La mirada neuquina sobre el vínculo con Chile también incluye una visión logística más amplia: utilizar los puertos del Pacífico para exportar hidrocarburos e importar insumos industriales, abriendo un flujo comercial de ida y vuelta que fortalezca la cadena productiva de Vaca Muerta.

El subsecretario también se refirió a los objetivos de producción para este año. La meta es la anticipada en el presupuesto provincial del 2025: “La producción va a estar en el orden de los 500.000/512.000 barriles hacia finales de año”.

“Vaca Muerta es capital intensivo. Hoy hay 43 equipos de perforación y cerca de 9 sets de fractura activos. Para mantener la curva de producción, se necesitan inversiones constantes”, sostuvo el subsecretario, en un contexto en el que la producción podría duplicarse hacia 2030, alcanzando el millón de barriles diarios.

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La ola de frío extremo que cubrió todo el territorio argentino y provocó serias dificultades en el abastecimiento de gas en distintos sectores, no difiere de lo que ya se asume como el severo pico estacional de demanda que el sistema registra en estas épocas del año, y que obliga a medidas de restricción como se viene registrando en las últimas dos décadas. En todo eso, nada nuevo.

Pero en esta oportunidad los interrogantes son mayores cuando se advierte que si algo no tenía discusión en la Argentina era el poder de Vaca Muerta de dar por finalizado el proceso exitoso de abastecimiento interno y convertirse en un proveedor de escala global. Pero cuando todos –desde lo público y lo privado– pensaban que estaba todo listo para salir a comerse la cancha, algo falló.

Las temperaturas de dos dígitos bajo cero que llevaron el promedio a los registros más bajos de los últimos 30 años, son la primera explicación al corte de suministro que hubo que imponer a usuarios con contratos interrumpibles de gas como estaciones de servicio de GNC, industrias, usinas de generación eléctrica y hasta (otra vez) las exportaciones a Chile.

Un repaso de lo ocurrido en los últimos días, realizado con distintas fuentes, permite plantear al menos cinco claves para entender qué ocurrió con el sistema gasífero, pero sobre todo pensar qué hay aún por hacer para que en los próximos inviernos la situación no sea más extrema.

El consumo de gas en Argentina, especialmente el domiciliario prioritario para calefacción, se dispara drásticamente durante los meses de invierno. Cuando se presentan olas de frío polar tempranas o de intensidad excepcional, la demanda puede llegar a multiplicarse por cinco respecto de la demanda de verano y supera la capacidad de producción y transporte actual.

Más aún, en estos días de frío extremo se registró un consumo inédito del segmento residencial, al pasar los 100 MMm³/d, obligando a volver a las restricciones y cortes en el suministro a industrias, estaciones de GNC y, también inédito, incluso a hogares.

A pesar de que Argentina posee una de las mayores reservas de gas no convencional en Vaca Muerta, la infraestructura de gasoductos y plantas compresoras no ha crecido al ritmo necesario para transportar eficientemente todo el shale gas producido a los centros de consumo.

Obras clave como la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, las obras complementarias de la reversión del Gasoducto Norte o el trazado de un nuevo ducto paralelo al centro-oeste desde la Cuenca Neuquina, que permitirían transportar más gas desde el sur hacia el centro y norte del país, han sufrido retrasos o paralizaciones, generando cuellos de botella.

Más allá de las grandes obras, pueden surgir problemas técnicos en las plantas de producción, en los puntos de inyección o en las propias transportadoras de gas. Y ejemplos no faltaron estos días, con bloques gasíferos importantes que estuvieron por debajo del nivel requerido para esta etapa del año, ya sea por el impacto del clima como por cuestiones operativas, según explicaron.

Las fallas y problemas técnicos en la cadena de suministro llevan a las bajas de presión en la red, como acaba de registrarse, y pueden generar interrupciones o reducciones en el caudal de gas, impactando la distribución final.

Aunque Argentina es un país gasífero, aún necesita importar gas, principalmente Gas Natural Licuado (GNL) que se inyecta al sistema a través del buque regasificador amarrado a la terminal de Escobar, en el norte bonaerense. Su rol en la actual crisis fue indispensable al aportar unos 20 MMm³/d, pero a pesar de los cuestionamientos por costos y consideraciones políticas, su presencia es clave.

El GNL –basta mirar los casos de Brasil y España– no solo es mucho más económico que el gasoil y el fuel oil con que pueden funcionar las centrales termoeléctricas, sino que es un sistema más flexible y económico que construir infraestructura adicional solo para el pico de días.

El gran ausente de la actual situación es la mirada de largo plazo. Sectores de la industria y analistas critican la falta de una política consistente que anticipe las contingencias futuras y, en particular, una discusión sobre seguridad energética mediante reservas gasíferas estacionales, la ampliación del suministro de base para reducir los picos o la disponibilidad, incluso, de un segundo regasificador en las semanas de mayor riesgo.

Por el contrario, la discontinuidad en la planificación de obras de infraestructura energética contribuye a que el sistema opere al límite y sea vulnerable ante estas coyunturas imprevistas.

Estas cinco claves, a las que se pueden sumar otras según las miradas desde la oferta o la demanda, desde lo público o lo privado, hablan de un problema multicausal y estructural del sistema energético y gasífero del país, a pesar de lo cual todos coinciden en que el potencial productivo está intacto. Es solo cuestión de seguir acomodando variables y trazar escenarios realistas sobre las complejidades en discusión.

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El Gobierno nacional avanzó hoy, a través del Decreto Delegado 446/2025, con cambios significativos en la Ley 26.020 que regula el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyo principal efecto es el segmento de garrafas de consumo hogareño, en procura de “modernizar y desregular” un sector que venía funcionando con la legislación sancionada en 2005.

Los cambios se realizaron bajo el paraguas de las delegaciones de la Ley Bases 27.742 y apuntan a un nuevo paradigma donde se prioriza la actividad privada y la competencia, de acuerdo a lo que destacó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a partir de la norma publicada este jueves en el Boletín Oficial.

A nivel local, el GLP abastece al 45% de la población, especialmente en zonas sin acceso a la red de gas natural. Su formato más común es la garrafa de 10 kilos, aunque también se usa en cilindros de 45 kilos y en tanques a granel para industrias y comercios, principalmente.

Argentina produce más del doble del GLP que consume, y esa sobreoferta por el desarrollo de Vaca Muerta asegura el abastecimiento interno y permite un creciente saldo exportable.

Mientras el consumo interno ronda 1,5 millones de toneladas anuales, se exporta otro tanto, principalmente a países limítrofes como Chile y Brasil, una tendencia que podría intensificarse en los próximos años.

El nuevo modelo en sus principales aspectos busca promover el libre acceso a la actividad, eliminando la necesidad de obtener permisos previos para ser fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP, promueve un esquema de inspecciones de seguridad eficientes, pone fin de los intermediarios en centros de canje, libera la importación y exportación y elimina precios de referencia, largamente cuestionados por la industria.

El objetivo principal, según se desprende de la normativa, es fomentar una mayor competencia y eficiencia en el sector, a la vez que se busca garantizar el suministro a los sectores más vulnerables, mediante modificaciones que se centran en varios aspectos de la cadena de valor del GLP.

En ese sentido, sobre el objeto de la Ley y rol del Estado, se reafirma el objetivo de asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes. Esto subraya la preocupación por mantener un acceso asequible para los hogares más necesitados, a pesar de la desregulación general.

La Secretaría de Energía se consolida como la autoridad de aplicación. Se le otorga la facultad de delegar funciones de fiscalización y control técnico en organismos públicos o privados, e incluso celebrar convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para delegar el ejercicio de sus facultades. Esto podría agilizar los procesos y adaptar los controles a las realidades locales.

Se mantiene la obligación de los actores del mercado de garantizar la seguridad pública en el manejo de equipos, instalaciones y envases. La Autoridad de Aplicación conserva la potestad de realizar inspecciones y ordenar medidas urgentes para resguardar la seguridad, lo que se entiende es un punto crucial, ya que la desregulación no debería comprometer la seguridad de los usuarios.

También se facilita la instalación de nuevas plantas o la ampliación de las existentes, eliminando requisitos previos más allá del cumplimiento de la ley y su reglamentación. Se introduce la figura del «silencio positivo» en los trámites de habilitación de fraccionadores, lo que significa que, si la autoridad no se expide en 10 días hábiles, la solicitud se considera aprobada.

Además, se permite a los fraccionadores envasar GLP de cualquier productor o comercializador, e incluso envasar para múltiples marcas, promoviendo la flexibilidad y la competencia. Además, se refuerza la obligación de fraccionadores, distribuidores y demás integrantes de la cadena de comercialización de recibir envases de su marca o de terceros.

En otro de los puntos de la norma se promueve la participación en mecanismos de canje de envases, ya sea a través de centros específicos o equivalentes, con un registro digital abierto y gratuito, con lo que se busca optimizar la circulación de garrafas y evitar la retención indebida de envases.

Por otro lado, se establece un parque de envases de uso común, conformado por el aporte voluntario de envases por parte de las firmas fraccionadoras. Este parque tiene como objetivos asegurar el acceso a envases para quienes tengan dificultades para recuperarlos, promover un funcionamiento competitivo y transparente, y crear incentivos para el cumplimiento de la normativa de seguridad.

Los distribuidores deben inscribirse en el registro correspondiente, y también se aplica el «silencio positivo» en su proceso de inscripción. Para los comercializadores, se autoriza la venta de GLP a granel y la libre comercialización de GLP importado. Se prohíben las cláusulas de exclusividad o de obligaciones de compra impuestas por fraccionadores a los comercializadores, declarándolas nulas.

Finalmente se autoriza la libre importación de GLP sin necesidad de autorización previa. La exportación de GLP también será libre una vez garantizado el abastecimiento interno, con un plazo de 7 días para que el Poder Ejecutivo objete una solicitud de exportación, aplicándose el «silencio positivo» en caso de no haber objeción expresa y fundada.

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