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La iniciativa, presentada por legisladores de distintos bloques, propone instalar cámaras en espacios comunes con fines disuasivos y de prevención del delito, bajo estrictos resguardos de privacidad y protección de datos.
Diputados y diputadas provinciales presentaron un proyecto de ley para crear un Sistema Provincial de Videovigilancia Preventiva, orientado a reforzar la seguridad en escuelas y hospitales mediante herramientas tecnológicas de monitoreo. La propuesta apunta a prevenir hechos de violencia, vandalismo y delitos, al tiempo que establece límites precisos para resguardar la intimidad y los derechos individuales.
El proyecto —identificado con el número 18281— ingresó el pasado 21 de abril por Mesa de Entradas con las firmas de Gerardo Gutiérrez (MPN), Brenda Buchiniz (Cumplir), Cecilia Papa (Democracia Neuquén) y César Gass (JxC-UCR), y cuenta además con la adhesión de la legisladora Mercedes Tulián.
En los fundamentos, los autores destacan que se trata de “una herramienta concreta y moderna orientada a la prevención del delito, la disuasión de conductas violentas y la mejora en la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo”, subrayando que el eje central es la protección de las personas.
Alcance y aplicación
La iniciativa establece la obligatoriedad de instalar dispositivos de videovigilancia en instituciones públicas, mientras que para el ámbito privado prevé un esquema de adhesión voluntaria acompañado de incentivos. Entre los beneficios contemplados se incluyen exenciones impositivas, asistencia prioritaria ante alertas de seguridad y bonificaciones en servicios de conectividad para la transmisión de datos.
Las cámaras podrán colocarse exclusivamente en espacios comunes como pasillos, patios, salas de espera y áreas de atención al público. En contrapartida, el proyecto prohíbe expresamente su instalación en sectores que comprometan la privacidad, como baños, vestuarios, consultorios médicos y aulas durante el dictado de clases.
Asimismo, se excluye el uso de tecnologías biométricas —entre ellas el reconocimiento facial—, con especial énfasis en la protección de menores de edad.
Control, acceso y resguardo de datos
El sistema propuesto contempla que todos los dispositivos estén integrados a un centro de monitoreo provincial, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El acceso a las imágenes quedará restringido a autoridades competentes y solo podrá ser requerido por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal en el marco de investigaciones.
En materia de protección de datos, el proyecto fija un plazo máximo de conservación de las grabaciones de 30 días, tras el cual deberán ser eliminadas automáticamente, salvo que exista una orden judicial que disponga lo contrario.
Prevención y marco normativo
Los impulsores sostienen que la implementación del sistema permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y contribuir al esclarecimiento de hechos tanto en el ámbito judicial como administrativo. Además, remarcan que la iniciativa se inscribe en una línea de políticas públicas orientadas a reducir la violencia institucional y proteger a trabajadores y usuarios de servicios esenciales.
En ese sentido, el proyecto se vincula con la Ley Provincial N° 3522, que aborda la protección de trabajadores de la educación, ampliando el enfoque hacia una estrategia integral de prevención en espacios sensibles.
Finalmente, los legisladores enfatizan que la propuesta busca alcanzar un equilibrio entre seguridad y derechos individuales, mediante protocolos claros de acceso a la información, límites en el uso de la tecnología y mecanismos específicos para garantizar la confidencialidad de los datos personales.
El tratamiento legislativo comenzará en comisiones, donde se espera que el debate incluya la participación de especialistas en seguridad, educación, salud y protección de datos, en un contexto donde la incorporación de tecnología en espacios públicos continúa generando discusión sobre sus alcances y límites.
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